El pueblo a 25 kms de Madrid que obliga a sus vecinos a frenar a los 'okupas': "Lo hacemos para proteger a los propietarios"

Si hay algo que preocupe a los madrileños es la situación del sector inmobiliario. Cada vez es más difícil encontrar buenas oportunidades en el mercado y esto sume en una profunda preocupación a muchas personas, sobre todo a los más jóvenes, que cada vez ven más lejana la emancipación.

Sin embargo, la mala situación que atraviesa este sector deriva en otros problemas que no son la simple subida de los precios o la reducida oferta. El más grave sin duda alguna, y que afecta a propietarios y arrendatarios casi por igual, es el de la 'okupación'.

Cada vez son más altos los niveles de viviendas 'okupadas' que se registran en la ciudad de Madrid y en la Comunidad. Por ello, hay algunos municipios que están tomando cartas en el asunto para intentar luchar contra esta lacra y, a la vez, proteger a sus vecinos.

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Unos optan por instalar dispositivos en las viviendas para intentar evitar que personas extrañas puedan entrar en ellas y quedarse a vivir ahí sin pagar un correspondiente alquiler ni las cuotas de agua, luz o gas. Sin embargo, hay otros pueblos que están optando por otros caminos generando también atención.

Uno de los casos más sonados es la localidad de Pinto, la cual ha pedido a sus vecinos que demuestren la legalidad de su vivienda para así poder ser empadronados. Estas medidas van en la dirección de prevenir las 'okupaciones' ilegales.

Pinto se pone en guerra contra los 'okupas'

Pinto ha tomado cartas en el asunto para intentar proteger a sus ciudadanos. La localidad madrileña ha tomado la decisión de endurecer el padrón. Por ello, las nuevas personas que decidan empadronarse en el municipio deberán demostrar que la posesión de su vivienda es legal.

Esta decisión forma parte de un acuerdo entre el PP y Vox que pretende aumentar el control sobre los empadronamientos fraudulentos que terminan facilitando la 'okupación' ilegal de viviendas.

Por ello, los nuevos vecinos que quieran solicitar su entrada en el censo municipal deberán presentar un título jurídico. Así podrán demostrar que se encuentran en la vivienda de manera legítima sin sospecha de 'okupación'.

Estos títulos podrán ser desde escrituras hasta contratos de arrendamiento pasando por recibos de alquiler vigentes. A pesar de que esta medida ha generado una gran polémica, según ha podido saber EL ESPAÑOL, todo se debe a un programa destinado a "proteger a los propietarios".

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Por eso, se pide "al arrendatario demostrar el vínculo legal con la propiedad a través de dichos contratos, ya que hay muchos abusos en los empadronamientos que dan pie a pseudocupaciones".

Los 'okupas' se han convertido en un dolor de cabeza para muchos pueblos de España y, sobre todo, de la Comunidad de Madrid. Por ello, Pinto no es ajeno a esta situación. Este municipio pretende ser uno de los que lidere la actuación contra esta lacra.

"No podemos cambiar la ley estatal, pero sí podemos actuar en el empadronamiento", decía Salomón Aguado, alcalde de Pinto por el Partido Popular. Por su parte, Miguel Maldonado, portavoz, asegura que "el acuerdo da respuesta a una preocupación real de nuestros vecinos".

Este acuerdo forma parte del gran pacto logrado en la localidad por parte de PP y Vox como parte de la aprobación de los presupuestos de 2025, dotados con 68 millones de euros. Como hasta ahora, la solicitud de empadronamiento se realiza en el Ayuntamiento.

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Sin embargo, hay que entregar el documento original y una copia del mismo, que deberán ser verificados para tramitar el alta. Así, la inclusión en el censo se convierte en una barrera para frenar a los 'okupas'. Si una de estas personas consigue empadronarse, obligarlo a abandonar la vivienda se convierte en una tarea más difícil y lenta porque el 'okupa' adquiere unos derechos sobre ella.

Junto con esta medida, también se han incluido instrucciones específicas para la Policía Local en materia de usurpación, allanamiento y desahucios exprés. Además, también se darán formaciones a los vecinos para que conozcan cuáles son sus derechos y cómo deben actuar.