Eva Montero y Matilde Lacort, abogaba y psicóloga al frente de la Oficina Antiocupación de Alcobendas.
El 'equipo antiokupas' de Madrid que ha realizado 216 desalojos en 3 años: "Son delincuentes, no vulnerables"
Eva Montero y Matilde Lacort son la abogada y la psicóloga al frente de la nueva Oficina Antiocupación, inaugurada el pasado mes de marzo.
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Unos 216 inmuebles ocupados ilegalmente han sido recuperados en los últimos tres años en Alcobendas. Así lo destaca con orgullo el concejal de Seguridad de la localidad, Carlos Rodrigo.
Tras esta cifra hay un equipo encabezado por la Policía Municipal del municipio y la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento. Desde el pasado mes de marzo, se han sumado las dos integrantes de la nueva Oficina Antiocupación de Alcobendas.
Y es que a este balance se le ha sumado la creación de esta oficina "pionera" en la Comunidad de Madrid. Tras su gestión, hay dos caras que día a día recogen llamadas y atienden a los vecinos del municipio.
Matilde Lacort, psicóloga y coordinadora de la nueva iniciativa, escucha historias de miedo, conflictos vecinales y sensación de indefensión a causa de ocupaciones de viviendas. Eva Montero, abogada, les acompaña en todo lo que tiene que ver con el procedimiento legal. Su empeño es dar respuesta a este problema, uno de los que más inquieta a los alcobendenses, sobre todo con casas en propiedad.
Por eso, aunque desde que comenzó la legislatura de Rocío García (del PP), en 2023, Rodrigo asegura que siempre se han tenido en cuenta y se han desarrollado las políticas antiocupación, con esta oficina se quiere centralizar todo en un mismo lugar. Sobre todo, con miras a que los ciudadanos tengan un lugar de referencia cuando se les presente algún problema.
![La Oficina Antiocupación de Alcobendas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/01\/madrid\/1003744230230_262752451_4000x2667.jpg"])
La Oficina Antiocupación de Alcobendas.
"Antes, muchos afectados no sabían a dónde acudir", explica Lacort en conversación con Madrid Total desde la nueva oficina, ubicada en la base de la Policía Local del Distrito Centro. Ahora, desde que se puso en marcha el pasado 3 de marzo, ya se han atendido 16 casos; 14 de ellos todavía en proceso.
Pero no solo es centro de asesoramiento y mediación, también parte con la idea de agilizar los recursos ante situaciones de allanamiento o usurpación.
"Además de tener una ubicación física, aquí unificamos todos los servicios. Por un lado, tenemos toda la atención policial '24/7', un asesoramiento jurídico y apoyo psicológico gratuito y un protocolo policial de actuación. Esto nos ayuda a que tengamos un proceso mucho más rápido para conseguir un desalojo, ya que acudimos al sistema de los juicios rápidos", cuenta el concejal.
Todo ello implica una cooperación y colaboración con juzgados y Policía Nacional. La decisión, relata Rodrigo, viene dada por la "prevención": "En esta ciudad no hay un problema grave de ocupación, pero lo que queremos mostrar es que no hay impunidad".
"Situaciones de vulnerabilidad"
El procedimiento es el siguiente: tras una llamada al teléfono, Matilde Lacort, la coordinadora, valora cómo actuar y se concierta una cita presencial con los afectados. A partir de ahí, se acompaña durante todo el proceso: "Nosotras nos activamos junto con la policía, que son quienes tienen que intervenir en el momento en el que se conozca que hay delito. Ahora nos están entrando más casos de situaciones que no tienen que ver con lo delictivo. Es lo que llamamos situaciones de riesgo. Son conflictos que se llevan por la vía civil de actuación".
Casi 20 años son los que lleva trabajando Eva Montero junto con la policía en situaciones como estas, los últimos 10 junto con Lacort. "Antes también teníamos casos, pero de forma escalonada. O teníamos conocimiento, pero no había posibilidad de actuar como lo hacemos ahora, que es de forma contundente, rápida e inmediata".
Eva Montero, abogada de la Oficina Antiocupación de Alcobendas.
De los casos en los que han estado trabajando en las últimas semanas, el más importante fue "un intento de ocupación" de una nave industrial. "El propietario nos pidió auxilio y gracias a la intervención de la oficina, fue la policía inmediatamente y pudimos abortarlo", cuenta Montero.
Quienes acuden en su ayuda son "personas de todo tipo", aunque fundamentalmente se están presentando de más de 65 años. "La mayoría están en situaciones de vulnerabilidad. Muchos son personas mayores que tienen sus pisos alquilados y tienen contratos de arrendamiento de vivienda desde el año 2016, 2020 o actuales, que llegado el momento, o bien no cumplen y dejan de pagar o se extingue el contrato y el propietario no quiere seguir en arrendamiento con los inquilinos porque necesitan la vivienda para sí mismos", añade la letrada.
Matilde Lacort, psicóloga y coordinadora de la Oficina Antiocupación de Alcobendas.
"Nos hemos encontrado con tres o cuatro casos", comenta la psicóloga. "Uno hace poco llevaba tres años sin posibilidad de vivienda y sin el alquiler de los arrendatarios. Él pagando su alquiler y también los suministros de la vivienda ocupada. Los victimarios se quedan en el domicilio que no es suyo y la persona que realmente está afectada, porque ha perdido su vivienda y su esfuerzo, se tiene que quedar quieta y esperar. Es un daño psicológico, moral, emocional y económico que sufren durante años", añade.
Muchos otros son vecinos que, aunque no sean víctimas directas, son afectados colateralmente por ese "mal comportamiento". "Hay dos casos en los que no hay solución porque la vivienda es propiedad de varias personas y no se ponen de acuerdo. No hay una denuncia que haga que esas personas salgan de ahí". En este sentido, los habitantes de dicho bloque son los que han acudido a ver qué se puede hacer: "Llega cualquiera, salen unos, meten a otros nuevos... Son entradas masivas de personas en edificios donde también viven niños, gente mayor...".
216 desalojos
Sin el respaldo de la actuación policial, este trabajo no se entendería. Desde 2023, la Policía Local ha colaborado en la recuperación de cerca del 80% de los casos registrados en la ciudad, según datos municipales.
Antonio Pardo, el comisario jefe de la Policía Local de Alcobendas, es otra de las figuras tras la antiocupación que lleva en el cuerpo más de 30 años. En conversación con este periódico, insiste en que las primeras horas son determinantes y destaca la coordinación con Policía Nacional para agilizar las intervenciones dentro del marco legal.
![Antonio Pardo, comisario jefe de la Policía Municipal de Alcobendas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/01\/madrid\/1003744230227_262752385_4000x2667.jpg"])
Antonio Pardo, comisario jefe de la Policía Municipal de Alcobendas.
"Y no solamente nos coordinamos con ellos, sino también con el juzgado", añade. "Con el inicio de la presente legislatura veníamos de un problema de este tipo en un bloque completo de 80 viviendas", en la calle Francisco Largo Caballero. "Era gravísimo y deterioró mucho la vida del barrio. La propiedad entró en un conflicto familiar y en ese impasse fueron llegando poco a poco. Los inquilinos que había legales fueron saliendo, lógicamente, para evitar la situación. Al final acabó todo el edificio ocupado y muchas viviendas incluso conectadas entre ellas".
"El desalojo se produjo justo con el cambio de mandato. Una de las cosas que nos dijeron a raíz de eso fue aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal hasta el máximo que nos permitiera la norma", cuenta Pardo.
Así, explica que elaboraron un procedimiento operativo especial propio. En él, se distinguen dos tipos de ocupación: el allanamiento de morada y la usurpación. En el primer caso, el dueño sería una persona física que usa esa vivienda de manera habitual. De la otra manera, el propietario sería una persona jurídica que posee varios pisos.
"La protección que tiene una vivienda u otra es diferente. En el caso de allanamiento, siempre se produce la detención y la comparecencia en comisaría. Y en el de la usurpación, lo que hacemos son diligencias al juzgado, Si tenemos presente al propietario de la vivienda y al ocupante, hacemos un juicio inmediato por delito. Estos se celebran los jueves de cada semana". Esta última es la novedad y lo que dinamiza el problema. Así, también puede el juez adoptar medidas cautelares.
Carlos Rodrigo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcobendas.
Esta dinámica ha permitido conseguir un hito el pasado mes de febrero: un desalojo en nueve días en la carretera de Fuencarral, un "tiempo récord" para este tipo de situaciones. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid el plazo de media suele ser de unos 21 meses y medio.
Otro de los desalojos más relevantes se produjo en la calle Fuego, en febrero de 2024. El edificio, recién construido, permaneció ocupado durante un año antes de ser desalojado. "Eran personas que no eran alcobendenses y podían tener vínculo con grupos organizados que se metieron en las viviendas cuando estaban nuevas. Todavía no estaban ni siquiera entregadas. Ahí abrimos doble vía: la civil por parte del propietario con nuestros informes, y la vía penal, que la abrimos nosotros con nuestras diligencias en coordinación con Policía Nacional".
El desalojo finalmente lo realizó la Unidad de Intervención Policial, conocidos más popularmente como 'antidisturbios'. "Cuando llegamos a las viviendas, el 90% estaban vacías debido al trabajo que habíamos hecho con carácter previo. Cuando saben que se va a producir normalmente suelen llevarse lo máximo posible y marcharse antes de que ocurra".
De hecho, ese no suele ser el mayor problema, sino "el tema probatorio". "Cuando vamos a un domicilio a intervenir y ya se ha constituido en morada del ocupante, hay muchos 'okupas' profesionales que lo que hacen es llamar a la policía ellos mismos para que nosotros levantemos un atestado y así indicar o poder defender que eso ya se ha constituido en morada".
El número 28 de la calle Fuego, una de los últimos grandes desalojos en febrero de 2024. El edificio estuvo ocupado durante un año.
Y es que asegura que "hay un porcentaje alto" que ya lo tienen profesionalizado. "No he visto a nadie necesitado. He visto gente necesitada que ha perdido su vivienda. En el edificio de Largo Caballero nos encontramos, por ejemplo, gente que tenía pisos asignados por la Comunidad de Madrid que los habían alquilado y estaban viviendo ahí".
Una visión que comparten desde el Ayuntamiento, aunque el fenómeno de la ocupación sigue generando debate social y jurídico en torno a los perfiles y causas que lo rodean.
"No son gente vulnerable, son delincuentes", sostiene el concejal de Seguridad. "Si de verdad es un perfil vulnerable, alguien que necesite una morada y la han ocupado, el juzgado pide a Servicios Sociales sus informes e intenta buscar una alternativa habitacional. Pero es que de eso no vas a encontrar ninguno", concluye Pardo.
