En la España del progreso climático y la agenda 2030, donde cada verano se convierte en un ritual de llamas y discursos grandilocuentes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte de la extinción reactiva mientras abandona la prevención a la deriva de la burocracia y la ideología.
Los datos son demoledores y no admiten excusas: en 2025 se calcinaron cerca de 355.000 hectáreas, con decenas de miles de evacuados y víctimas mortales. En 2026, ya se superan las 150.000 hectáreas en pleno verano, con grandes incendios multiplicados y un paisaje que parece un campo de batalla carbonizado.
El modelo es tan previsible como ineficaz: el 78% de los recursos se destina a apagar fuegos y apenas un 12% a prevención y adaptación del territorio. Un disparate económico y ecológico que es el resultado inevitable de un Estado hipertrofiado, fragmentado en competencias autonómicas mal coordinadas y preso de una mentalidad cortoplacista.
Se gasta una fortuna en hidroaviones que no llegan, en promesas incumplidas de flotas aéreas y en operativos de emergencia que llegan tarde, mientras los montes se convierten en polvorines por falta de gestión activa.
La prevención no es una prioridad porque no genera titulares en telediarios ni fotos épicas de presidentes con casco en el Puesto de Mando. Limpiar montes, recuperar usos agroforestales tradicionales, fomentar ganadería extensiva, crear mosaicos de paisaje que frenen el avance del fuego o ejecutar quemas prescritas requiere trabajo silencioso, coordinación real y, sobre todo, confrontar intereses ideológicos enquistados.
La AIReF ya ha señalado la baja materialización de inversiones en gestión forestal
Mejor culpar al cambio climático —ese comodín universal— y al abandono rural, como si estos fenómenos fueran ajenos a políticas públicas erráticas. El 95% de los incendios son de origen humano, muchos por negligencia o uso tradicional del fuego en un campo despoblado y mal gestionado. Pero reconocerlo implicaría admitir que el problema es de incentivos y gobernanza.
El Gobierno central se lava las manos y remite a las comunidades autónomas, que a su vez chapotean en una maraña de normativas, recortes disfrazados y clientelismos. Se prometen 14 aviones anfibios FOCA y aparecen la mitad operativos. Se anuncian despliegues históricos y luego se reconoce que la flota es obsoleta, con averías recurrentes y ejecución lamentable de fondos europeos.
La AIReF ya ha señalado la baja materialización de inversiones en gestión forestal. Mientras tanto, la inversión en prevención se ha desplomado en la última década en muchas autonomías, priorizando lo visible —extinción— sobre lo esencial.
España dedica decenas de euros por hectárea a combatir el fuego y migajas a evitar que prenda. La consecuencia es previsible: paisajes cargados de biomasa continua, bosques inflamables en algunas regiones, abandono de cultivos y una interfaz urbano-forestal cada vez más vulnerable.
Este fiasco no es fruto de la casualidad. Es el producto de un intervencionismo miope que sustituye la responsabilidad individual y la gestión privada del monte por planes grandiosos, decretos y comités que nadie cumple. Los propietarios forestales, mayoritarios en España, claman por incentivos fiscales, simplificación administrativa y libertad para gestionar sus tierras.
Sánchez posa ante las llamas como si fuera un bombero honoris causa
En cambio, reciben opacidad, cargas regulatorias y un Estado que llega tarde con bomberos y helicópteros mientras los montes arden. La fragmentación competencial —competencia autonómica con apoyo estatal subsidiario— genera un festival de reproches cruzados y una falta de responsabilidad. Nadie paga por los errores estratégicos. Los contribuyentes, sí.
La ideología agrava el desastre. La obsesión por la renaturalización sin gestión activa, el rechazo implícito a intervenciones “antiecologistas” como clareos o pastoreo controlado, y la prioridad a la narrativa climática sobre la ingeniería forestal han dejado el territorio indefenso ante el fuego.
Expertos como los de WWF o fundaciones especializadas llevan años advirtiendo: necesitamos adaptar el paisaje, gestionar el combustible vegetal y recuperar economías rurales vivas.
Pero eso requiere humildad ante la evidencia y abandonar dogmas verdes que convierten el monte en un santuario intocable hasta que arde. Entonces llega la UME, los aviones y los discursos de unidad nacional mientras las cenizas aún humean.
Económicamente, el coste es astronómico. No solo en extinción (600-700 millones anuales) sino en pérdidas de biodiversidad, erosión del suelo, impacto turístico, agrícola y en vidas humanas.
Cada hectárea quemada es riqueza destruida y oportunidad perdida. Un país con 30 millones de hectáreas forestales, muchas en manos privadas, no puede permitirse esta ineficiencia crónica.
La solución pasa por alinear incentivos: deducciones fiscales por mantenimiento activo, simplificación de trámites para propietarios, seguros vinculados a buenas prácticas, coordinación efectiva sin recentralización asfixiante y priorizar la prevención sobre la propaganda. Gestionar el 1% de la superficie forestal anual con criterios productivos y resilientes no es utopía; es sentido común.
En lugar de ello, el Gobierno ofrece parches, excusas climáticas y burocracia. Sánchez posa ante las llamas como si fuera un bombero honoris causa, mientras la realidad demuestra que su modelo reactivo y estatista ha fracasado.
España no necesita más planes nacionales de papel ni más gasto público mal ejecutado. Necesita desmontar la ineficiencia institucional, liberar la iniciativa privada en el monte y pasar de la piromanía preventiva a una política adulta de gestión del riesgo.
Los incendios no son solo un problema ambiental; son el espejo de un Estado que promete todo y no resuelve nada. Mientras no cambien las reglas del juego —incentivos perversos, irresponsabilidad difusa y cortoplacismo político—, cada verano se repetirá el mismo drama: montes en llamas, contribuyentes pagando la factura y políticos buscando culpables lejanos. España merece algo mejor que esta combustión controlada por incompetencia.
