Al principio, parecía misión imposible. Hoy se ve con otros ojos. La cueva hallada en la cantera de la fábrica de cemento de La Araña (Málaga) parecía que quedaba fuera de toda protección por ley salvo que se encontrasen in extremis restos arqueológicos. No obstante, el movimiento para la preservación de la gruta actualmente estudia varias alternativas legales para conservarla incluso aunque no tenga esos vestigios humanos.

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El requisito de los restos arqueológicos para su protección se establece en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En su artículo 47.1, define como Patrimonio Arqueológico "los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes". Sin pruebas del nexo con el hombre, como pinturas rupestres, vasijas u otros utensilios, la cueva parecía insalvable.

En esa línea profundizó la fábrica de cemento, que aseguró en un comunicado remitido a este periódico la pasada semana que estaba realizando "un estudio arqueológico para evaluar el interés cultural que pudiera tener" la nueva apertura. El valor geológico, se entiende, quedaba directamente fuera del estudio.

No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga han explicado a este periódico que la inspección del gobierno autonómico también tendrá en cuenta los valores medioambientales que se puedan encontrar en la gruta.

A este matiz se suman las declaraciones de la concejal del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, que ha expresado que "una cueva de valor geológico en La Araña redondearía el patrimonio de la zona". Así, el consistorio abre la puerta a la protección del hallazgo siempre que se pruebe su riqueza natural, incluso aunque no tenga restos humanos.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la conservación de la cueva podría basarse no en la legislación autonómica, sino en la nacional e internacional: concretamente, en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en la Ratificación de 2008 del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. 

En ambos, el concepto de patrimonio natural a proteger es más amplio que el establecido en la ley autonómica y podría llegar a cubrir el caso de la cueva en La Araña. El informe de la Junta de Andalucía, cuya segunda inspección prevén realizar antes de septiembre, marcará el camino futuro de la caverna y si este obliga a la Justicia a pronunciarse.

Otras acciones legales

Además de esta discusión legal principal sobre la protección de la cueva, este asunto está abriendo otros frentes relacionados con la Justicia. Primero, la fábrica de cemento se centró en las imágenes tomadas en la cueva, dentro de su propiedad privada, y difundidas en redes sociales: puso "la información disponible en manos de la Administración por si considera oportuno abrir una investigación para esclarecer si se ha producido algún tipo de delito".

Por su parte, desde el Club de Montaña Rincón de la Victoria, que está encabezando el proceso de recogida de firmas para la preservación de la gruta, denuncian que han recibido llamadas con amenazas, que pondrán en conocimiento de la Guardia Civil. Mientras, la Asociación de Vecinos de El Palo ha enviado un escrito a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía solicitando que el estudio arqueológico de la gruta sea "independiente y riguroso".