Piden que se dicte una orden europea de detención contra el jeque Al-Thani en el caso del Málaga

El letrado José Carlos Aguilera, personado por la sociedad Management Empresarial Málaga S.L. (del Grupo Bluebay) en la causa contra el jeque Al-Thani, tres de sus hijos y exdirectivos del Málaga CF, ha presentado escrito de acusación y ha solicitado que se acuerde una orden europea de detención (OED) respecto de los Al-Thani.

A ojos del jurista, a lo largo del procedimiento han desarrollado "una estrategia de defensa basada en no tener defensa", intentando "ignorar" su posición de querellados/investigados en el caso.

En el escrito, Aguilera recuerda que los hechos por los que acusa son coincidentes con los relatados por la Fiscalía. A su juicio, los mismos pueden ser constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y de un delito de imposición de acuerdos abusivos.

El letrado también pide que se dirija el procedimiento contra la sociedad Nas Football en calidad de responsable civil subsidiaria.

En cuanto a la orden europea de detención, se explica que sería efectiva transcurrido un mes desde su adopción y notificación a las representaciones procesales de las partes y quedaría sin efecto si en ese plazo (un mes) los acusados comparecen voluntariamente ante el juzgado para ser notificados personalmente de las resoluciones dictadas en el tiempo que no han tenido representación y para que designen defensa de su libre elección. Si no lo hicieran, que les sea nombrado de oficio.

La OED se solicita en función de una serie de motivos, considerando que los miembros de la familia Al-Thani investigados "han desarrollado una estrategia de defensa basada en no tener defensa, que es también expresión de su deliberada y contumaz voluntad de sustraerse a la acción de la justicia, intentando ignorar la querella y su posición de querellados-investigados en la misma".

Según José Carlos Aguilera, en esta causa se han dado unas serie de "vicisitudes" que para esta parte "corroboran nuestra tesis: cambios de representación y defensa, no designación de representación procesal y defensa, incomparecencia en sede judicial para prestar declaración como investigados, imposibilidad material de practicar actos de comunicación (notificaciones), etcétera".

En este punto, recuerda que ya en una resolución de septiembre de 2022 relacionada con las declaraciones de los investigados, el juzgado "dejaba constancia de la falta de colaboración de las autoridades judiciales cataríes en orden a cumplimentar las comisiones rogatorias que se habían cursado, incluso tras la intermediación del organismo europeo Eurojust".

Según el abogado, "sin duda, están en su derecho de pretender sustraerse a la acción de la justicia, pero también deben soportar las consecuencias de sus actos cuando este juzgado instructor tome las medidas que proponemos y que se deben adoptar para garantizar dos derechos fundamentales; el derecho de defensa de los querellados investigados y el derecho a un proceso justo con todas las garantías".

Finalmente, ha indicado que la OED se dictará para su detención por el estado miembro en el que sean hallados, su extradición a España y puesta a disposición de este juzgado y ha recordado que "las órdenes de detención no solo garantizan el cumplimiento de las leyes, sino que también protegen los derechos fundamentales, asegurando un equilibrio entre la justicia y la legalidad en los procesos de extradición".