La Plaza de España de la discordia en San Fernando: un tribunal tumba su reforma y los vecinos piden que se derribe

La Plaza de España de San Fernando de Henares está en riesgo de demolición. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado el Plan Especial de la UE-1 para su rehabilitación, aprobado por el Consistorio en el año 2009, por no ajustarse a la legislación urbanística. Esto ha ocurrido después de la realización de las obras de su remodelación.

La sentencia llega tras el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Ciudadana El Molino de San Fernando, que ahora pide que se cumpla el auto a rajatabla, lo que supondría, entre otras cosas, el derribo completo de todo lo que se ha construido bajo este plan.

Ante esta decisión, el Ayuntamiento asegura estar "obligado a rehacer el instrumento urbanístico que sustenta la operación". Además, acusan a dicha asociación y a "otros" de "buscar únicamente, mediante la constante interposición de procedimientos judiciales, la demolición de los bienes del conjunto histórico de San Fernando de Henares en contra del interés general".

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Estas irregularidades provendrían del Gobierno de coalición formado por IU y el Partido Socialista entre 2007 y 2011, que aprobó tres acuerdos que ahora han sido tumbados por los tribunales: el proyecto de reparcelación de la UE-1; las licencias de obra para las viviendas y el aparcamiento subterráneo y el Plan Especial que daba cobertura legal a la operación.

Son ya cinco las sentencias que terminan con la planificación y obligan a iniciar expedientes sancionadores contra los promotores; restituir la legalidad urbanística, con la consecuente demolición (si no se justifica lo contrario), y reconocer la nulidad absoluta de los actos administrativos aprobados desde 2009.

Tras su venta a una empresa externa, el Ayuntamiento de San Fernando volvió a hacerse con la titularidad de la Plaza de España con su compra en 2022, consiguiendo que el conjunto de la plaza con viviendas, garajes, locales y otros edificios, pasasen a ser íntegramente de titularidad pública.

Lo hizo a través de la adquisición de la compañía mixta Plaza de España, pero sin resolver primero su situación legal. Desde el Ayuntamiento, aseguran que esta compra permitió "evitar que en su lugar lo hiciese un fondo buitre por un precio más bajo".

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Además de "aliviar la situación de las cuentas municipales, reduciendo la deuda en más de un 60%, y conseguir que los propietarios de las viviendas fuesen indemnizados".

Su alcalde, Javier Corpa, explica ahora "estar trabajando ya para restablecer cuanto antes la situación jurídico-administrativa de la plaza" y "que los bienes se puedan poner a disposición de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares".

Por su parte, la AC El Molino continúa con su denuncia de la situación tras ver cumplidas algunas de sus peticiones por parte del TSJM. Denuncian la existencia de "dos versiones del Plan Especial, una utilizada para el trámite de información pública y otra que se modificó posteriormente internamente, con cambios no sometidos a consulta ciudadana".

Les reclaman entonces la omisión de publicación de estas modificaciones. "Si se confirma que la omisión de publicar modificaciones fue intencionada, procederemos a denunciar al concejal de urbanismo responsable".

Además, afirman que este texto "se publicó 15 años tarde", en agosto de 2024. "La fórmula para burlar las disposiciones legales fue muy burda y muy sencilla: redactar un nuevo y distinto documento del aprobado por la Junta de Gobierno Local de 29 de octubre de 2009".

Viviendas fuera de ordenación

Por tanto, las construcciones realizadas en la Plaza de España bajo este Plan Especial se encuentran ahora mismo fuera de ordenación urbanística. Si se llegase a tomar la vía de la demolición, muchos de los vecinos se verían directamente afectados porque supondría el derribo de viviendas ya entregadas a sus propietarios, locales comerciales, equipamientos públicos y un párking bajo tierra con más de 600 plazas.

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Desde la Plataforma Cívica de San Fernando muestran su apoyo a la AC El Molino en su "labor por la defensa de la legalidad urbanística", pero abogan por la "búsqueda de vías para restituir la legalidad sin ir a una solución traumática", como sería la demolición.

"Creemos por otra parte que esa pretensión hoy es extemporánea, presume mala fe procesal y causaría un daño mayor al que se pretende reparar en grave perjuicio para el interés general de los vecinos de San Fernando".

Denuncian que esta asociación ya conocía desde 2009 "los vicios legales de fondo" que han terminado en la nulidad de licencias, proyecto de reparcelación y plan especial. Sin embargo, "no pidieron medidas cautelares para la suspensión o paralización de las mismas".