Esta semana, el mismo gobierno que lleva más de tres años, el período más largo en democracia, sin aprobar unos presupuestos nacionales, acudió al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas a proponer el presupuesto europeo más ambicioso de la historia. Reclamó que el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 alcance el 2% del PIB comunitario, financiado con nueva deuda conjunta.
El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, se fue incluso con un logro, introdujo en la declaración conjunta una referencia explícita a la emisión de deuda común. En realidad, una propuesta coherente con la idiosincrasia del Gobierno de Sánchez.
La paradoja es política, pero también es contable. En eso reside el primer problema del debate europeo, es un trampantojo. Nadie está discutiendo lo que dice que discute. Como señala el Informe de Fundalib y EpiCenter sobre un Marco Financiero Alternativo para la UE, presentado la semana pasada, la Comisión presenta un presupuesto de casi dos billones de euros, el mayor de la historia de la Unión.
Pero en realidad esa cifra no es correcta si no se resta lo que no es gasto nuevo: 168.000 millones de euros destinados exclusivamente al reembolso de la deuda de los fondos Next Generation EU.
Una vez excluida esa partida, que no financia cohesión, ni agricultura, ni defensa, sino la factura de lo que ya se gastó durante la pandemia, el incremento real respecto al marco 2021-2027 es de apenas el 0,02% de la Renta Nacional Bruta. Lo dijo el propio Parlamento Europeo al fijar su posición negociadora en abril, con el mismo dinero real no se pueden abarcar las inversiones en los nuevos objetivos estratégicos. El presupuesto más grande de la historia es, en términos reales, casi idéntico al anterior, una vez que paga sus propias deudas.
El problema de la posición española es que es incoherente con la aritmética
Este matiz es el núcleo del viejo conflicto entre bloques, y que lleva semanas endureciéndose. España encabeza el grupo de los llamados "Amigos de la Cohesión", quince países, principalmente del sur y el este, que reclaman mantener e incrementar los fondos de la PAC y la cohesión territorial.
En el otro extremo, el club de los frugales, Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia, que exige recortar esas partidas y redirigir el dinero hacia defensa y competitividad.
Finalmente, el borrador actual de la Comisión ya recoge recortes reales del 15% en los fondos que más afectan a España, lo que se traduce en más de 7.000 millones de euros menos en ayudas de la PAC.
El problema de la posición española es que es incoherente con la aritmética. Para evitar esos recortes sin aumentar las contribuciones nacionales, algo que los frugales rechazan taxativamente, la única salida es emitir más deuda europea. Pero eso implica que el argumento se cierra sobre sí mismo.
La ayuda de los fondos Next Generation EU fue diseñada y vendida como un instrumento excepcional, una respuesta de emergencia a una crisis sin precedentes. Lo que Madrid propone ahora es institucionalizarlo y convertir la excepción en el modelo. Varios economistas lo vimos venir y lo señalamos.
El servicio de la deuda del NGEU, incluyendo amortización e intereses, absorberá unos 24.000 millones de euros anuales durante el próximo marco financiero
La propia Comisión ha advertido esta semana que la deuda común se ha encarecido y que sus costes crecientes condicionan la reforma de las reglas fiscales, con exigencias de disciplina presupuestaria más intensas para los principales beneficiarios. España figura entre ellos.
El servicio de la deuda del NGEU, incluyendo amortización e intereses, absorberá unos 24.000 millones de euros anuales durante el próximo marco financiero. Ese dinero no construye infraestructuras ni financia investigación: es el coste de haber gastado antes y un reembolso más gradual, como pide Madrid, aplaza la factura, no la cancela.
Desde 2014, España es contribuyente neto al presupuesto ordinario de la Unión Europea (excluidas las transferencias extraordinarias del MRR). Una parte sustancial de los fondos que recibe no es dinero nuevo de otros países, sino su propio dinero que recorre el circuito Madrid-Bruselas-Madrid, con tres costes añadidos: administrativos, condicionalidad política y pérdida de control estratégico.
Estos fondos se ejecutan por delegación, muy lejos de quienes realmente otorgan el dinero y todavía más lejos del contribuyente europeo de países como Alemania, Países Bajos, Polonia o Italia. Las comunidades autónomas gestionan los proyectos y asumen la burocracia, mientras Bruselas fija los objetivos y mantiene el control final.
Esta distancia genera un problema claro: cuando se percibe derroche o mala gestión, especialmente en aquellos países del Sur que más reclaman deuda común y fondos europeos, los contribuyentes del Norte se muestran cada vez más reacios a seguir financiando el sistema.
En definitiva, lo que se vende como “solidaridad europea” es, en gran medida, gestión delegada del propio presupuesto nacional a través de un intermediario lejano en Bruselas.
El debate Norte-Sur tiene, en el fondo, esta fractura como sustrato. Los países frugales se niegan a garantizar una deuda cuyo destino no controlan y cuyos costes recaerán sobre sus contribuyentes.
Los países del sur defienden el flujo de fondos que en muchos casos financia gasto que de otro modo tendría que salir de sus propios presupuestos nacionales, el que los tiene. Por eso la negociación avanza tan despacio y el Consejo Europeo de junio, que ya tendrá cifras concretas sobre la mesa, se anuncia tenso.
El plazo es diciembre de 2026. Si no hay acuerdo antes de que termine el año, la legislación sectorial no podrá aprobarse en 2027 y los fondos no fluirán con continuidad desde enero de 2028.
El coste político de ese escenario es suficientemente alto para todos como para que al final se llegue a algún compromiso. La pregunta es qué tipo de compromiso.
Si implica más deuda conjunta sin un marco claro de sostenibilidad, el próximo Marco Financiero Plurianual habrá dado un paso más en la conversión de la UE en algo que sus tratados fundacionales nunca contemplaron, una unión fiscal sin la rendición de cuentas democrática que normalmente acompaña a la capacidad de endeudarse en nombre de otros.
