Limitar el análisis de la trama "SEPI 2" a un fraude contable o a una mera red de comisiones ministeriales es incurrir en una miopía intelectual imperdonable. La gravedad extrema de las revelaciones de la UCO no radica en la cuantía del botín, sino en lo que conceptualmente representa: una nueva metástasis de un sistema de rapiña institucionalizada cuyas ramificaciones y límites empiezan a ser verdaderamente inimaginables.
El orden institucional español no padece focos aislados de corrupción; sufre una infección generalizada donde buena parte del aparato estatal ha sido capturado por una red delictiva encaminada al expolio sistemático y a blindar éste de los sistemas de control.
El Estado se ha convertido en lo que Mancur Olson denominó en su libro Poder y Prosperidad el "bandido estacionario". Un poder que, habiendo monopolizado los mecanismos de coacción legítima, maximiza la extracción de rentas no para proveer bienes públicos, sino para alimentar los circuitos de una estructura clientelar y mafiosa.
La "SEPI 2" es una extensión de las tramas que infectan el caso de los hidrocarburos, muchos de los contratos sanitarios de la pandemia y, por desgracia, es sólo la punta de un inmenso iceberg .Todos estos escándalos responden a una matriz única: el uso del poder estatal para el saqueo a favor de una oligarquía cleptocrática.
La mecánica operativa de esta subversión institucional ha sido explicada con suma precisión por la Teoría de la Elección Pública (Public Choice). Cuando los incentivos políticos sustituyen a los de mercado, la eficiencia es reemplazada por el parasitismo de los distintos grupos de interés.
Cuando el poder político destruye la separación de poderes e invade los contrapesos regulatorios del Estado, los límites al saqueo desaparecen
En el ecosistema de la SEPI, convertido en el epicentro de esta segunda oleada de revelaciones criminales, la asignación de recursos públicos no persiguió la preservación de la solvencia de empresas viables en situaciones críticas, sino la maximización del beneficio personal y faccional de un sanedrín político.
Al diluir los procedimientos reglados de control, el Gobierno creó un mercado negro de favores regulatorios y financieros donde el "conseguidor" y el comisionista se erigen como los agentes económicos dominantes. La empresa privada ya no compite en el mercado por el favor del consumidor, sino por lograr el favor de una banda en los pasillos de la SEPI y sus aledaños.
Cuando el poder político destruye la separación de poderes e invade los contrapesos regulatorios del Estado, los límites al saqueo desaparecen. La discrecionalidad total engendra la impunidad total.
Esta metástasis institucional es el destino fatal de la agenda del actual Ejecutivo, cuyo fin supremo es la consecución del poder absoluto y la demolición de cualquier límite a su ejercicio.
Como advirtió de forma premonitoria Friedrich Hayek en Los fundamentos de la libertad, la decadencia de una civilización comienza cuando la ley abstracta, general y predictible desaparece, las normas se vuelven líquidas y los criterios de asignación económica pasan a depender de la proximidad a la casta del Partido-Gobierno.
El ciudadano ya no es un sujeto de derechos protegido por la ley, sino una mera base imponible sujeta a una exacción sin restricciones
El tejido productivo y los ciudadanos se transforman en meros siervos de un entramado extractivo que drena los recursos de los creadores de riqueza para transferirlos a una red clientelar que asegura la supervivencia del Régimen.
La dimensión "inimaginable" de los límites del latrocinio al que se asiste atiende a una causa: ya no existen frenos morales ni institucionales en el puente de mando del Estado. En un entorno donde el controlador está compinchado con el controlado/s, la metástasis avanza sin oposición.
El fondo de solvencia de la SEPI, dotado con el dinero detraído a millones de familias y autónomos asfixiados por la inflación y los impuestos, se convirtió en el cajero automático de una corporación mafiosa encaramada al poder. Lo que la UCO ha desenterrado es la confirmación de que la arbitrariedad y la corrupción ya no es un subproducto del sistema, sino su motor central.
Bajo este prisma, la degeneración del Estado español adquiere tintes trágicos. El ciudadano ya no es un sujeto de derechos protegido por la ley, sino una mera base imponible sujeta a una exacción sin restricciones.
La riqueza generada por el sector privado es confiscada mediante un aparato impositivo asfixiante para ser distribuida discrecionalmente entre las corporaciones zombis que rinden pleitesía al Régimen y han contratado los servicios de una trama delictiva.
La "SEPI 2" demuestra que los rescates empresariales fueron concebidos como un gigantesco peaje: el capital público solo fluía hacia aquellas entidades que aceptaban el arbitraje de los mediadores, institucionalizando el soborno como el coste de transacción estándar de la economía española.
No se está, por tanto, ante una crisis episódica que pueda corregirse con paños calientes, comisiones parlamentarias o reformas cosméticas. España asiste a la quiebra moral del modelo de Estado intervencionista y providencialista.
La metástasis es tan profunda que la única terapia viable es la extirpación radical: el desmantelamiento inmediato del holding público SEPI, la drástica reducción del tamaño del Estado, la restauración de las instituciones de la democracia liberal y la devolución inmediata de la soberanía económica a los ciudadanos mediante la liberalización de los mercados, y una rebaja impositiva que prive al Leviatán de su combustible financiero.
Continuar contemporizando con esta estructura mafiosa, justificar el tamaño hipertrófico del Estado bajo la falacia del "escudo social", es ser cómplices conscientes de la liquidación definitiva de nuestra libertad, de nuestra seguridad jurídica y de nuestra prosperidad como nación libre.
