El ministro de Hacienda, Arcadi España.
Cuando Pericles quiso desnudar el genio de Atenas, no presumió de muros ni de flotas. Dijo que su ciudad era distinta porque las cuentas se discutían en la plaza, a la vista de todos.
Tucídides lo recogió como elogio supremo ya que el poder que rinde cuentas es más fuerte, no más débil. Veinticinco siglos después, en una democracia europea madura, llevamos tres años seguidos sin que el principal documento del Estado pase por esa plaza. Y casi nadie se inmuta.
El dato es sobrio y elocuente. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 rigen todavía en 2026, prorrogados por tercera vez consecutiva al amparo del artículo 134 de la Constitución.
Es la primera vez en democracia que una legislatura entera transcurre sin presupuesto propio. Lo que el constituyente diseñó como salvavidas para bloqueos puntuales se ha vuelto método ordinario de gobierno. La excepción se ha hecho costumbre, y la costumbre apenas escandaliza ya.
Conviene nombrar el problema con precisión, porque la imprecisión es la antesala del descuido. Lo que falla aquí no es la caja pues como bien sabemos hay récord ingresos, hay gasto, se pagan pensiones y nóminas. Lo que falla es el control.
Un presupuesto no es solo una hoja de cálculo, es un contrato de agencia entre quien manda y quien paga
Un presupuesto no es solo una hoja de cálculo, es un contrato de agencia entre quien manda y quien paga. El ciudadano delega en el Parlamento, y el Parlamento autoriza al Ejecutivo a gastar bajo condiciones tasadas y revisables cada año.
Cuando esa autorización se congela y el Gobierno la modifica luego por su cuenta, el contrato se desequilibra. Reaparece el viejo problema de agencia y es que el agente gestiona recursos ajenos sin que el principal pueda vigilar el cómo ni el cuánto.
Los economistas sabemos que ese desajuste no es neutral. Quien gasta dinero que no es suyo, y sin que nadie le mire la mano, tiende a gastarlo peor. No por maldad, sino por incentivos.
El presupuesto anual es el mecanismo que alinea al gestor con el dueño del dinero, y su discusión pública es la auditoría previa que disciplina la decisión antes de tomarla, no después de pagarla. Sin ese filtro, el gasto se reorienta por la puerta de atrás, partida a partida, sin la mirada de conjunto que obliga a elegir y a renunciar.
El Gobierno tiene previstos 131 decretos en 2026 para hacer por orden ejecutiva lo que no consigue por ley. Cada decreto, por separado, puede ser razonable pero el conjunto dibuja otra cosa. Y mientras tanto, el techo de gasto no financiero para 2026 se fija en su cifra récord, sobre una deuda pública todavía cercana al 100% del PIB.
La fiscalidad sin presupuesto deliberado pierde su contrapartida: pagamos impuestos a cambio de un plan que ya nadie debate
Se gasta más, se planifica menos y se rinden menos cuentas. Los tres movimientos a la vez, y en la misma dirección. Aquí asoma además el coste oculto como es que la productividad de un euro público depende de que se asigne a su mejor uso, y nada garantiza peor esa asignación que un presupuesto fosilizado en las prioridades de hace tres ejercicios.
Conviene además recordar para qué sirve un presupuesto que merezca el nombre. Sirve para que el dinero del contribuyente se discuta antes de gastarse, no para que se justifique después. Una prórroga indefinida invierte ese orden: primero se decide, luego se explica, si acaso.
El Parlamento, que debería autorizar, queda reducido a convalidar lo ya hecho, y a veces ni eso, como recordó el rechazo del Congreso al decreto del alquiler. La separación de poderes no se deroga por ley; se erosiona por costumbre, despacho a despacho, hasta que un día el equilibrio que dábamos por descontado ha desaparecido sin que nadie firmara su acta de defunción.
Hay aquí una lección que David Hume entendió mejor que muchos contemporáneos. En sus ensayos sostuvo que las instituciones deben diseñarse como si todo gobernante fuera un bellaco, no porque lo sea, sino porque solo así el sistema resiste cuando alguno lo es. El control parlamentario del gasto no es una formalidad molesta ni un trámite del que conviene librarse en nombre de la eficacia.
Es precisamente la cautela que protege al ciudadano del gobernante imprudente, y al buen gobernante de su propia tentación. La fiscalidad sin presupuesto deliberado pierde su contrapartida: pagamos impuestos a cambio de un plan que ya nadie debate.
Renunciar a ese contrapeso por comodidad táctica equivale a desmontar el pararrayos porque hace tiempo que no truena. La tormenta llega siempre, y entonces se echa de menos.
De modo que la pregunta no es si el Estado funciona sin presupuesto nuevo. Funciona, como funciona un coche con el cuentakilómetros tapado, es decir, avanza, pero nadie sabe a qué velocidad ni hacia dónde.
Pericles presumía de que en Atenas las cuentas se discutían en voz alta. Aquí hemos descubierto algo más cómodo, como es gobernar sin presentarlas. Es eficiente, sin duda. Lo era también el cuentakilómetros tapado, hasta la curva.
*** Fernando Pinto es profesor Titular de Economía Aplicada de la URJC.
