El pasado junio, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, defendió en el parlamento autonómico el borrador del decreto de viviendas de uso turístico. Un proyecto político que viene a modificar el vigente actualmente, fechado en 2016. La iniciativa resulta especialmente trascendente en Málaga; según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia aglutina un total de 35.360, lo que supone un 11,5% del total nacional. 

Ante este panorama, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ya abrió la puerta en marzo de este año a regularlas en el caso del Centro histórico, uno de los puntos "más saturados" de la ciudad. De hecho, el regidor municipal llegó a afirmar que si el decreto da pie a ello (a regularlo), "habrá que hacerlo".

Varios meses después, el equipo de Gobierno sigue pendiente de las novedades que se tomen desde san Telmo. El concejal responsable del área, Jacobo Florido, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, asegura que el alcance de la regulación debe superar el ámbito autonómico, implicando a las administraciones del Estado, tal y como defiende el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.

“Todo depende de la regulación; actualmente no tenemos un marco legal que nos salve”, subraya Florido, quien explica que en estos años se ha producido “algo insólito”, y es que ha habido acuerdo tras la negociación entre hotelería y viviendas turísticas. “Lo único que puedo hacer es alabar a la Junta de Andalucía su voluntad de consenso”, insiste el edil popular. 

El decreto, actualmente en fase informativa y con posibilidad de enmienda, ha de recorrer los trámites parlamentarios correspondientes, por lo que las previsiones más optimistas cifran en noviembre de este año su materialización, según apunta el concejal.

Algo que supone una ralentización con respecto a los plazos planteados en un primer momento, que hablaban de “antes de verano”. La idea es que para comienzos de año, el consistorio pueda actuar “en consecuencia”. 

¿En qué se traducen las acciones que se puedan tomar desde el ámbito municipal? Florido destaca la colocación de sonómetros, algo en lo que el Ayuntamiento fue pionero “sin que ninguna administración dijera nada”.

En total, son más de 2.000, aunque la repercusión de estos medidores es relativa: “Cuando se sobrepasa el nivel de ruido, el propietario que ya es conocedor del problema tiene la obligación de ver qué pasa y, si no se soluciona, llamar a la policía”, apunta. También está en estudio el establecimiento de moratorias. 

“Lo que no pueden hacer los ayuntamientos es plantear ordenanzas para que después un privado, en su legítimo derecho, se vaya a un juzgado y nos lo paralice. No estamos respaldados, por lo que no podemos entrar en competencias que serían de otras administraciones”, expone Florido. 

Asimismo, recuerda que cuando José Luis Ruiz Espejo era delegado del gobierno andaluz, planteó la necesidad de exponer “esta cuestión al ámbito nacional”: “Nosotros (el PP en la Junta) hemos llegado a un acuerdo con los hoteleros y viviendas turísticas para que se haga un reglamento donde se dice la tipología como tiene que estar regulada”, añade.