La independencia de la AIReF: no es el diseño sino el comportamiento

La frase cuestiona una de las ficciones más extendidas en nuestras democracias: la de que basta con diseñar bien una institución para garantizar su independencia. Una enorme tapadera para políticos inmorales.

La independencia no es una propiedad estática, ni un sello de calidad que se otorga una vez y queda fijado para siempre. Es un equilibrio que depende menos de la arquitectura formal que del comportamiento efectivo de quienes ocupan esa arquitectura. Cuando ese comportamiento se desvía, el diseño institucional se vacía, permanece como un simple decorado.

En ese sentido, lo relevante del debate abierto en torno a la posible sustitución de Herrero no es solo el perfil concreto de la candidata propuesta, va más allá. La elegida por el Ministerio de Hacienda es Inés Olóndriz, hasta entonces secretaria general del propio departamento.

La Comisión de Hacienda la aprobó a finales de marzo, sin la unanimidad que había acompañado a Herrero, y con la oposición expresa del PP y Vox. Pero el problema no es quién es, sino la señal que su nombramiento envía. Porque las instituciones funcionan sobre reglas, pero también sobre expectativas.

La independencia deja de ser una garantía y pasa a ser una expectativa problemática, sometida a cálculo

Pero esto no es un problema exclusivo de la AIReF. Es, en realidad, un patrón más amplio.

El poder judicial ofrece un ejemplo evidente. Durante años, el debate sobre su independencia se ha centrado en mecanismos de designación, mayorías parlamentarias o bloqueos institucionales.

Pero más allá de la ingeniería jurídica, hay una cuestión más profunda: cuando los actores políticos negocian el control de las instituciones que deberían limitarles, la independencia deja de ser una garantía y pasa a ser una expectativa problemática, sometida a cálculo.

Lo mismo ocurre, en otro plano, con los bancos centrales. La Reserva Federal ofrece el ejemplo más claro. Durante meses, Trump presionó públicamente a Jerome Powell para que bajara tipos más rápido, lo llamó "incompetente", llegó a redactar una carta de despido y en enero de 2026 el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal sobre él, formalmente por las obras de la sede de la Fed, descartadas por el propio Powell, como pretexto.

La respuesta de Powell fue muy clara: "El servicio público exige a veces mantenerse firme ante las amenazas". La ironía es que la politización de la Fed produciría exactamente lo contrario de lo que busca Trump, es decir, tipos más altos, inflación menos controlable y mayor incertidumbre para los mercados.

La defensa oficial es que no hay contradicción porque cada Estado decide su mix energético

Incluso en ámbitos aparentemente más alejados del debate institucional clásico, como la regulación de grandes tecnológicas o los mercados energéticos, aparece el mismo fenómeno.

El caso de Teresa Ribera ilustra el mismo patrón desde otro ángulo. Como ministra en España, lideró el acuerdo para cerrar las cinco centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 y criticó que la UE incluyera la nuclear en su taxonomía verde.

Como candidata a comisaria europea en otoño de 2024, trasladó por escrito al Parlamento Europeo que no pondría obstáculos al despliegue nuclear en el continente y respaldó la alianza industrial europea para acelerar los pequeños reactores modulares. La defensa oficial es que no hay contradicción porque cada Estado decide su mix energético.

Pero esa respuesta esquiva la pregunta de fondo. Si la nuclear es viable como tecnología de descarbonización, que es lo que sostiene ahora Ribera en Bruselas, esa valoración no varía según la nacionalidad de los reactores.

La credibilidad de las instituciones presididas por Ribera queda inmediatamente cuestionada por la falta de coherencia personal.

En todos estos casos, el error de fondo es el mismo: confundir diseño con garantía.

Hemos tendido a pensar que la independencia, la transparencia o la neutralidad son atributos que pueden incorporarse a una institución mediante ley, estatuto o reglamento, cuando lo cierto es que esas virtudes no funcionan como propiedades jurídicas, sino como virtudes prácticas. Y, como tales, deben sostenerse acto a acto.

Esto introduce un elemento interesante y poco discutido en el debate público, porque desplaza la responsabilidad. Ya no basta con exigir buenos diseños institucionales por más necesarios que sean, ni con apelar a grandes principios en abstracto.

El tema es cómo se comportan, en la práctica, quienes están llamados a encarnar esos principios cuando nadie les obliga explícitamente a hacerlo. Y, a menudo, la respuesta, por desgracia, no es tranquilizadora.

En entornos donde los incentivos políticos, profesionales o reputacionales favorecen la proximidad al poder, la independencia deja de ser una estrategia racional para convertirse en un coste. Llegados a ese punto, la erosión no necesita grandes escándalos. Avanza de forma incremental, casi imperceptible, hasta que lo excepcional se vuelve normal.

Por eso, la advertencia de Herrero va más allá del caso concreto que la motiva. Apunta a una idea más exigente pero muy necesaria.

La independencia no es solo una cualidad de las instituciones, sino una práctica colectiva que requiere ser sostenida desde dentro, pero también desde fuera, por la opinión pública, por los medios, por quienes, sin formar parte directa de esas instituciones, contribuyen a fijar el estándar de lo aceptable.

Las instituciones que vertebran nuestra forma de vida y de mirar al mundo no desaparecen cuando se reforman sino cuando dejan de ser creíbles. Y eso no ocurre de un día para otro. Como se suele decir, ocurre primero, poco a poco, y luego, de golpe.

Cuando nos acostumbramos a que quienes deben vigilar dependan de quienes deben ser vigilados, o cuando aceptamos como normales decisiones que, hace no tanto, habrían resultado problemáticas. Es decir, cuando sustituimos la exigencia por la resignación.

La independencia, en definitiva, no se decreta, se ejerce. Y, sobre todo, se defiende.