“She's a brick and I'm drowning slowly off the coast and I'm headed nowhere”, Ben Folds
Ni el sindicato ese inventado de inquilinos ni Sánchez y sus socios tienen la menor intención de solventar el problema de la vivienda. Su objetivo es crear una crisis, dividir a la sociedad y que se culpe a los propietarios del fracaso del gobierno.
El resultado de las políticas anti-vivienda de Sánchez es claro: alquileres disparados, escasez de vivienda, promesas de 400.000 viviendas convertidas en nada y 272.000 desahucios. Sánchez ha convertido el problema de la vivienda en una crisis descomunal ahogando la oferta e instaurando la inseguridad jurídica.
El rechazo del Congreso a los decretos-ley del Ejecutivo genera un alivio mínimo. Habrían dejado una crisis que se convertiría en un drama difícil de solventar. Sin embargo, los que piensan que es por ignorancia o incompetencia se equivocan. Es una estrategia para acabar con la propiedad privada y crear una sociedad desesperada que dependa más del gobierno.
La ultraizquierda quiere crear una bomba de relojería en vivienda que le estalle al próximo gobierno para tomar el poder y el control, aunque pierdan las elecciones. Si la oposición cae en el error de comprar su narrativa falaz y propagandista, sólo conseguirá que le echen la culpa del fracaso de Sánchez y todo lo que pase, como hicieron con la crisis de 2008.
Ni el sindicato ese inventado de inquilinos ni Sánchez y sus socios tienen la menor intención de solventar el problema de la vivienda
El Gobierno presentaba sus nuevos decretos de vivienda como un escudo para el inquilino vulnerable. Pero el resultado era el contrario. Los decretos encumbraban la inseguridad jurídica y la aleatoriedad política, con el resultado inminente de eliminar más oferta de alquiler de largo plazo.
El intervencionismo siempre perjudica a quien finge proteger y, en este caso, los más dañados son los vulnerables y clases medias, las mujeres con hijos y los inmigrantes. La locura aprobada por el Gobierno y anulada por el Congreso significaba menos oferta de alquiler estable y precios de entrada más altos para jóvenes, familias y trabajadores que todavía no tienen una vivienda arrendada.
La política de vivienda no se arregla decretando que el propietario soporte los fallos de la Administración. La política social no se hace con la propiedad y los ingresos de los contribuyentes. Para eso pagamos una enorme cantidad de impuestos.
El problema de vivienda se arregla construyendo más, facilitando suelo, acelerando licencias, ampliando de verdad el parque social y ofreciendo seguridad jurídica. Todo lo demás es aumentar la escasez y, después, culpar al mercado de la escasez creada desde el Boletín Oficial del Estado.
Los dos decretos añadían una nueva capa de intervencionismo a un mercado que ya sufría una enorme inseguridad regulatoria.
El intervencionismo siempre perjudica a quien finge proteger y, en este caso, los más dañados son los vulnerables y clases medias, las mujeres con hijos y los inmigrantes
Entre sus medidas figuraban la congelación de rentas, una prórroga de hasta dos años para contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, la renovación automática de los contratos salvo justificación del propietario, la regulación de alquileres de temporada y habitaciones, la suspensión de determinados desahucios hasta 2030 y el veto temporal a compras de vivienda por fondos de inversión para fines considerados especulativos por el gobierno buitre.
También se elevaba la tributación de beneficios no distribuidos de las socimis y se permite duplicar el IBI de viviendas desocupadas durante más de tres años.
Ninguna de estas medidas ponía más viviendas en alquiler de largo plazo ni mejoran la oferta o los precios.
El problema no reside únicamente en cada medida por separado, sino en el mensaje que transmiten en su conjunto. El gobierno buitre que sólo sabe expoliar y confiscar mete la mano en la duración, la renta, las modalidades de arrendamiento, la salida del contrato y hasta la capacidad de inversión, quedando subordinadas a decisiones cambiantes de la política.
Por supuesto, los multipropietarios millonarios de izquierda caviar y el gobierno no sufren las consecuencias. Tampoco las sufren los grandes propietarios y fondos, que tiene capacidad legal y músculo financiero para defenderse. Lo sufren el 80% de propietarios, que son pequeños y no pueden defenderse ante la inquiocupación, la morosidad y el robo.
Ninguna de estas medidas pone más viviendas en alquiler de largo plazo ni mejoran la oferta o los precios
Un contrato de alquiler hubiera sido papel mojado sujeto a aleatoriedad política. Un propietario hubiera dejado de saber cuál es el plazo económico real de su contrato. Un inversor no hubiera podido estimar el coste de capital de un proyecto a varios años.
Además, quien necesita alquilar una vivienda se hubiera encontrado con que, ante el incremento de riesgos, la oferta se evapora, se endurecen las condiciones, se exige más solvencia, se piden garantías adicionales o sencillamente se retira el inmueble del alquiler residencial de larga duración.
La Ley de Vivienda ha sido un fracaso de proporciones monumentales. Allá donde se ha aplicado se ha hundido la oferta, se han disparado los precios y los desahucios son mayores que en donde no se ha aplicado la ley.
Lo que ha hecho el Gobierno es entregarse a la ultraizquierda chillona por interés político y para crear un ambiente de tensión y odio que les sirva estratégicamente en su objetivo de gobernar, aunque no estén en el Gobierno.
Estos decretos, ya decaídos, son la antesala de lo que vendrá si el centro derecha cae en el error de comprar la propaganda falaz de la ultraizquierda y se acobarda. Son la antesala de una guerra de guerrillas contra el progreso, la libertad y la seguridad jurídica.
La ley de vivienda ha sido un fracaso de proporciones monumentales
A esta izquierda casposa, chavista y buitre no le importa el acceso a la vivienda, lo que quieren es administrar y controlar el reparto por adhesión política, por eso defiende a una beneficiaria del privilegio de la intervención franquista.
Sánchez y sus socios no hacen nada por facilitar la construcción de vivienda y garantizar la seguridad en el alquiler. Mientras tanto, disparan la inmigración e importan el empeoramiento de la situación, creando menor disposición a ofrecer un activo cada vez más escaso a largo plazo.
La gran contradicción de estas normas es que beneficiaban temporalmente a quien ya está dentro de un contrato, pero perjudican a todos los que tienen más dificultades para acceder al mercado. Jóvenes, nuevos hogares, familias que se trasladan por trabajo y personas con ingresos medios o bajos que compiten por cada anuncio disponible pasarán, como siempre ha ocurrido en intervenciones similares, a desesperarse por no encontrar nada.
El Banco de España ha advertido de forma clara sobre este mecanismo. El precio del alquiler ha aumentado especialmente en las grandes áreas urbanas porque la demanda ha crecido por encima de una oferta que casi no avanza.
Cuando el Estado impone topes, prórrogas obligatorias o congelaciones sin aumentar el stock, no elimina el coste económico, sino que lo agrava. Demonizar y penalizar al propietario mientras se facilita y premia la ocupación y el impago jamás ha mejorado la oferta ni reducido los precios.
Cuando el Estado impone topes, prórrogas obligatorias o congelaciones sin aumentar el stock, no elimina el coste económico, sino que lo agrava
El aspecto más regresivo de la intervención socialista es que el que ya tiene un alquiler puede conservarlo y quien no lo tiene se va a encontrar más barreras para entrar. El mercado se divide entre protegidos dentro y excluidos fuera.
Por eso han encumbrado a una privilegiada que heredó un contrato de renta antigua que se daba solo a altos cargos de chaqueta blanca, camisa azul y bigote perfilado durante el franquismo.
España no padece un exceso de vivienda disponible y asequible y la mentira del millón de viviendas vacías se ha desmontado mil veces, ya que están en lugares recónditos e inhabitables en muchos casos.
España padece una oferta insuficiente donde vive y trabaja la población. El diagnóstico del Banco de España no deja espacio para la duda: los precios del alquiler reflejan una demanda que ha crecido más deprisa que la oferta, especialmente desde 2015 y en las áreas urbanas.
Sin embargo, los decretos se concentran en maquillar los efectos, no en dar soluciones a las causas. Se regulan más contratos, se limitan más modalidades, se encarece la inversión institucional y se prolonga la incertidumbre judicial, pero no se resuelve el cuello de botella esencial. La falta de vivienda disponible se agrava.
España padece una oferta insuficiente donde vive y trabaja la población
Una política seria debería atacar los obstáculos que impiden aumentar rápidamente el parque de alquiler, liberalizar y movilizar suelo finalista, reducir los plazos de planeamiento y licencias, facilitar la reconversión y rehabilitación de inmuebles, impulsar vivienda asequible, dar seguridad jurídica al arrendador y financiar desde los Presupuestos la política social de vivienda, en vez de trasladarla de facto a propietarios concretos.
El Estado no puede presumir de protección social cuando impone la carga de esa protección a un ciudadano particular que alquila una vivienda. Si una familia vulnerable necesita una alternativa habitacional, la respuesta debe ser parque social, ayudas directas, vivienda transitoria y coordinación administrativa.
No convertir al propietario en un servicio social obligatorio sin reglas estables, sin indemnización suficiente y con un horizonte temporal cada vez más incierto.
El veto durante dos años a la compra de vivienda por fondos de inversión para usos definidos como especulativos es otro error de diagnóstico. España necesita más capital destinado a construir, rehabilitar y profesionalizar la oferta de alquiler, no menos.
Demonizar a los fondos puede ser rentable en términos de propaganda, pero no construye una sola vivienda. Las grandes ciudades europeas con mercados de alquiler más amplios suelen combinar parque público, cooperativas y capital privado profesional. Excluir inversión no abarata el alquiler, hace que haya menos vivienda disponible y menos recursos para desarrollos nuevos.
El Estado no puede presumir de protección social cuando impone la carga de esa protección a un ciudadano particular que alquila una vivienda
El Banco de España ya identifica el “escaso dinamismo de la inversión del sector privado institucional” como uno de los elementos que limita la oferta residencial de alquiler. Penalizar a las socimis y prohibir temporalmente compras de determinados actores va exactamente en la dirección contraria al reducir la inversión potencial
La prolongación de la protección frente a determinados desahucios hasta 2030 es especialmente reveladora. Una medida concebida como extraordinaria se convierte en estructural.
Y con ello se consolida la idea de que el derecho de propiedad y el cumplimiento de un contrato pueden quedar suspendidos durante años según categorías administrativas, informes, circunstancias políticas o futuras prórrogas legislativas. Proteger al vulnerable no equivale a normalizar que el propietario cargue de forma indefinida con una política pública que corresponde financiar y ejecutar al Estado.
Una política social responsable identifica al vulnerable, aporta una solución habitacional y compensa, si procede, a quien soporta la carga. Una política improvisada paraliza procedimientos, alarga plazos y convierte la recuperación de la vivienda en imposible.
El resultado es previsible, con menos oferta, más exigencias de entrada y mayor desplazamiento hacia fórmulas de menor duración o mayor blindaje contractual.
Proteger al vulnerable no equivale a normalizar que el propietario cargue de forma indefinida con una política pública que corresponde financiar y ejecutar al Estado
Los decretos no corrigen el problema de la vivienda, lo agravan. No amplían la oferta, aumentan el riesgo de poner una vivienda en alquiler. No abaratan el acceso, elevan el incentivo a repercutir incertidumbre en los contratos nuevos. Y no protegen a los vulnerables, los hacen depender de un sistema de prórrogas, excepciones y arbitrariedad política.
La vivienda no necesita más titulares contra propietarios, fondos o caseros. Necesita reglas estables, seguridad jurídica, oferta abundante y una política social financiada por todos, no confiscada de unos pocos.
El Gobierno ha convertido la vivienda en una bomba de inseguridad jurídica y aleatoriedad política, pero no lo hace por incompetencia ni por desconocimiento.
El Gobierno es el verdadero buitre carroñero, que no solo se ha quedado con el 100% de la subida de salarios de los españoles, crujiéndoles a impuestos, se queda con el 100% de miles de herencias de ciudadanos expoliados, y ha incumplido todas sus promesas de mejora del parque de vivienda.
El Gobierno ha convertido la vivienda en una bomba de inseguridad jurídica y aleatoriedad política
Este Gobierno buitre, donde todos los miembros son propietarios y multipropietarios y rentistas, como ellos llaman a los demás, busca mejorar el acceso a la vivienda sino expoliar y expropiar lo que quede para seguir lucrándose de asfixiar al que crea riqueza e importar pobres sumisos que les mantengan el poder.
La estrategia de odio y envidia no busca mejorar la oferta, busca politizar el racionamiento. Se hace por estrategia política. Crear una crisis que deje a miles de ciudadanos desesperados que terminen culpando a los mismos propietarios a los que el gobierno ha expoliado para avanzar en su ansia expropiatoria.
Ellos saben que estas medidas no van a mejorar precios, oferta ni oportunidades. Solo esperan que les explote en la cara a sus adversarios políticos, gobiernen o no. Caer en su narrativa es firmar el certificado de defunción de la oposición. O se enfrentan con toda la fuerza de la verdad, o les arrasarán.
La izquierda no está en contra de la propiedad, solo quiere la tuya.
