Fachada del antiguo Instituto Homeopático donde Brewster opera como colegio.

Fachada del antiguo Instituto Homeopático donde Brewster opera como colegio. Brewster American Schools Facebook

Madrid Capital

El colegio de lujo de Madrid sin licencia se salva 'in extremis': un juez suspende la orden de cierre

Un tribunal ha estimado la medida cautelar solicitada por la escuela para evitar su cierre inminente. Desde el PSOE alertan: "Sienta un peligroso precedente".

5 diciembre, 2023 18:57

Brewster, el colegio de lujo de Chamberí que funciona sin licencia desde septiembre, podrá seguir dando clases en dos edificios históricos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha estimado la medida cautelar solicitada por la escuela para evitar su cierre inminente, según confirman a Madrid Total fuentes del propio centro educativo y del Área de Urbanismo.

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó la semana pasada el plan especial que allana el camino de Brewster para regularizar su situación urbanística. La Policía Municipal, sin embargo, tenía orden para precintar la sede del colegio el 11 de septiembre si no se resolvían a tiempo todos los pasos administrativos pendientes.

La decisión del juez paraliza la orden de precinto y permite al colegio no cerrar a la fuerza las aulas donde enseña a más de 150 alumnos

En un comunicado, el colegio ha señalado que la Justicia ha tenido en cuenta "los perjuicios que se ocasionarían con el precinto del centro educativo perjudicarían gravemente a los 152 niños escolarizados en pleno curso escolar 2023/2024".

Apertura ilegal

El instituto abrió sus puertas por primera vez el pasado 7 de septiembre sin que el plan especial que tramitaba entonces el Ayuntamiento estuviera aprobado. Comenzó el curso, por tanto, sin la licencia que se le exigía al ocupar un edificio protegido, como es el Hospital Homeopático de Chamberí.

Ante esta situación irregular, la Agencia de Actividades ordenó el cese de actividad y le dio un plazo de 30 días. Una vez agotado este periodo de 'gracia', Cibeles dictó otra orden que fijó el 11 de diciembre como fecha límite para dejar de enseñar en los edificios del número 3 y el 5 de la calle Eloy Gonzalo. 

En medio de esta polémica, la tramitación del plan especial siguió su curso en el Palacio de Cibeles y se aprobó de forma definitiva en el pleno de noviembre. Tras este visto bueno, el colegio solicitó por fin el permiso que exige la ley. 

Salvados de un "grave perjuicio"

El problema que tenía por delante es que la tramitación de una licencia para un edificio protegido suele tardar unos meses. Difícilmente iba a poder esquivar que el 11 de diciembre se plantaran en su sede los agentes municipales. Por eso, su equipo legal se puso manos a la obra y decidió solicitar cautelares en los juzgados. 

La clausura de su sede habría supuesto un "grave perjuicio" a los escolares, remarca el centro, que celebra que dicho argumento es el que "finalmente ha tenido en cuenta el juez, así como, según se lee en su resolución, 'la ponderación de los intereses en conflicto y la clara ausencia de graves perjuicios a los intereses públicos'". 

Cabe destacar que el instituto de origen estadounidense da clases a alumnos de entre 3 y 18 años por un precio aproximado de entre 7.000 y 20.000 euros al año. 

"Peligroso precedente"

La decisión del tribunal ha sorprendido al Grupo Municipal Socialista, el partido que alertó en Cibeles de la situación irregular del centro. "Por supuesto acatamos lo que la justicia dictamine, como no puede ser de otra forma, pero tampoco podemos dejar de señalar el peligroso precedente que esta decisión sienta", señala Antonio Giraldo, responsable de Urbanismo del PSOE en la capital. 

"Nos viene a decir: abra usted ilegalmente -y a sabiendas- su negocio que, si en el momento en que descubren esta circunstancia y le ordenan el cierre, pesa más el perjuicio de sus clientes, en este caso alumnos, que la propia situación de ilegalidad, entonces podrá continuar con ello a la espera de poder regularizarlo en el futuro", argumenta el concejal. 

Giraldo considera, en definitiva, que la decisión judicial supone un "agravio comparativo escandaloso con quienes sí ejercen legalmente su actividad".

A su vez, el edil pide al responsable del Área de Urbanismo, Borja Carabante, que recurra la decisión "como ha hecho recientemente con las cocinas fantasmas de Arganzuela a pesar del varapalo que se ha llevado cuando las han declarado ilegales". 

"Si no estuvo entonces de acuerdo con dicha sentencia, ¿por qué iba a estar de acuerdo ahora cuando le vuelven a dar un varapalo anulando el precinto que dictó?", añade en este sentido.