El PSOE pide 4 años de cárcel y 8 de inhabilitación para el alcalde de Estepona por presunta malversación

El PSOE ha pedido la apertura de juicio oral para el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, al que acusa de un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con la contratación, supuestamente irregular, de una mujer, a la que también acusa, como funcionaria eventual en el Ayuntamiento, con plaza de asesora. Así, solicita para el regidor una pena de 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para empleo o cargo público.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales remitido por la acusación popular del PSOE a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, que ha llevado el caso y que hace unas semanas acordó continuar la causa y dio traslado a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que formularan sus escritos.

Según el PSOE, García Urbano, en su condición de alcalde del Ayuntamiento y la otra acusada, "con quien mantenía una relación personal de estrecha amistad, actuaron de común acuerdo para que esta última percibiera fondos públicos municipales sin que existiera causa ni contraprestación laboral real", y señala que "la ausencia de actividad laboral efectiva queda acreditada" en la instrucción.

Para esta acusación, el regidor, presuntamente, contrató a la otra acusada "a sabiendas de que no iba a ir a trabajar, permitiendo que cobrara dinero público", apuntando que esta "carecía de experiencia política, profesional o formativa relacionada con las funciones del puesto de asesoría" y "sin constar acreditada formación específica ni en gestión municipal ni redes sociales", función esta última que el alcalde manifestó que desempeñaba.

El juzgado precisó que hay indicios de que se le contrató mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, cesando el 31 de marzo de 2023, y de que por esto la mujer "percibió dos nóminas a cargo del patrimonio público, por importes de 1.634,64 euros netos la correspondiente al mes de febrero, y 3.642,28 euros netos la de marzo".

Pero para la acusación de los socialistas, "el perjuicio económico total causado a los fondos públicos municipales como resultado de dicho nombramiento carente de causa laboral efectiva ascendió a 7.862,89 euros". Así, esta parte acusa al regidor como presunto autor del delito de malversación y a ella como supuesta cooperadora necesaria, para la que solicita dos años de prisión y seis de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Por su parte, la defensa del regidor no ha tenido acceso aún al escrito de petición del PSOE, si bien han recordado que pidió el archivo de estas diligencias "porque se trata de una acusación falsa".

Reacción municipal

Fuentes municipales han señalado que se da la circunstancia de que la justicia "ha dado la razón al alcalde con el archivo definitivo por parte de la Audiencia Provincial de la denuncia que esa misma persona realizó por un supuesto caso de acoso", de forma que, han apuntado, se confirmó "la falsedad de su relato y que, por tanto, el alcalde ha sido víctima de una denuncia falsa por parte de esa persona".

"Esa persona, que ha quedado demostrado por la justicia que mintió cuando acusó al alcalde de acoso, es la misma que también mintió sobre su contratación", han apuntado, por lo que han señalado que desde la defensa del alcalde insisten "en la falsedad de las declaraciones de dicha persona, que también está investigada en este procedimiento".

Han defendido que "no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde".

"Se trata, como ya ha quedado demostrado, de una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo, como así ha ratificado la justicia, de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad", han reiterado.