El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Gobierno, no los lobbies, son los responsables por velar por la transparencia y de luchar contra la corrupción
Dicen que las prisas son malas consejeras, y sin duda el refrán ha sido veraz en cuanto al intento desesperado del Gobierno de aprobar y refrendar en el Congreso de los Diputados, un Real Decreto Ley que Regula la Actividad de los Grupos de Interés, o lobbies. Real Decreto Ley que ha sido derogado en menos de un mes por una mayoría amplia de diputados en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno justificó la urgencia de regular la actividad, por pelas. Doscientos sesenta millones de los fondos europeos, si no se refrendaba la ley en el Congreso. Pero también por principios. Principios como la democracia, la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas en la gobernanza y en la administración pública, la lucha contra la corrupción, y para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
En el preámbulo del Real Decreto Ley, el Gobierno habla de la necesidad de garantizar que los procesos de toma de decisiones públicas “sean procesos abiertos y transparentes que permitan la participación ciudadana, garanticen la orientación de las políticas públicas hacia el interés general y, al mismo tiempo, faciliten la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, y acto seguido, que “la regulación de la actividad de los grupos de interés constituye un factor muy relevante en la construcción de una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas”.
Paremos ahí un momento. No entiendo. Si el objetivo de este Real Decreto Ley es garantizar la transparencia en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de la administración pública ante la ciudadanía, ¿por qué regular a los lobbies?
Ni los lobbies, ni los profesionales que ejercen de lobbyistas, toman decisiones públicas, ni son guardianes de la democracia, ni tienen que velar por el interés general, ni les corresponde implementar acciones que ayudan a construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
Basta con crear un Colegio Profesional de Lobbyistas, cuya función sería vigilar la ética en el comportamiento de los lobbyistas colegiados
Las responsabilidades de transparencia y de rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas, recaen, exclusivamente en los políticos, al Ejecutivo y al Legislativo. Es a ellos a quienes la sociedad debe exigir una cultura férrea de transparencia y de rendición de cuentas.
Regular a los lobbies para luchar contra la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas y la corrupción en la administración pública, es como regular a los médicos para luchar contra el tabaquismo, obligándoles a registrarse para poder tratar a sus pacientes fumadores.
Me alegro, y hasta me enorgullece saber que tanto el Gobierno, como la Comisión Europea consideran que los grupos de presión son una parte legítima del sistema democrático.
Apoyo al 100% que nuestras actividades sean públicas mediante la creación de registros públicos donde se identifican claramente a los profesionales que ejercen de lobbyistas y que “presionan” al Gobierno, al Legislativo, y a la Administración Pública para que tomen en cuenta los intereses de sus clientes o grupos de interés a la hora de adoptar decisiones públicas.
Pero señores, o hablando en jerga política, sus señorías, insisto, si lo que quieren es garantizar la transparencia en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de la administración pública ante la ciudadanía, adopten una ley que regule la actividad de las autoridades públicas y que les obligue, por ejemplo a publicar todas sus actividades públicas diarias, y con quién se han reunido, y para qué, y que les prohíba ejercer de lobbyistas al dejar su cargo público, o de reunirse con las autoridades públicas en activo cuando dejen el cargo.
No es tan difícil. Si las autoridades públicas tienen la obligación de publicar, de forma abierta y transparente, todas sus reuniones y sus actividades públicas diarias, los ciudadanos sabrán quien cumple o incumple con dichas obligaciones….
Otra cosa, muy distinta, es un intento de profesionalizar al sector de lobby y los lobbyistas. Pero para eso no hace falta una ley. Basta con crear un Colegio Profesional de Lobbyistas, cuya función sería vigilar la ética en el comportamiento de los lobbyistas colegiados, proteger al ciudadano en caso de abuso por parte de un colegiado, y colaborar con las autoridades públicas en asuntos que afectan al sector, como pueden ser la competencia desleal, la corrupción, y la falta de transparencia y/o de ética a la hora de llevar a cabo sus actividades.
Sin prisas, con un debate transparente, y que incluya la participación de todas las partes interesadas, sobre todo a los ciudadanos, estoy seguro de que el Gobierno puede adoptar decisiones públicas equilibradas y efectivas que ayuden a garantizar la transparencia en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de la administración pública, así como a profesionalizar al sector de los grupos de interés y sus lobbyistas.
***Sebastián Mariz, dueño y director general de inFluenze España, es el lobbista con mayor antigüedad en el país, con más de 30 años en esta actividad en España, y en Bruselas.
