​Benalmádena quiere hacer caja con suelo para VPO: vende terrenos para 230 viviendas protegidas por 4,5 millones

Otro municipio de la Costa del Sol que pone en el mercado suelo para que un promotor privado construya viviendas de protección oficial.

Como ya han hecho en los últimos meses Torremolinos, Estepona o Málaga, ahora es el Ayuntamiento de Benalmádena el que pone en marcha la venta de una parcela de 29.379 metros cuadrados sobre la que se permite levantar 192 viviendas a precio asequible. Un volumen edificatorio que puede ser ampliado a 230 unidades.

De acuerdo con el pliego de condiciones que rige este procedimiento, las empresas interesadas en hacerse con la finca tienen hasta última hora del 20 de marzo próximo para presentar sus ofertas. El precio inicial roza los 4,5 millones de euros.

El terreno afectado corresponde a la parcela R‑11 del sector SP‑8 Santángelo Oeste. Con este paso, el Consistorio busca reactivar la promoción de VPO y facilitar el acceso a vivienda asequible ante la elevada demanda y la escasez de oferta.

​Las futuras edificaciones tendrán una altura máxima de planta baja más tres plantas, con posibilidad de materializar hasta un séptimo del techo en una cuarta planta.

Se ubica en Santángelo Oeste, limita al norte y oeste con la calle Everest, al sur con la autopista del Mediterráneo (AP‑7) y al este con una zona verde pública, en una urbanización recepcionada en 2007.

​Hasta 230 viviendas protegidas

La finalidad de la enajenación es que la totalidad de la edificación resultante se destine a viviendas protegidas, ya sea en régimen especial, general o de precio limitado, cumpliendo las condiciones de diseño, calidad, financiación y limitación de precios que fija la normativa andaluza.

Al estar Benalmádena en el Grupo Territorial 1 del Plan Vive en Andalucía, el precio máximo de venta de las viviendas se sitúa en 2.012,31 euros el metro cuadrado útil en régimen especial, 2.280,62 euros el metro en régimen general, y 2.683,08 euros el metro en régimen de precio limitado.

​Según se precisa, el régimen legal de protección será de 15 años para todas las viviendas, independientemente de su categoría, y ese plazo deberá constar en la calificación definitiva y en el Registro de la Propiedad.

A esto se suma que al menos un 4% del total de viviendas deberá reservarse para personas con movilidad reducida permanente, pudiendo estas unidades disponer de hasta un 20% adicional de superficie útil.

Cada vivienda contará con una plaza de aparcamiento vinculada e inseparable, cuya superficie útil computable se fija en 18,30 metros cuadrados a efectos de precio máximo.

​Sobre los parámetros fijados por el Estudio de Detalle de 2008 y el Plan Parcial del sector, el Ayuntamiento ha decidido aplicar las medidas extraordinarias del Decreto‑ley andaluz 1/2025 para suelo de vivienda protegida.

Esto permite incrementar en un 20% la densidad y en un 10% la edificabilidad de parcelas sin edificar destinadas a VPO, siempre que la parcela se destine íntegramente a vivienda protegida y se cumplan el resto de condiciones del decreto‑ley.

​En el caso concreto de la R‑11, la parcela puede alcanzar un techo máximo de 20.990,3 metros cuadrados, pudiendo acoger hasta 230 viviendas protegidas.

Para ajustar volúmenes y materializar este incremento, el promotor deberá tramitar, si lo precisa, un nuevo Estudio de Detalle que redistribuya la edificabilidad sin cambiar el uso ni aumentar el aprovechamiento urbanístico global ni perjudicar dotaciones o suelos colindantes.

Plazos estrictos

El adjudicatario asumirá una batería de plazos máximos para desarrollar la operación, cuyo incumplimiento será causa de resolución contractual.

Tendrá dos meses desde la elevación a escritura pública de la compraventa para presentar, en su caso, un Estudio de Detalle sobre toda la parcela si pretende ajustar volúmenes para aprovechar el incremento de densidad y edificabilidad.

​Una vez aprobado definitivamente ese Estudio de Detalle y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, dispondrá de tres meses para presentar el proyecto básico del edificio, solicitar la calificación provisional de las viviendas y pedir la licencia municipal de obras.

Tras la concesión de la licencia, contará con cuatro meses para presentar el proyecto de ejecución y comunicar el inicio de las obras, que deberán completarse en un plazo máximo de 18 meses desde la concesión de dicha licencia.

Finalmente, deberá solicitar la calificación definitiva de VPO y la licencia de primera ocupación en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de obra recogida en el certificado final.

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