El Ayuntamiento de Torrelodones ya ha recibido una respuesta del Ministerio de Igualdad sobre el caso del opositor a policía local que se declaró trans en un acta notarial para que se le juzgase en unas pruebas físicas como mujer. El Departamento de Irene Montero no considera que esta persona tenga derecho a ser reconocida como mujer, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a Madrid Total fuentes municipales.

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El proceso, sin embargo, sigue paralizado. La Comunidad de Madrid estudiará ahora la respuesta de Igualdad, ya que el aspirante se escudó en la normativa trans autonómica.  

Este candidato,  J. L. A. V., superó en enero como varón la primera criba del proceso, el examen psicotécnico. El problema se produjo el 21 de febrero, en las pruebas físicas, cuando se presentó con un acta notarial donde explicaba que era una persona trans y que, por tanto, quería realizar los ejercicios físicos como mujer.

Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió que realizase como hombre y como mujer la única prueba que variaba en función del sexo. Además de al Gobierno regional, el Consistorio preguntó a Igualdad sobre el caso ante las dudas por la aplicación de la nueva Ley Trans estatal. 

En su respuesta, el Ministerio explica que "se desconoce en qué concretos artículos y argumentación se basa el interesado para considerar que dicha legislación ampara su deseo de que el tribunal calificador le califique como mujer, dado que el procedimiento de rectificación registral y sus efectos se encuentran regulados en la normativa estatal".

Con esto, Igualdad recuerda que el opositor, en el acta notarial, no aludía a la Ley Trans aprobada este año por el Gobierno, sino a la normativa trans de la Comunidad de Madrid. Según Igualdad, el opositor no cumple la normativa estatal, que es la que regula el cambio de sexo de forma oficial. 

Además, Igualdad coincide en la interpretación que recoge un informe realizado en marzo por la Secretaría del Ayuntamiento de Torrelodones, que sostenía que la solicitud del aspirante no podía ser atendida porque no consta que certificara la inscripción de su cambio de sexo en el Registro Civil, "siendo solo esta la que surtiría efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil". 

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El Ayuntamiento del municipio espera ahora la respuesta del Gobierno regional. Hasta que no la tenga, el Consistorio no tomará una decisión y mantendrá el proceso paralizado. De hecho, hace más de dos semanas que el Ayuntamiento tiene en su poder las calificaciones de las pruebas físicas, pero decidió no publicarlas hasta que se aclarara el caso. 

Cabe recordar, además, que Igualdad ya recordó que el opositor no ha cumplido los plazos establecidos para el cambio de sexo registral. La nueva Ley estatal, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro, fija un plazo de hasta tres meses para que el registro ratifique el deseo del interesado por segunda vez y de manera definitiva. 

La Comunidad de Madrid estudiará la respuesta del Ministerio de Igualdad. Fuentes de la Consejería de Interior y Justicia critican que se descargue la responsabilidad en el Gobierno regional, ya que entienden que la cuestión del cambio de sexo registral compete a la normativa estatal y no a la autonómica.