Los vecinos de la Vega de Mestanza, tras la paralización de las obras de la depuradora: “No es el lugar adecuado"

“Un antes y un después”. Eso esperan los vecinos de la Vega de Mestanza que sea la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la construcción de la EDAR Norte en los terrenos de la Vega de Mestanza.

La Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas aplauden la sentencia porque para ellos "la Vega de Mestanza no es el lugar adecuado para esta infraestructura y ha quedado jurídicamente demostrado".

Por ello piden a la Junta de Andalucía que "acate la sentencia, respete la legalidad y busque una ubicación alternativa que no comprometa el entorno ni el interés público".

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La sentencia, que se hizo pública el pasado 26 de junio, considera que este proyecto “vulneró múltiples preceptos legales en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y evaluación de alternativas”.

Entre las principales deficiencias que ha señalado el tribunal se encuentran la ausencia de una evaluación ambiental adecuada, contraviniendo la Ley 21/2013. También, según los vecinos, el TSJA sostiene que la ubicación fue elegida únicamente por motivos económicos, "lo cual no está permitido por la normativa vigente, que exige priorizar criterios medioambientales, independientemente del coste".

Por otro lado, también señalan que falta un estudio real de alternativas viables; y que se ignora el riesgo de inundación de la zona, ya que no se ha analizado sus consecuencias conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

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“Esta sentencia no solo anula el anteproyecto original, sino que vicia de origen todas las actuaciones posteriores relacionadas con él, lo que obliga a la Administración a iniciar un nuevo procedimiento desde cero”, explican desde la Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas.

Además, inciden en que “la resolución judicial destaca las graves carencias técnicas y ambientales del emplazamiento elegido, lo que dificulta que pueda volver a plantearse como opción válida en el futuro”.

Junta de Andalucía

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, este pasado jueves, volvieron a asegurar que acatan la decisión judicial, pero que la paralización del proyecto tendrá consecuencias medioambientales y de salud pública.

“Acataremos las decisiones judiciales, estudiaremos la sentencia, pero también tenemos que hacer constar nuestra preocupación por los temas medioambientales y de salud pública", según la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España.

Cabe recordar que la localización fue acordada en el año 2003, motivando incluso la firma de un acuerdo entre los ayuntamientos implicados y desde el año 2006 nunca se ha modificado la ubicación de la planta depuradora.

Multas por la paralización de las obras

La paralización de las obras de esta depuradora supone que la Junta de Andalucía deberá seguir pagando la multa de 1,2 millones de euros hasta tener una depuradora, ya que así lo ha establecido la normativa de la Unión Europea.

Teniendo en cuenta que ya en 2020 la cuantía de las multas ascendía hasta los 3 millones de euros y considerando que iría a millón por año, desde 2018 hasta 2025 las multas podrían llegar a los 9 millones de euros.