El nuevo plan de Ayuso: construirá una red de helipuertos para el traslado de heridos y emergencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en Tres Cantos, la puesta en marcha de una red de helipuertos en la región con el objetivo de mejorar la atención de las emergencias sanitarias y agilizar el traslado de heridos.

Así, el Ejecutivo autonómico ha autorizado la apertura de una consulta pública, a través del Portal de Transparencia, sobre el contenido de la norma que regulará estas instalaciones destinadas a operaciones asistenciales, con el fin de recabar la opinión y las aportaciones de ciudadanos y de las entidades vinculadas a este ámbito.

De esta forma, el Gobierno regional pretende establecer un gestor aeronáutico único que centralice la supervisión y el mantenimiento de estos espacios, con el fin de garantizar un control adecuado y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

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La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras está analizando los espacios que formarán inicialmente parte de esta red, a partir de los 54 helipuertos de emergencias sanitarias actualmente registrados.

Además, Madrid dispone de ocho instalaciones utilizadas para la lucha contra incendios, siete de carácter hospitalario y dos de uso restringido, así como seis campos de vuelo para aviones ultraligeros, uno para paramotores y 18 destinados al aeromodelismo.

La intención del Gobierno regional es que, a través de esta red se puedan atender nuevas necesidades relacionadas con el aumento de la actividad en el sector aeronáutico, utilizándose en un futuro también para otros usos como operaciones de transporte de medicamentos con drones.

El Ejecutivo autonómico es el órgano competente para autorizar la construcción y apertura al tráfico de aeródromos, helipuertos y otros espacios aeronáuticos ubicados en la región, de acuerdo con las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomía.

Delitos contra el patrimonio

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad ha anunciado la aprobación del Proyecto de Ley que permitirá al Ejecutivo regional ejercer la acción popular en los casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos. El texto será remitido próximamente a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.

Esta normativa tiene el objetivo de reforzar la protección de determinados bienes y acontecimientos públicos de interés general frente a conductas delictivas de especial relevancia.

Esta medida se suma a las causas de violencia contra la mujer y de terrorismo en los que la Administración autonómica ya se persona para salvaguardar los intereses de las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad.

Para ello, el Ejecutivo autonómico modificará la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, con el fin de habilitar el ejercicio de la acción popular en procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su impacto territorial, revistan una gravedad significativa.

Asimismo, se adaptará la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de acontecimientos de interés general, como ocurrió en la última edición de la Vuelta Ciclista a España, cuya etapa final se vio interrumpida por manifestantes y tuvo que suspenderse a varios kilómetros de la capital.

Por último, también se actuará sobre la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con el fin de incluir los delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.

Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, la normativa no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.