Andalucía 'tira' de detectives privados para vigilar a los trabajadores de las ITV ante el aumento de las bajas laborales

La falta de confianza de algunas Administraciones públicas en sus trabajadores está a la orden del día. Si hace apenas una semana saltaba la polémica porque el Ayuntamiento de Fuengirola había activado la contratación de una empresa de detectives para controlar a su personal y el absentismo laboral, ahora sabemos que es justo este mismo camino el que sigue la Junta de Andalucía con el personal de las estaciones de ITV.

Según ha podido constatar EL ESPAÑOL de Málaga, la empresa pública VEIASA, dedicada a la inspección técnica de vehículos, ha lanzado un contrato de 242.000 euros (IVA incluido) para contratar los servicios de investigación privada para verificar posibles fraudes en bajas laborales de su personal.

El contrato, con una duración prevista de 48 meses, se divide en dos lotes. El primero de ellos corresponde a Andalucía Occidental, incluyendo a las provincias de Córdoba y Sevilla; el segundo, a Andalucía Oriental, con Málaga, Jaén, Granada y Almería.

Según recoge la memoria justificativa de este procedimiento, se hace necesario "disponer de empresas especializadas en seguimiento de personas y análisis de documentación que recopilen cuanta información sea necesaria para determinar si existe fraude en la causa de la ausencia del trabajador afectado".

A esta primera labor se sumará la de verificar si el operario en cuestión realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena u otro tipo de actividades contrarias a la dolencia incompatibles con la situación de incapacidad temporal/permanente en la que se pudiera encontrar.

Asimismo, la entidad pública quiere comprobar si la justificación proporcionada es fraudulenta o no y, en su caso, determinar si la situación "posiblemente delictiva" que pudiera advertirse en el ámbito interno de VEIASA requiere de la realización de actuaciones posteriores ante los organismos y autoridades pertinentes.

Es por ello que la empresa adjudicataria deberá, entre otras acciones, observar la vida de los trabajadores y de su actividad en el puesto de trabajo; recopilar información documental y videográfica; elaborar informes previos y finales, así como asistir a sede judicial, administrativa o ante VEIASA para ratificar los resultados obtenidos.

Se precisa que toda la información obtenida tendrá carácter reservado y solo podrá ponerse a disposición de VEIASA o, en su caso, de las autoridades competentes.

Atendiendo al pliego, se da a entender que este tipo de servicios ya se venían prestando en los últimos años. Así, se recoge información relacionada con una facturación previa de 51.391 euros.

Los responsables de VEIASA vienen a defender la necesidad de incrementar el presupuesto de esta tarea ante "el aumento de bajas laborales no justificadas y la sospecha de posibles fraudes".

Todas aquellas empresas que estén interesadas en optar a este concurso tienen hasta el 5 de septiembre próximo para presentar sus ofertas.