“I can´t stand it no more” Peter Frampton.
La obsesión intervencionista del Ministerio de Sanidad vuelve a demostrar que, cuando un Gobierno regula por impulso ideológico, a menudo termina provocando exactamente lo contrario de lo que dice perseguir.
La nueva ofensiva antitabaco impulsada por Mónica García nace envuelta en una lógica de prohibición a toda costa, con costes evidentes para la hostelería, el turismo, el transporte profesional y los consumidores adultos.
Además, llega en un momento en el que la propia Unión Europea está revisando su marco regulatorio común sobre productos del tabaco y la nicotina. Es, por lo tanto, innecesaria, perjudicial y redundante.
La cuestión no es si debe existir regulación, sino si esa regulación es proporcionada, eficaz y coherente con el entorno europeo. Y ahí es donde la propuesta del Ministerio fracasa de antemano.
No solo existe un amplio rechazo sectorial a la prohibición de fumar, incluyendo el vapeo, en terrazas, al equiparar sin suficiente evidencia científica situaciones, productos y riesgos distintos. No se debe ignorar el impacto negativo que estas medidas pueden tener sobre miles de pymes y sobre sectores estratégicos para la economía española como la hostelería y el turismo.
En política, el exceso regulatorio suele aparecer cuando faltan resultados y los políticos se escudan en normas absurdas para disfrazar su falta de eficacia. Esta nueva decisión intervencionista llega en un contexto marcado por el desgaste del Gobierno, por el fracaso de muchas de sus políticas, desde la vivienda hasta el desastre de resultados en salarios reales netos, y por los escándalos de corrupción que erosionan la credibilidad del Ejecutivo.
Ante el desplome de Sumar, los casos de corrupción y la mala gestión que está generando huelgas en el sector sanitario en toda España, el Ministerio de Sanidad parece apostar por una ley de alto voltaje simbólico, pensada más para generar titulares que para resolver los problemas urgentes del sistema sanitario.
No olvidemos que esta ofensiva legislativa convive con asuntos mucho más graves y perentorios, como las listas de espera, la situación de los profesionales sanitarios o las necesidades de financiación del sistema.
Para la ministra de Sanidad, esta nueva medida intervencionista es un falso balón de oxígeno que permite desviar la atención de la situación calamitosa de los sectores dependientes de su ministerio.
El Ministerio de Sanidad confunde titular con eficacia
Esa desproporción entre prioridades reales y activismo normativo explica buena parte del rechazo que está suscitando la iniciativa. La reforma no se presenta como un ajuste técnico, sino como una nueva exhibición de poder absoluto administrativo sobre la vida cotidiana, sobre la actividad económica y sobre decisiones personales de adultos responsables e independientes.
Cuando un ministerio pretende compensar su debilidad política con una sobrerregulación aparatosa, el resultado nunca es una mejora de la salud pública, sino una mezcla de conflicto social, inseguridad jurídica y pérdida de legitimidad institucional.
Uno de los ejemplos más claros es la prohibición de fumar en terrazas. El sector hostelero considera que la medida es desproporcionada y que, lejos de eliminar el consumo, va a desplazarlo a las inmediaciones de los locales, generando problemas de convivencia y cargando sobre bares y restaurantes una responsabilidad que no les corresponde. La norma no resuelve el problema, sino que lo mueve físicamente unos metros mientras multiplica el coste económico y operativo para quien da empleo y sostiene la actividad.
Este es el patrón clásico del intervencionismo mal diseñado. El Ministerio de Sanidad confunde titular con eficacia.
Prohibir algo en un espacio abierto puede ofrecer una apariencia de contundencia política, pero si la conducta simplemente se traslada a otro lugar, el resultado material es inexistente y el coste reputacional y económico es elevado. La regulación deja de ser una herramienta de salud pública y pasa a convertirse en un instrumento de disciplinamiento simbólico.
El enfoque prohibicionista termina siendo contraproducente incluso desde la lógica sanitaria
La dimensión europea agrava todavía más el error del Ministerio de Sanidad. La Comisión Europea explica que la Directiva de Productos del Tabaco de 2014 regula aspectos como fabricación, presentación y venta de tabaco y productos relacionados, incluidos cigarrillos electrónicos, envases, ingredientes, trazabilidad y notificación de productos innovadores.
Además, la propia Comisión publicó en abril de 2026 una evaluación del marco legislativo de control del tabaco para examinar su eficacia, eficiencia, relevancia, coherencia y valor añadido europeo, precisamente con vistas a estudiar su posible revisión.
Por tanto, el Gobierno de España no está actuando en un vacío normativo. Está intentando adelantar por la vía nacional un endurecimiento regulatorio mientras Bruselas examina cómo actualizar un marco común para todo el mercado interior que sea adecuado a los objetivos de salud.
¿Qué sentido tiene imponer restricciones especialmente severas antes de conocer el resultado del debate europeo? Lo razonable sería esperar al resultado del proceso comunitario antes de colocar a España en una posición de aislamiento regulatorio frente a otros países europeos.
Sin embargo, el objetivo del Ministerio no es adaptarse a normas cuando su eficacia está probada, sino avanzar en un normativismo punitivo que trata a los adultos como adolescentes y solo busca titulares.
![Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11320536.jpg?p=w:320\/h:240&h=CVmRWODr"])
Otro de los problemas centrales es la ausencia de una diferenciación adecuada entre productos. Existen varios estudios que apuntan a una exposición ambiental significativamente inferior en productos sin combustión respecto del cigarrillo convencional.
Por lo tanto, incluirlos en el mismo paquete prohibicionista exigiría una justificación específica basada en evidencia real de exposición y riesgo, especialmente en espacios exteriores. Nada de eso se ha hecho.
Solo se busca prohibir, aunque el impacto sea negativo para las empresas e irrelevante en el consumo. Si el regulador no distingue entre riesgos diferentes, deja de aplicar el principio de proporcionalidad y empieza a legislar desde el prejuicio.
El enfoque prohibicionista termina siendo contraproducente incluso desde la lógica sanitaria. Una regulación que no discrimina entre combustión y alternativas de menor exposición termina desincentivando estrategias más sanas y empujando al consumidor a permanecer en opciones más nocivas. Con ello, la política pública deja de minimizar daños y se limita a castigar conductas.
No podemos olvidar los sectores directamente afectados, que además son los más afectados por toda la cantidad de errores legislativos del Gobierno, desde los impuestos confiscatorios, al problema del absentismo.
La hostelería, el turismo, el transporte profesional, las asociaciones de consumidores, familias y productores alertan de consecuencias que van desde la pérdida de atractivo turístico hasta el aumento de tensiones para trabajadores del transporte.
También mencionan el perjuicio a regiones como Extremadura, donde el cultivo del tabaco tiene un peso significativo en empleo rural, inversión y crecimiento.
En una economía que depende intensamente de servicios, turismo y tejido pyme, despreciar esos efectos no es rigor sanitario, sino frivolidad regulatoria, especialmente cuando la normativa que se quiere aprobar solo traslada el consumo y empuja a alternativas más nocivas.
Un Estado que interviene de manera cada vez más invasiva en ámbitos de decisión personal sin razonamientos claros ni construir consenso social suficiente, refleja arbitrariedad y totalitarismo.
Con ello, se debilita la confianza en la regulación seria, que debería reservarse para medidas necesarias, justificadas y evaluadas con rigor.
La nueva ley antitabaco es un ejemplo más de la obsesión por intervenir, aunque el resultado sea negativo, el coste elevado y el momento político inoportuno. Mónica García no solo promueve una norma discutible en su contenido.
También la impulsa como si España pudiera legislar al margen de un debate europeo en marcha. Además, la ve como si las prioridades sanitarias del país fueran hoy las terrazas, los vehículos profesionales o la exhibición punitiva frente al consumidor adulto.
El intervencionismo es una coartada para aparentar acción política y, con ello, el Gobierno acaba incurriendo en el peor error, que es aprobar medidas que no solucionan problemas, erosionan la actividad económica y deterioran la credibilidad de las instituciones.
La obsesión intervencionista de Sanidad no es una muestra de fortaleza reformista, sino un ejemplo de intervencionismo sectario y punitivo que, como siempre, consigue exactamente lo contrario de lo que proclama.
