Las huelgas generales se convocan contra los Gobiernos. Eso es algo que nos dice la teoría, lo dice la historia y, desde esta semana, lo dice también María Jesús Montero, que añadió un matiz sorprendente.
Resulta que esta huelga general se convoca contra la oposición. ¿Quién podía imaginarlo?
CCOO y UGT no habían convocado un paro general desde 2012, ni uno solo en los ocho años de Gobiernos de Pedro Sánchez. Han encontrado por fin un motivo aparente en que el Congreso tumbara dos decretos ley de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts.
Se suma el Sindicato de Inquilinas, una asociación con nombre de sindicato que, precisamente por no serlo, no puede convocar una huelga y necesitaba que alguien le prestara la firma.
Todo esto invita a la indignación, pero me parece más interesante plantearme, como economista, para quién trabaja un sindicato.
Me voy a remontar a Adam Smith, que ya advertía en 1776 que los patronos viven en una especie de coalición tácita para no subir salarios, y que la ley castigaba las coaliciones de trabajadores mientras ignoraba las de los empresarios.
Manifestación en Málaga por el derecho a una vivienda y animando a una huelga general.
Las Combination Acts británicas prohibieron la asociación obrera hasta 1824, y fueron liberales radicales quienes forzaron su derogación.
Tocqueville vería después en las asociaciones voluntarias la escuela práctica de la libertad.
John Stuart Mill fue un poco más allá en sus Principios de economía política (1848). Defendió las coaliciones obreras, los sindicatos, como la única manera de que el asalariado negociara en pie de igualdad con quien le contrata. Con una condición innegociable, la voluntariedad. Quien no quiera secundar una huelga no puede ser obligado a ello.
Los piquetes informativos, por tanto, no tienen cabida en las ideas de Mill.
La razón económica de los sindicatos sigue intacta. Un trabajador aislado negocia en desventaja frente a un empleador que puede esperar más que él. El sindicato iguala fuerzas, agrega información dispersa y ahorra los costes de negociar miles de contratos uno a uno. En términos técnicos, es un agente.
Y todo agente se debe a un principal, en este caso, los trabajadores a los que representa.
"Si dos principales con intereses distintos remuneran al mismo agente, este acaba sirviendo al que más paga y menos vigila"
El problema empieza cuando el agente tiene dos principales. La teoría de la agencia lo describe claramente. Si dos principales con intereses distintos remuneran al mismo agente, este acaba sirviendo al que más paga y menos vigila. En España la afiliación sindical es baja, los convenios se aplican a todos los trabajadores, afiliados o no, y las cuotas pesan poco en las cuentas. El trabajador vigila poco porque paga poco.
El Gobierno, en cambio, paga cada vez más.
La subvención del Ministerio de Trabajo para actividad sindical era de menos de nueve millones de euros en 2020. Subió a 13,8 millones en 2021, a 17 en 2022 y saltó a 32 millones en 2025, cifra que se repite en 2026 pese a los presupuestos prorrogados.
Eso es un 260% más en seis años. Por representatividad, CCOO recibió 12,2 millones en 2025 y UGT, 11,4.
Y los incentivos funcionan como predice la teoría. Ni la inflación del 2022, ni la no deflactación del IRPF, ni la caída del poder adquisitivo, ni los escándalos de corrupción que implican el mal uso del dinero pagado al Estado por los trabajadores. Nada de eso han sido razones suficientes para tomar medidas contra el Gobierno por parte de los sindicatos.
Mientras tanto, la ministra de Trabajo ha desfilado año tras año el primero de mayo junto a los líderes sindicales, protestando contra la situación laboral del país que ella misma gobierna. Es la imagen perfecta del problema: el principal y el agente manifestándose juntos contra un tercero que nunca aparece.
Pero, por fin, esta semana el tercero tiene nombre: la oposición.
"Esa es la relación que interesa a una economía próspera, la de sindicatos y patronal como socios obligados a entenderse"
Mill tenía una idea mejor de lo que debía ser la relación entre trabajadores y empresarios. Su forma preferida de organización era la cooperativa, seguida de la sociedad por acciones, porque obligaba a cada parte a responsabilizarse ante la otra. La competencia en el mercado haría el resto. Las cooperativas que funcionaran se pondrían a la altura de las empresas convencionales, o por encima, y los patronos aprenderían a respetar a los trabajadores.
Cabe leer en Mill también la otra cara, el trabajador que gestiona descubre lo que cuesta el oficio de empresario y aprende a valorarlo.
Esa es la relación que interesa a una economía próspera, la de sindicatos y patronal como socios obligados a entenderse, porque ninguno prospera si el otro fracasa. La propia convocatoria lo reconoce sin querer, cuando pide a las organizaciones empresariales que desbloqueen la negociación colectiva.
Ese es su interlocutor natural, no su enemigo. Y su aliado no debería ser el Gobierno que les financia.
Un último dato. Este verano, una semana después de conocer la subvención récord del Ministerio de Trabajo, de la que reciben unos 24 millones, CCOO y UGT crearon un fondo de ocho millones para compensar a sus huelguistas. Tres euros del Gobierno por cada euro reservado para los trabajadores en huelga.
Podría decirse que estamos ante una huelga contra la oposición, azuzada por el Gobierno y financiada por los ciudadanos, cuyo bolsillo está cada vez más vacío.
Mill no necesitaría más para saber a quién se debe este agente.
