Corría el año 2011 cuando el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ponía sobre la mesa uno de esos megaproyectos que nunca acaban de materializarse: el anillo ferroviario de Antequera. La iniciativa, según los detalles que a bombo y platillo se ofrecieron, iba a suponer una inversión de unos 400 millones de euros, la mayor parte procedente de fondos europeos.

La infraestructura, que incorporaba un circuito de 58 kilómetros en el que los trenes iban a realizar pruebas a hasta 580 kilómetros por hora, incluía como complemento la construcción de una nave que iba a funcionar como taller. Pero mientras el circuito nunca se ejecutó, la edificación sí lo hizo. 

Empezó a levantarse en 2011 y quedó completada dos años más tarde. En el desarrollo, 10 millones de euros de las arcas públicas, a los que sumar un coste anual de unos 150.000 euros de mantenimiento y seguridad.

La idea del anillo quedó abandonada. Pero con el paso de los años surgió una nueva oportunidad. La multinacional Virgin puso sus ojos en los terrenos de la Vega antequerana para asentar el que iba a ser el centro de desarrollo de su Hyperloop. La operación incluso fue objeto de un acuerdo de colaboración con el Gobierno central, en ese momento en manos del Partido Popular, a mediados de 2018.

La cápsula XP-2 de Virgin Hyperloop, empleada en las pruebas con pasajeros en Las Vegas en 2020.

Y como ocurriera con el anillo ferroviario, la iniciativa de la mercantil tampoco fraguó, quedando paralizada sine die. Cerrada la puerta, que hubiese permitido rescatar del olvido las naves, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) decidió a mitad de año sacar a concurso el alquiler de estas instalaciones.

Un movimiento lógico con el que conseguir un doble objetivo: dar vida a unas dependencias sin uso durante largo tiempo y ahorrarse el coste que año tras año le generan a las arcas públicas. Sin embargo, en la misma línea de adversidad que viene marcando este espacio desde hace una década, la licitación ha resultado fallida.

Según confirman desde el organismo estatal, el concurso ha quedado desierto. Es decir, ninguna empresa ha mostrado interés por arrendarle a Adif esta planta. O al menos, ninguna está dispuesta a hacerlo en las condiciones inicialmente fijadas.

Las firmas tenían hasta finales del pasado octubre para presentar sus propuestas. Y, por lo que cuentan desde Adif, la renuencia ha sido total. Queda ahora por ver el siguiente movimiento que se produce y si el mismo va en la línea de convocar otro concurso modificando ciertas exigencias.

El objetivo del concurso, como reconocía el propio ente, era poner en valor unas instalaciones de uso industrial, tanto para las líneas de ancho convencional como para las de alta velocidad. La pretensión era que en la nave pudieran instalarse, entre otras, empresas ferroviarias con licencia y certificado de seguridad reconocido por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para acceso a la RFIG o empresas de mantenimiento de material ferroviario con contratos de mantenimiento con empresas ferroviarias con esa licencia y certificado de seguridad.

No obstante, se indicaba en el pliego de condiciones que si los inmuebles se iban a destinar a taller de mantenimiento de material ferroviario o instalaciones asociadas, el arrendatario estaba obligado a prestar los servicios de mantenimiento de material ferroviario, pesado o no pesado, de forma no discriminatoria a cualquier operador ferroviario que se lo solicite.

La nave industrial, de planta rectangular y una superficie construida de 19.140 metros cuadrados, se encuentra asentada sobre una parcela de suelo no urbanizable, con forma triangular, y una extensión de 61.933 metros.

La duración del contrato de arrendamiento de ambos elementos era de 20 años, prorrogables por otros 10 años, mediante acuerdo entre las partes. El arrendamiento incluía un período transitorio previo de un máximo de 2 años desde la firma, destinado a la obtención de las licencias y la ejecución de obras, construcciones e instalaciones necesarias para desarrollar la actividad del arrendatario.

El presupuesto de licitación de este contrato, tomando en consideración la renta mínima anual durante todo el período de vigencia, asciende a un total de 5.024.400 euros (IVA no incluido), repartido de la siguiente manera: una renta mínima anual de 23.700 euros (IVA no incluido) para un periodo transitorio (máximo dos años); una renta mínima anual de 237.000 euros (IVA no incluido) a partir del final del periodo transitorio, desde el primer al décimo año; y una renta mínima anual de 260.700 euros (IVA no incluido), desde el undécimo al vigésimo y último año del contrato.