La presentación del Informe del Estado de derecho 2024.
Un informe alerta del "deterioro" y las "deficiencias" en el Estado de Derecho en Madrid: "Se deben exigir cambios"
Durante la presentación, la directora general de la Fundación Hay Derecho subrayó que "la investigación proporciona un análisis objetivo basado en datos para servir a un debate público informado".
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La Fundación Hay Derecho presentó el jueves 16 de enero en Madrid la edición especial Comunidad de Madrid del Informe del Estado de derecho, un análisis exhaustivo y basado en datos que evalúa la salud democrática y del Estado de derecho en España y algunas comunidades autónomas.
"Nuestro informe pone de manifiesto deficiencias que afectan directamente al funcionamiento del Estado de derecho en la región, como los cambios en los mecanismos de elección de órganos de contrapeso", afirmó Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.
Por su parte, Safira Cantos, directora general de la Fundación, subrayó que "nuestra investigación proporciona un análisis objetivo basado en datos para servir a un debate público informado. La ciudadanía debe exigir cambios que refuercen la independencia institucional, gobierne quien gobierne".
El informe pone el foco en la Ley 16/2023, que ha rediseñado los mecanismos de elección de miembros de varios organismos clave, aumentando la influencia del Gobierno regional.
Entre las modificaciones destacan la del presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que es ahora designado directamente por el Consejo de Gobierno; o la del director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), que es elegido por el Consejo de Gobierno, eliminándose el proceso de convocatoria pública, que nunca se llegó a poner en marcha. Además, se ha aumentado el número de consejeros cuya elección se hace en función de "cuotas" de partido.
Además, la mayoría necesaria para nombrar a los consejeros de la Cámara de Cuentas en la Asamblea de Madrid se ha reducido de dos tercios a tres quintos.
El informe destaca que en los últimos cinco años no se han aprobado los presupuestos de la Comunidad de Madrid hasta en tres ocasiones. En 2020 y 2021, el Gobierno regional no presentó un proyecto de ley, mientras que en 2023 la Asamblea rechazó la propuesta.
Estas cifras ponen de manifiesto que, tal y como sucede en otros ámbitos territoriales, la aprobación de una ley esencial como es la de Presupuestos ya no se considera ni obligatoria ni determinante para la estabilidad de un gobierno.
Durante la XII Legislatura, el Gobierno de la Comunidad de Madrid incluyó 126 normas en su plan legislativo: 39 leyes y 87 decretos. Sin embargo, solo se aprobaron 72, lo que supone un cumplimiento del 57,14%, y una ejecución particularmente baja en el caso de los decretos, con un 44,83%.
El informe de Hay Derecho destaca, además, que en 2023, de las cuatro proposiciones de ley presentadas por el grupo parlamentario popular, en el Gobierno, tres fueron tramitadas de urgencia.
Este uso recurrente de la proposición de ley por el partido que gobierna y por vía de urgencia plantea el problema de la eliminación de garantías básicas, como informes y trámites de audiencia, y el riesgo de reducir el tiempo disponible para un debate público adecuado.
Desde 2022, la Asamblea de Madrid ha aprobado cuatro leyes ómnibus, que versan simultáneamente sobre distintas cuestiones, y que modifican más de una decena de normativas. Una de ellas fue la ya mencionada Ley 16/2023, que es especialmente significativa, ya que introdujo cambios sustanciales en órganos esenciales de contrapeso institucional.
