Marisa, Deborah, Arantxa, Ruth, Agustín e Isabel en la fachada del bloque.
Las 17 familias de Madrid que quieren pagar el alquiler desde hace 4 años y no les dejan: "Tememos que nos desahucien"
El bloque de edificios pasó a ser de Sareb en 2020 y desde entonces las familias no han podido pagar el alquiler.
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Desde octubre de 2022, 17 familias de un bloque de viviendas en la calle de Pinto (Fuenlabrada) viven con el mismo temor: que cualquier día llegue una orden de lanzamiento. No porque hayan dejado de pagar voluntariamente el alquiler, sino porque desde entonces nadie ha vuelto a cobrarles.
Los pisos, que pertenecían a una promotora inmobiliaria, pasaron a manos de la Sareb tras la quiebra de la empresa, y desde entonces aseguran que su situación nunca ha terminado de regularizarse.
Todo esto mientras el Gobierno ultima el traspaso de miles de viviendas del denominado 'banco malo' a Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, que recibirá los inmuebles de este bloque una vez su situación esté regularizada.
Durante casi cuatro años los vecinos han guardado mes a mes el dinero del alquiler y han enviando una y otra vez la documentación que les han solicitado las distintas gestoras que han administrado los inmuebles. Pero, denuncian que continúan sin contrato y con la incertidumbre de no saber cuál será su futuro.
"Estamos esperando a que lleguen noticias de Sareb, ya sea un contrato o una orden de desahucio", resume Déborah, de 39 años, una de las vecinas afectadas, que lleva once años viviendo en el bloque.
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La historia comenzó en 2020, cuando la promotora propietaria de los inmuebles quebró y la Sareb se adjudicó la promoción como consecuencia de un procedimiento derivado de una deuda hipotecaria. Sin embargo, los vecinos aseguran que siguieron pagando con normalidad a los antiguos propietarios durante casi dos años más.
"Los recibos seguían pasando por el banco hasta octubre de 2022. De repente dejaron de llegar y empezamos a investigar qué estaba pasando porque nadie nos notificó nada. Fuimos nosotros quienes descubrimos que la constructora había quebrado y que los pisos habían pasado a Sareb", explica Déborah.
Déborah, una de las vecinas afectadas.
Todos ellos habían firmado contratos de alquiler con la promotora a través de distintas inmobiliarias y, según explican, nunca dejaron de cumplir con sus obligaciones. El problema comenzó cuando dejaron de tener un interlocutor.
"Nunca hemos dejado de querer pagar. Llevamos desde octubre de 2022 sin poder hacerlo porque nadie nos dice cómo. Hemos ido guardando el dinero todos estos años y tenemos pruebas de que hemos intentado contactar con ellos en muchísimas veces", asegura la vecina de Fuenlabrada.
Una sentencia
La incertidumbre terminó trasladándose a los tribunales. Isabel, madre de otra de las afectadas, Zuleima, recuerda cómo durante meses cada vecino buscó información por su cuenta sin saber realmente qué estaba ocurriendo.
"Hemos estado mucho tiempo reuniéndonos entre nosotros para intentar entender la situación", explica Isabel. "Cada uno buscaba información por un lado porque, hasta que Sareb no moviera ficha, poco podíamos hacer. Cuando llegó la demanda judicial nos dimos cuenta de que éramos muchos más vecinos afectados de lo que pensábamos."
Isabel, madre de una de las vecinas afectadas.
La vista judicial se celebró el pasado año y, meses después, llegó la sentencia. Según explican los vecinos, el juez concluyó que parte de los contratos ya no constituían un título válido para permanecer en las viviendas, dejándolos en una situación de enorme inseguridad jurídica.
"Desde entonces estamos esperando a que Sareb quiera hacernos contratos o que llegue una orden de lanzamiento en cualquier momento", lamenta Déborah. Después de ese proceso comenzaron a organizarse junto al Sindicato de Inquilinas.
Algunos contratos
El pasado febrero algunos vecinos comenzaron a recibir propuestas de contrato. Según los afectados con los que hemos hablado, sólo cinco familias acabaron firmándolos, mientras el resto continúa esperando una respuesta. Según la Sareb ya han firmado 9 familias.
Para los afectados, esa diferencia de trato ha generado frustración. "Nosotros creemos que juegan a dividir al bloque. Cuanto más nos dividan, menos fuerza tenemos", explica Déborah.
Los vecinos del bloque con sus llaves en mano.
Al principio, los vecinos llegaron incluso a plantearse no firmar ningún contrato hasta que todos recibieran una oferta similar. "En una reunión dijimos que no íbamos a firmar hasta que hubiera contratos para todos. Pero desde el Sindicato nos recomendaron aceptar los que llegaran y seguir luchando por el resto".
Los vecinos aseguran que en marzo volvieron a entregar toda la documentación que les solicitaron para estudiar sus expedientes y que, desde entonces, siguen sin recibir noticias.
Quieren pagar
Uno de los mensajes que más se repite entre las familias es que nunca han querido ser okupas. "Lo único que queremos es que nos regularicen la situación para poder pagar. Nunca hemos dejado de hacerlo porque quisiéramos, sino porque no nos dejan", insiste Déborah.
Isabel coincide. "Si nos cobraran el alquiler tendrían que reconocer que aquellos contratos seguían siendo válidos, pero el juez dijo que no lo eran. Nosotros no tenemos ninguna culpa de lo que pasó con la promotora. Queremos un contrato y pagar como hemos hecho siempre."
Agustín, vecino del bloque.
Las familias que sí firmaron contratos en febrero, explican los vecinos, lo hicieron porque entendían que era la única alternativa para asegurar su permanencia en las viviendas.
"Lo aceptas porque es eso o estar en la calle", sostiene Déborah. Según la vecina de Fuenlabrada, esos contratos incluyen una bonificación social vinculada a un programa de acompañamiento que obliga a aceptar visitas periódicas de profesionales para conocer la situación familiar.
"Hay personas a las que esas cláusulas les parecen excesivas porque sienten que supone una intromisión en su vida privada", explica.
Okupas con contrato
Otro de los aspectos que más indignación genera entre los vecinos es la situación de algunos pisos okupados ilegalmente. Según relatan, varias viviendas quedaron vacías debido a la incertidumbre y posteriormente fueron okupadas.
"Hay pisos okupados a cuyos residentes sí les han ofrecido contrato. Tú haces las cosas bien, llevas años intentando regularizar tu situación y sigues esperando pero con ellos sí negocian", critica Déborah.
Isabel explica que esa situación ha provocado un profundo sentimiento de injusticia. "Hay okupas que no generan problemas y otros que sí, pero cuando ves que algunos de ellos tienen contrato y nosotros seguimos esperando, te desmoraliza mucho. Nosotros no queremos irnos. Este es nuestro barrio."
Isabel, madre de una de las vecinas afectadas.
La sensación que describen los afectados es la de vivir con una amenaza constante. Ese temor ha llevado a muchas familias a organizarse colectivamente y participar en movilizaciones contra los desahucios.
Agustín, de 72 años, que lleva diecisiete años viviendo en el edificio, muestra incluso una sanción administrativa de 350 euros impuesta tras participar en una protesta para intentar frenar otro lanzamiento en el municipio.
La multa que le pusieron a Agustín.
"Nos sentamos delante de la puerta. La Policía nos pidió que dejáramos pasar y nos movimos, pero nos dijeron que era desacato a la autoridad y me pusieron la multa".
Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas critica la lentitud con la que se están resolviendo los expedientes del bloque. "Nos dijeron hace un año que se iban a presentar contratos y, a día de hoy, solo unas pocas familias los han recibido."
La versión de Sareb
Desde la Sareb rechazan que exista una voluntad de dejar a las familias sin solución y sostienen que el proceso responde a la complejidad jurídica heredada de la promoción.
Cristina Expósito, responsable de la entidad, explica que la Sareb no adquirió originalmente las viviendas, sino la deuda asociada a la promotora y que la adjudicación del inmueble no se produjo hasta 2020.
"Cuando nos adjudicamos una promoción no sabemos cuál es la situación de cada vivienda. Tenemos que comprobar quién vive allí, con qué título ocupa el inmueble y cuál es su situación económica."
Expósito señala que fue una resolución judicial la que determinó qué contratos seguían teniendo validez y cuáles no. A partir de ahí, asegura, la Sareb estudia cada caso individualmente para determinar si corresponde ofrecer un alquiler social -dirigido a familias vulnerables- o un alquiler asequible para quienes, aun no siendo vulnerables, ya residían anteriormente en las viviendas.
Pancarta en la fachada del edificio.
La responsable reconoce que pueden haberse producido problemas de comunicación con algunas familias debido al proceso, aunque asegura que trabajadores de la Sareb han visitado personalmente las viviendas y existe un servicio específico de atención.
"Puede haber habido dificultades de comunicación y entendemos que eso genere incertidumbre", añade.
"El desahucio está lejos"
Frente al temor que expresan los vecinos, la Sareb rebaja el riesgo de un desalojo inmediato. "En esta finca la palabra desahucio está muy lejos. Estamos todavía identificando cada situación y viendo cómo llegó cada familia a vivir allí."
Según Expósito, ya se han firmado varios contratos sociales y la previsión es que la mayoría de los vecinos termine accediendo a un alquiler social o asequible.
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"Creemos que habrá soluciones para casi todos los casos. Habrá algunas situaciones en las que no sea posible, pero serán las menos".
Además, explica que toda la información sobre las viviendas se trasladará ya regularizada a Casa 47, la empresa pública que asumirá parte del parque residencial procedente de la Sareb.
Mientras ese proceso continúa, las familias siguen esperando. "Solo queremos un contrato para poder pagar y seguir viviendo donde llevamos tantos años", resume Déborah. "No pedimos nada más".
