Los conductores avisan del "negocio" en Madrid con las ZBE: 479 millones de euros en multas que se podrían recurrir

El Ayuntamiento de Madrid continúa aplicando su normativa sobre movilidad y zonas de bajas emisiones (ZBE), a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por el consistorio frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló en 2023 la Ordenanza de Movilidad vigente.

Y es que podría haber cambios en la ZBE. Cibeles publicó el pasado 29 de julio el expediente correspondiente al Proyecto de Modificación Parcial de la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección de la Ciudad de Madrid.

Un documento que, según informan fuentes del Área de Movilidad, se trata de un trámite administrativo para, posteriormente, aprobar la nueva ordenanza de movilidad sostenible.

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Por tanto, y de momento, las restricciones que había para vehículos con etiqueta A o prohibición a no residentes de entrar en determinadas zonas, se sancionarán.

Una serie de multas que, según la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), son tremendamente rentables para Cibeles.

Según los datos publicados por AEA, desde que entró en vigor esta ordenanza, el Ayuntamiento ha formulado un total de 2.506.611 denuncias relacionadas con el acceso indebido a la ZBE. El valor económico total de estas sanciones asciende a 479.658.910 euros.

El recurso interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo permite mantener la aplicación de la normativa mientras se resuelve el procedimiento judicial.

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Esta situación es similar a la que se ha dado en otros municipios españoles, como Barcelona y Esplugues de Llobregat, donde también se recurrieron decisiones judiciales que anularon las ordenanzas municipales sobre zonas de bajas emisiones.

En estos casos, el Alto Tribunal ya se ha pronunciado y ha confirmado la nulidad de las ordenanzas, obligando a los ayuntamientos a anular y devolver un elevado número de sanciones impuestas en su día. Pero en Madrid esto no ha sucedido.

Por eso, la organización AEA recomienda a los conductores afectados por sanciones en ZBE que recurran las multas mientras no haya una resolución definitiva, con el objetivo de que no adquieran firmeza y puedan, en su caso, reclamar la devolución si finalmente se declararan nulas.

“El problema que está surgiendo es que muchos ayuntamientos, bajo la bandera de la protección del medioambiente y la seguridad vial, han generado un importante volumen de sanciones cuya legalidad está siendo revisada por los tribunales, y los ciudadanos deben poder ejercer su derecho a defensa”, explica Mario Arnaldo, presidente de AEA.

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En el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, la normativa actual sobre movilidad fue impulsada como parte del plan de lucha contra la contaminación y con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Las Zonas de Bajas Emisiones forman parte de un conjunto de medidas de sostenibilidad ambiental que responden tanto a compromisos europeos como a las recomendaciones del Gobierno central.

Hasta que el Tribunal Supremo emita una sentencia firme, la legalidad de la Ordenanza de Movilidad de Madrid seguirá siendo objeto de debate jurídico.

En este contexto, el Ayuntamiento continúa gestionando las sanciones derivadas del régimen actual, como ha ocurrido en otros municipios españoles en situaciones similares.

Desde AEA, insisten en que esta situación requiere claridad legal y recomiendan a los automovilistas estar atentos a los plazos de recurso de cada sanción para proteger sus derechos.

Mientras tanto, la decisión del Supremo será clave para determinar el futuro de la ordenanza madrileña, así como para establecer un criterio unificado respecto a las ZBE implantadas en diferentes ciudades de España.