Imagen de los terrenos de Rojas Santa Tecla, donde se proyecta una gran urbanización de casi 2.900 casas.
Golpe judicial al Ayuntamiento de Málaga: anulan la tasa que cobra por el control de los proyectos de urbanización
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera ilegal esta tasa. Avala la reclamación de la Junta de Compensación de Rojas Santa Tecla y rechaza los argumentos municipales.
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El urbanismo de Málaga puede enfrentarse a un antes y un después en materia económica. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado ilegal el cobro por parte del Ayuntamiento de una tasa específica por el control de calidad en los proyectos de urbanización y obras ordinarias. Y, como consecuencia, ha declarado "la nulidad de pleno derecho" de la mencionada tarifa.
De facto, el fallo judicial, fechado el pasado 5 de junio y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, avala la reclamación realizada por la Junta de Compensación del sector Rojas Santa Tecla, uno de los mayores proyectos inmobiliarios que toman forma en la capital de la Costa del Sol.
Muestra de la envergadura de la operación urbanística es que el proyecto de urbanización, incluyendo todos los gastos, supera los 61 millones de euros. Aplicando los baremos de Urbanismo en el cobro de la tasa ahora anulada, la cifra a abonar por los propietarios del sector a las arcas municipales se acercaría al millón de euros.
Frente a la tesis planteada por los privados, desde la Casona del Parque se pedía a la Sala de lo Contencioso Administrativo que dictara sentencia defendiendo que el cobro de la citada tasa "no vulnera" la Ley de las Haciendas Locales.
En este sentido, alegó que el desarrollo de las obras de urbanización "requiere de una actividad administrativa de control para garantizar la correcta ejecución", tarea encomendada a técnicos municipales.
Y que la ejecución de esas obras "afecta o beneficia de modo particular a los recurrentes". En esta misma línea, considera que las obras de urbanización se han configurado en la legislación como "un deber o carga que incumbe a los promotores (propietarios o no) en los procesos de transformación urbanística, de cuyo cumplimiento depende que estos adquieran facultades urbanísticas, entre otras, la de edificar los terrenos una vez urbanizados".
Proceso que hace "evidente el beneficio obtenido por los propietarios del suelo". A ojos del Consistorio, el control de calidad por el que se cobra la tasa ahora anulada "implica una actividad administrativa que afecta y beneficia de un modo particular a los propietarios de los sectores ejecutantes".
En oposición a estos argumentos, para el TSJA, que cita sentencias del Tribunal Supremo, la tasa municipal objeto de controversia es ilegal "al gravar una actuación administrativa de control de calidad de los proyectos de urbanización donde el interés preponderante es claramente el de la colectividad, en favor de la cual habrá de redundar finalmente las obras de urbanización como bienes de titularidad municipal una vez se produzca su recepción por el Ayuntamiento, frente al interés particular del promotor de la actuación respecto del que la ejecución de las obras de urbanización constituye una carga urbanística a soportar y sufragar como paso previo más antes de alcanzar los derechos edificatorios sobre los terrenos".
"Vulnera" dos leyes
Para el juzgador, la tasa municipal de control de calidad "vulnera" la Ley General Tributaria y la Ley Reguladora de Haciendas Locales, "que exigen que en la configuración del hecho imponible que la prestación del servicio o realización de la actividad administrativa, en este caso de competencia municipal, se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario, lo cual aquí no sucede".
Más allá del impacto favorable de esta decisión judicial para los integrantes de la Junta de Compensación de Rojas Santa Tecla, el fallo es aplaudido por el conjunto de promotores.
"Ya habíamos advertido de la ilegalidad de esta tasa; la anulación significa restar presión fiscal al desarrollo de nuevos suelos", destacan fuentes de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP).
Desde su punto de vista, lo ocurrido ahora "se alinea con la necesidad de nuevos impulsos". Asimismo, han advertido que se trata de un movimiento que podría haber hecho el Ayuntamiento antes de verse forzado por los tribunales.
