España ya debería tener un “campeón en defensa”. Ha estado a punto de tenerlo. Pero lo están dificultando, entre otras cosas, los tejemanejes de Manuel de la Rocha desde la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la presidencia de Gobierno (Moncloa). Debido a esas intervenciones ha sido imposible, hasta la fecha, construir ese campeón.
Esa oficina monclovita (¿siniestra?) es la encargada de desarrollar los tentáculos del poder sanchista en grupos empresariales públicos y privados. Se ha visto, por ejemplo, en la operación Telefónica y se está viendo en el complejo devenir de Indra y su relación con Escribano. O la dirección de Redeia …
Para este tipo de operaciones el Gobierno de Sánchez usa dos tipos de recursos: primero, los fondos de todos los españoles a través de la SEPI (Sociedad Española de Participación Industrial); segundo, a personas afines al Gobierno.
No es ni el único país que busca “campeones nacionales” para determinados sectores. Tampoco es el único que lo hace con intervención del Gobierno y el dinero público. Francia es el ejemplo más notorio de ese tipo de políticas.
Por tanto, debe quedar claro que intentar conseguir esos campeones es una buena dirección.
Pero ahora ese “asalto al poder empresarial público y privado” es tan descarado que las consecuencias para las empresas y la economía española pueden ser nefastas
Lo discutible es cómo se hace. Sobre todo si se hace interviniendo para “colocar” CEOs, directivos y consejeros de determinado color “político”.
Son lo que podrían denominarse: los ejecutivos-empresariales-políticos. Personajes expertos en estar en los aledaños del poder político.
Algunos de ellos alardean de ser “profesionales” de la empresa, aunque su puesto se deba a conexiones personales con los que detectan el poder político. Aunque suelen tener títulos académicos que los avalan, su carrera se desarrolla a través de nombramientos “digitales” (de dedo).
El puesto de ejecutivo-empresarial-político es muy lucrativo. Mucho más que el de la primera línea política. Para empezar, los sueldos son extraordinarios, muy por encima de aquellos que los aúpan desde la política. Por otra parte están mucho menos expuestos a la opinión pública.
Los hay en todos los partidos. Los ha habido en todos los gobiernos. Pero ahora ese “asalto al poder empresarial público y privado” es tan descarado que las consecuencias para las empresas y la economía española pueden ser nefastas.
Una corrupción sutil, y menos aparente que la burda peripecia de los abalos y los koldos, sin riesgos legales, pero mucho más profunda
Nefastas porque la inestabilidad política de este gobierno se traslada a las empresas. Los planes que los presidentes o los CEO’s ejecutivo-políticos planean son papel mojado. Entre otras cosas porque sus sillones son precarios.
¿No pretenderán seguir en los cargos cuando los poderes “Digitales” que los colocaron pierdan el poder? Si lo pretenden es que son cínicos o ingenuos.
Cínicos porque en sus circunstancias pretenden hacer creer a los demás que su nombramiento se debe a sus “cualidades profesionales” y no a su filiación política. Ingenuos porque piensan que el próximo gobierno no es consciente de “para que” han sido colocados.
Estos ejecutivos políticos deben saber que su devenir se rige por el adagio bíblico: “el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó ¡Alabado sea el Señor!” Por tanto sus planes empresariales son tan efímeros como la estancia en el poder de aquellos que los nombraron.
Así que no deben ir de “listos” por la vida.
Eso esto es el daño que hace no saber distinguir el límite de lo “público” y lo “privado” en la economía.
Así no se pueden tener campeones nacionales en ningún sector. Ni los clientes, nacionales o extranjeros, ni los proveedores, ni los posibles socios o inversores, confían en la estabilidad a largo plazo de las empresas en las que se les nombra.
Así, silenciosamente, bajo las sombras del poder monclovita, las cúpulas de las empresas emblemáticas, públicas o participadas por la SEPI, se van corroyendo poco a poco, pero inexorablemente.
Una corrupción sutil, y menos aparente que la burda peripecia de los abalos y los koldos, sin riesgos legales, pero mucho más profunda.
Una corrupción conceptual que mezcla los intereses privados con los dineros de todos los españoles, dineros que se utilizan para extender el poder político, más allá de lo que una sana administración debería permitir.
Y mientras el sanchismo de “De la Rocha” se cuela en las poltronas económicas; el sanchismo de TVE distrae al electorado con reality shows como el que nos ha ofrecido con el hantavirus.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
