Una ley de Ayuso salva a Almeida: las terrazas no podrán cerrar más tarde de la 1.30 horas pese al varapalo judicial

La Ordenanza de 2022 modificó los horarios de cierre de las terrazas que establecía la de 2013. En concreto, rebajó la hora de cierre a la 1:30 en lugar de las 2:30 h durante los viernes, sábados y vísperas de festivos desde marzo a noviembre. El revés judicial, sin embargo, no hará que se amplíe ese tope. En este sentido, no se viajará al pasado. La normativa de la Comunidad de Madrid lo impide.

El Gobierno autonómico regula los horarios de apertura y cierre de los locales y establecimientos a través de una orden firmada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior en abril de 2022. En el caso de las sillas y mesas al aire libre, fija la 1:30 horas como tope general durante esos mismos meses.

Desde el Área municipal de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias confirman que la orden regional es una norma superior y, por tanto, prevalece. Una ordenanza "no puede contravenir" una norma regional. Es una ley estatal de 1997 la que establece que los horarios se regularán mediante una orden autonómica.

Durante el resto del año, entre noviembre y marzo, el mandato de la Consejería indica la 1 horas como límite, o el del "propio cierre del establecimiento para el supuesto en que éste deba cerrar con antelación a la 1 horas". Es decir, que las terrazas podrán cerrar antes de esa hora, pero no después. Tanto la Ordenanza de la capital de 2022 como la de 2013 marcan las 00:00 como hora máxima de clausura.

¿Por qué se tumbó la Ordenanza?

Hace un año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó la modificación de la Ordenanza de Terrazas que había elaborado el anterior equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos). En aquella sentencia, la justicia dio la razón al PSOE en tres de los cuatro motivos que expusieron al pedir la nulidad de la normativa.

El tribunal madrileño consideró que se omitieron "aspectos esenciales" a la hora de elaborar el documento que afectaron "al principio de buena administración". El TSJM subrayó que faltaba un "trámite de información pública".

Ahora, el Supremo remarca que "no se puede apreciar el interés casacional y la necesidad" de un pronunciamiento por parte de los jueces. También obliga a Cibeles a pagar 2.000 euros de costas procesales de su recurso.

Nueva ordenanza con "ligeros retoques"

Mientras el Ejecutivo de Martínez-Almeida saca adelante una nueva ordenanza, estará en vigor la que se aprobó en tiempos de Ana Botella. Según explicó el alcalde el miércoles, a efectos prácticos, el Consistorio seguirá concediendo autorizaciones a las terrazas existentes, "tal y como se venían concediendo porque lo que suponen es una renovación respecto a las autorizaciones ya existentes".

Eso sí, para aquellos establecimientos de hostelería que quieran pedir autorizaciones "a partir de ahora será de conformidad con la ordenanza de 2013", dijo el regidor, en declaraciones recogidas por Europa Press. "Todos aquellos que quieran utilizar la ordenanza de 2013 la van a poder utilizar pero durante muy breve plazo de tiempo y, en todo caso, nosotros entendemos que lo razonable sería adaptarnos al status quo existente", indicó.

Respecto a la futura Ordenanza, el primer edil avanzó que será "muy similar" porque la de 2022 ya fue "avalada en el fondo del asunto por parte de los tribunales". "Los tribunales lo que han determinado es que hay un defecto formal al faltar una memoria justificativa que debería haberse aportado", aclaró.

"Se valoró únicamente el aspecto formal porque en el fondo del asunto se entiende que es adecuada", insistió.

"Inseguridad jurídica"

Tras conocer la decisión del Supremo, el concejal socialista Antonio Giraldo recordó que la Ordenanza de 2022 tampoco contó con "un informe de impacto presupuestario" ni una "evaluación del impacto ambiental", hecho "especialmente grave por las afecciones de ruido".

El portavoz del PSOE de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también criticó el "desinterés" del equipo de Gobierno por no tener ya lista una nueva Ordenanza.

Además, explicó que, ahora, el Ayuntamiento tendrá que revisar de oficio todas las licencias y autorizaciones que se hubieran concedido al amparo de la Ordenanza anulada de 2022. "Entramos en un limbo de inseguridad jurídico tremendo, pudiendo ser válidas o no", afirmó.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, remarcó que la sentencia es "otra chapuza y varapalo judicial" para el Gobierno municipal y recordó que "permitió, consintió y financió" durante cuatro años al Grupo Mixto en el pasado mandato.

La líder de la oposición cargó contra el Consistorio por este tipo de recursos, que se pagan "con los impuestos de todos los madrileños".

Vox criticó, a su vez, la Ordenanza de 2022 por crearse "de forma ilegal" y con el voto "en contra" de los de Javier Ortega Smith.