Imagen de archivo de las consecuencias del terremoto de Granada de agosto.
Málaga actualiza su mapa de riesgo sísmico: los 103 municipios están incluidos y 34 tienen mayor peligrosidad
Todas las localidades de la provincia tendrán que preparar un plan de actuación ante terremotos.
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De punta a punta y sin excepciones. Los 103 municipios de la provincia de Málaga figuran en la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 10 de octubre mediante la Orden INT/1069/2026.
Todos aparecen en el anexo III-A del texto, donde se agrupan los municipios situados en áreas donde, según los estudios de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), son previsibles terremotos de intensidad igual o superior a VII para un periodo de retorno de 475 años.
La provincia tiene además 34 municipios en el anexo III-B, el de mayor peligrosidad. Recoge las áreas donde la intensidad previsible es igual o superior a VIII.
Son Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Antequera, Árchez, Archidona, Arenas, Benamargosa, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Casabermeja, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, El Borge, Frigiliana, Málaga, Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Viñuela.
Los otros 69 municipios malagueños se quedan en el grado VII. Entre ellos están todos los de la Costa del Sol occidental, como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona o Manilva, y también Ronda y la Serranía.
Tampoco pasan al grado VIII algunos municipios vecinos de la capital o de la Axarquía, como Rincón de la Victoria, Totalán, Moclinejo, Macharaviaya, Iznate y Benamocarra.
![Epicentro del terremoto registrado en Granada.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11335537.jpg?p=w:320\/h:240&h=3XdTO4TD"])
La norma también incluye a Málaga entre las ocho provincias andaluzas, es decir, todas, donde se prevén intensidades de grado VI o superior. Por eso la comunidad autónoma está obligada a contar con un plan especial ante terremotos.
La directriz recuerda que no existe ningún método capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud se producirá un sismo. Lo que mide es la peligrosidad: la probabilidad de superar un determinado nivel de movimiento del suelo en un lugar y en un periodo de tiempo.
El periodo de retorno de 475 años equivale a una probabilidad del 10% de superar ese nivel en 50 años. Los números romanos se refieren a la intensidad, que describe cómo se percibe un terremoto y qué efectos causa en personas, edificios y terreno, según la escala europea EMS-98, de I a XII. No hay que confundirla con la magnitud, que mide la energía liberada.
Plan de actuación local ante terremotos
Todos los municipios incluidos en el listado deben elaborar e implantar su propio plan de actuación local ante terremotos, así que los 103 municipios de Málaga deberán tenerlo. Cada plan lo aprueba el ayuntamiento, según el procedimiento que fije la normativa autonómica, y debe integrarse en el plan de la Junta.
Como mínimo, tiene que recoger la estructura organizativa y los procedimientos de intervención; la coordinación con los municipios del entorno; la zonificación del término municipal según el mapa de riesgos; la información y formación a la población sobre medidas de autoprotección; y un catálogo de medios y recursos.
![El mapa del seísmo detectado en Granada.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11380759.jpg?p=w:320\/h:240&h=4b2834jK"])
También debe detallar los planes de evacuación por zonas, con cartografía oficial. Los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán usar planes simplificados y recibir asistencia técnica de la Diputación.
En los de gran población, la Junta deberá fomentar estudios de microzonación sísmica, que analizan cómo responde el suelo a escala local.
Todos los planes de protección civil tienen cuatro años desde la entrada en vigor de la norma, el 11 de octubre de 2026, para adaptarse a ella. Una vez aprobados, deberán ser públicos y se revisarán al menos cada cinco años.
