Lugar de recuerdo de la joven en su colegio. Sevilla
Acoso escolar en Andalucía: Málaga concentra la mayoría de casos investigados por la Fiscalía
De los 75 casos analizados por el ministerio fiscal en 2024, 62 se localizaron en la provincia de Málaga. No consta ningún expediente en Sevilla.
Más información: El infierno de Sandra, la niña de 14 años que se ha suicidado en Sevilla tras sufrir 'bullying': el colegio no activó el protocolo
El reciente suicidio de Sandra, una niña de 14 años que se quitó la vida en Sevilla tras, al parecer, ser víctima de acoso escolar, pone de nuevo el foco sobre un mal que nunca duerme.
El bautizado como bullying forma parte del día a día de cientos de institutos en Andalucía. Y, por lo que dicen las estadísticas, de la provincia de Málaga.
Muestra de ello es el dato recogido en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, que el año pasado incoó un total de 75 expedientes de reforma (procedimiento penal que se inicia cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito) por acoso escolar.
Lo llamativo del caso, es que de estos 75 expedientes, Málaga concentra 62. Le siguen a mucha distancia Cádiz, con seis; Jaén, con cuatro, y Huelva, con tres. De acuerdo con esta base oficial, no consta ningún caso en la provincia de Sevilla.
En la memoria consultada por Europa Press se señala que "todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial".
En el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía en 2023, la institución judicial llamaba la atención sobre "la preocupación por este tema".
Sobre el caso de Sandra, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional informó esta semana de que el colegio Irlandesas Loreto no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo.
Además, apostilló que iba a derivar a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo con los consiguientes requerimientos para depurar las posibles responsabilidades.
Medidas de la Junta de Andalucía
En relación con las medidas que despliega la Junta ante este tipo de conductas, la Administración defendía también estos días la "eficacia de los protocolos".
De hecho, la Consejería registró 2.700 activaciones del protocolo de acoso escolar en el sistema público Séneca en el curso 2022/2023, de las cuales medio millar finalmente se confirmó como acoso.
El citado protocolo recoge que "cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación.
En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo".
Tras esta comunicación, "se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda".
La realización de esta reunión deberá registrarse "por escrito", especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. "En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación", apostilla el documento.
En caso de estimarse "necesario", se adoptarán las "medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones", establece el protocolo. Medidas que "garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda; y medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador".
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado ya la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla.
La Defensoría ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. "Los protocolos tienen que funcionar", ha remarcado.
