La vivienda asequible en Málaga, en vías de extinción: por cada VPO los privados construyen 57 libres

Frente a las buenas intenciones expresadas tanto por el sector privado como por las Administraciones públicas, la realidad estadística pone en evidencia la ausencia de un compromiso claro por la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

Y, por ende, por inmuebles algo más asequibles para el bolsillo de la mayoría de malagueños, incapaces de hacer frente a los precios actuales del mercado libre.

Los datos publicados semanas atrás por el Colegio de Arquitectos, en su habitual balance de cierre de ejercicio, confirman este duro escenario.

Sólo tomando como referencia el año 2025, los promotores privados fueron capaces de terminar 6.694 viviendas libres, frente a 142 pisos protegidos. Esto implica que el año pasado, por cada VPO se ejecutaron 47 casas del mercado libre.

Siendo impactante, se trata de una proporción positiva en comparación con el acumulado en los últimos cinco años, periodo en el que la escasez de oferta ha disparado los precios hasta niveles históricos.

De acuerdo con las estadísticas anuales de los arquitectos, desde 2021 se han construido en la provincia de Málaga casi 30.200 viviendas. Pero, ¿sobre cuántas de ellas pesaba algún tipo de protección? La respuesta es concluyente: apenas el 1,7%.

En términos precisos: mientras en este lustro se han levantado 29.679 viviendas libres en toda la geografía malagueña, solo han sido ejecutadas 519 protegidas. Esto implica que por cada VPO se han construido 57 en este periodo. Hay anualidades, como 2023 y 2024 en las que solo hay registrados 15 y 26 unidades, respectivamente.

Estos valores colisionan con los diagnósticos que desde hace tiempo insisten en la necesidad de allanar el camino a la construcción de VPO ante la urgencia de atender a un cada vez mayor segmento de población.

En el intento de elevar el atractivo de este tipo de promociones ante los promotores privados, las Administraciones activaron hace ahora casi dos años una subida en el precio de los módulos de las VPO.

Esa medida abrió la puerta a vender un piso protegido por hasta 226.565 euros (es el caso de las de precio limitado), al tiempo que se amplía la capacidad económica de los potenciales adjudicatarios, que pueden llegar a cobrar alrededor de 45.000 euros brutos anuales.

Escasos visados

Pese a ello, el déficit sigue siendo mayúsculo. Y la urgencia habitacional, elevada. Otra demostración de la brecha es que en 2025 apenas se visaron seis proyectos privados para la construcción de 335 VPO, frente a las 9.142 libres. O lo que es lo mismo, por cada VPO se activan 27 libres.

En este contexto, la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, viene subrayando ejercicio tras ejercicio lo "preocupante" de la situación actual, agravada por “la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la provincia”.

En este sentido, reclamó un Pacto de Estado por la Vivienda "que nazca del consenso entre los principales partidos políticos, esté coordinado con las comunidades autónomas y cuente con una dotación presupuestaria suficiente para hacer efectivo un derecho universal recogido en la Constitución".

Al tiempo, reclamó un mayor esfuerzo a los promotores privados. Si bien admitió que la Administración pública tiene la “obligación” de promover VPO, recordó que sus esfuerzos serán insuficientes "si no cuentan también con el apoyo y la implicación activa de los promotores privados".

Respecto a la oferta de vivienda, ha subrayado que es "insuficiente" y exige a las Administraciones que se pongan las pilas para "reducir los plazos de tramitación de las licencias de obra y otras autorizaciones administrativas para acelerar la construcción de viviendas y evitar los sobrecostes derivados del incumplimiento de los plazos que marca la Ley".

Todo ello, recordaba, está generando "serias dificultades de acceso para una parte considerable de la población". "La construcción de viviendas asequibles es insuficiente, lo que está ampliando la brecha social y dejando a muchas familias en situación de vulnerabilidad", sentenció.