Una mascota.

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Economía

Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: multa de hasta 50.000 euros si tu perro o gato no lleva microchip

Quien convive con un animal de compañía debe poder ser identificado, y responder por él, en todo momento.

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Las claves

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La Ley de Bienestar Animal obliga a identificar con microchip a perros, gatos y hurones, bajo riesgo de multa.

Las sanciones por no poner microchip pueden ir de 10.001 a 50.000 euros, considerándose una infracción grave.

El microchip vincula al animal con su responsable y facilita su recuperación en caso de pérdida o abandono.

La implantación del microchip es un trámite sencillo y económico que realiza el veterinario una sola vez en la vida del animal.

Un microchip del tamaño de un grano de arroz puede marcar la diferencia entre una multa de 50.000 euros y ninguna. La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre de 2023, ha dejado de tratar la falta de identificación como un simple descuido burocrático para convertirla en una infracción grave, con todo lo que eso implica en el bolsillo del propietario.

La norma es taxativa: perros, gatos y hurones deben llevar microchip y estar registrados en el sistema autonómico correspondiente. No es una recomendación ni un consejo de buenas prácticas. Es una obligación legal, y su incumplimiento abre la puerta a sanciones que arrancan en los 10.000 euros y pueden escalar hasta los 50.000.

El dispositivo funciona como una matrícula. Vincula al animal con una persona concreta y permite que la Administración sepa, en cualquier momento y ante cualquier incidencia, a quién pedir cuentas.

Sin esa identificación, el animal existe pero su responsable, a efectos prácticos, no. Si se pierde, las posibilidades de recuperarlo se reducen drásticamente. Si aparece abandonado, demostrar quién debía cuidarlo se convierte en una tarea casi imposible.

El régimen sancionador de la Ley 7/2023 se articula en tres niveles. Las infracciones leves, para los incumplimientos formales que no causan daño directo al animal, se castigan con multas de entre 500 y 10.000 euros.

Las graves, entre las que figura expresamente la falta de identificación, junto a dejar al animal confinado en terrazas o trasteros, usarlo como reclamo publicitario sin autorización o no notificar su desaparición, conllevan sanciones de 10.001 a 50.000 euros.

Y en lo más alto de la escala, reservada para los casos en que se causa la muerte del animal u otros perjuicios extremos, las muy graves pueden alcanzar los 200.000 euros.

Frente a ese riesgo, el remedio es sencillo y barato. Un veterinario implanta el chip en cuestión de minutos, el animal queda dado de alta en el registro autonómico y el trámite no vuelve a repetirse en toda su vida.

Este coste tiene un valor añadido: si el perro o el gato se pierde, es robado o sufre un accidente lejos de casa, ese pequeño dispositivo es, con frecuencia, el único camino de vuelta.