El Gobierno muestra su "voluntad absoluta" para ampliar el Estadio de Atletismo, pero exige a Málaga un informe

Apenas un día después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dejase sobre el tejado de la Dirección General de Carreteras la posibilidad o no de ampliar el aforo del Estadio de Atletismo hasta los 25.000 asientos, se conoce la reacción del Gobierno de España.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, ha admitido conversaciones "informales" entre el departamento estatal y el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, al que se ha solicitado un informe sobre la intervención que pretende acometer y la repercusión que la misma tendrá sobre el tráfico de la zona.

"Hasta que no recibamos ese informe no sabremos si afecta y en qué medida a las carreteras del Estado, que son la MA-20 y la MA-21", ha insistido Salas. "Ahora mismo ni tenemos el informe ni sabemos qué necesita el Ayuntamiento", ha afirmado.

A ojos del subdelegado, el alcalde "va un poquito más rápido de lo que están los procedimientos actuales". Será cuando el Gobierno reciba el citado informe, cuando podrá estudiarlo y determinar si hay o no necesidad de acciones en materia viaria.

"Evidentemente, el Ministerio de Transporte y el Gobierno van a tener colaboración absoluta en todo, pero actualmente no sabemos nada todavía de forma oficial”, ha apostillado. “La voluntad es absoluta para facilitar lo que haya que hacer", ha añadido.

La posición del Ejecutivo central en este asunto es clave en el futuro del proyecto del Mundial 2030.

La decisión de las administraciones promotoras de ampliar La Rosaleda hasta alcanzar los exigidos 45.000 asientos va a forzar al Málaga a trasladarse durante al menos dos temporadas al Estadio de Atletismo.

La posición de partida pasa por ampliar su capacidad hasta los 12.500 espectadores, muy lejos de los más de 26.000 abonados que tiene la entidad blanquiazul.