Trabajos de construcción del Metro de Málaga en la calle Hilera.
El blindaje millonario del Metro de Málaga: los socios privados siempre ganan pase lo que pase
La compensación en favor de la concesionaria en el supuesto de que la Junta de Andalucía resolviese el contrato superaría los 912,5 millones de euros.
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Resulta del todo inimaginable que el lucrativo contrato del Metro de Málaga, que ya ha dejado en el bolsillo de los socios privados y de la Junta de Andalucía la nada despreciable cifra de 245 millones de euros, se rompa.
Sin embargo, el contrato que obliga a la Administración regional y al fondo de inversión francés Vauban (poseedor del 76% de las acciones) hasta el año 2024 mide hasta el último detalle los efectos de una posible ruptura.
Ya sea por causas imputables al Gobierno andaluz, ya sea por la responsabilidad de la entidad concesionaria.
Es tal la profundidad del análisis que los documentos relacionados con las cuentas anuales precisan hasta el último céntimo de euro las compensaciones millonarias que recibiría la entidad responsable del funcionamiento del Metro en cada uno de los hipotéticos escenarios de un proyecto que, una vez completado su trazado hasta el entorno del Hospital Civil, rondará los 1.000 millones de euros.
Negro sobre blanco se precisa el mayúsculo impacto que cualquier ruptura contractual tendría sobre las arcas de la Junta.
La conclusión es evidente: los accionistas del Metro nunca pierden sea cual sea el motivo de cancelación del contrato.
La variación económica es más que significativa en caso de que la anulación del contrato se produjese por causas imputables al Gobierno andaluz, por "causas de fuerza mayor" o por causas imputables al, hasta ahora, único socio privado.
Para profundizar en esta realidad basta con atender al contenido de las cuentas anuales. Ejercicio tras ejercicio estas cantidades van variando y, lejos de ir descendiendo, se incrementan conforme se acerca el final del periodo de concesión.
Los números de finales de 2024, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL de Málaga, confirman que Metro de Málaga recibiría 912.549.806,71 euros (901.853.009,25 euros en 2023) de compensación en el supuesto de que la resolución del vigente contrato se produjese por responsabilidad de la Administración andaluza.
La suma se rebaja a 648.231.786,79 euros (633.209.554,89 euros en 2023) en el supuesto de que la resolución del contrato se fuese por "causa de fuerza mayor".
![Viajeros en el metro de Málaga en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/02\/28\/malaga\/836176591_240319563_320x180.jpg"])
"En este caso la Sociedad, además de la devolución de la garantía, tendría derecho a una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión equivalente al valor de la compensación determinada según los parámetros en el caso de incumplimiento por parte de la Sociedad durante el período de explotación y que se detallan en el apartado anterior, y a lo que se añadirían otros gastos tales como gastos de constitución de la Sociedad, gastos financieros capitalizados, neto de amortizaciones y gastos financieros pendientes de pago, incluyendo los derivados de la resolución anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o similares", se explica en las cuentas anuales.
Al tiempo, se indica que la sociedad tendrá derecho a percibir de la Administración el Valor Actual Neto de los beneficios esperados en los próximos cinco años actualizados a una tasa equivalente a la del TER del capital propuesto en el Plan económico-financiero.
El tercero de los escenarios, el menos lesivo para los intereses de la Junta, se produciría si la anulación fuese por causas del socio privado. Pero, incluso en ese supuesto, los accionistas tendrán derecho a percibir hasta 422.337.716,63 euros (417.225.706,63 euros en 2023).
Pero si todas estas referencias fuesen pocas, hay que añadir la posición clave que asume la Agencia de Obra Pública como salvaguarda económica de la concesionaria para afrontar el pago del préstamo concedido en su día por el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o para cumplir los ratios de financiación exigidos.
En este sentido, el propio contrato de concesión especifica que mientras esté en vigor el crédito del BEI, hasta el año 2030, la Junta "se compromete a realizar a favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta atienda cualesquiera obligaciones de pago asumidas en virtud del contrato de financiación".
