Elma Saiz.
En los últimos años, se ha venido constatando que, con las reglas del libre mercado, las empresas europeas estaban quedando rezagadas en áreas clave como la tecnología, la movilidad o la energía, en detrimento de sus rivales asiáticas, especialmente chinas.
En esta línea, al observarse que dichas rivales asiáticas se beneficiaban de ayudas estatales, los líderes europeos se han preguntado ¿por qué no puede Europa apoyar también activamente a sus empresas?
La vuelta de los debates acerca de la utilidad de la política industrial se ha reflejado en numerosas iniciativas tanto teóricas (Informe Draghi) como prácticas, destacando entre estas últimas los fondos Next Gen, que si bien nacieron con el objetivo de mitigar los estragos de la pandemia, pronto se reorientaron hacia una visión más estratégica, industrial y competitiva.
Sin embargo, y parafraseando a Robert Solow (sobre la informática y las estadísticas de productividad), la intención del Estado en convertirse en un actor económico activo está presente en todas partes, menos en las estadísticas de gasto público.
La música sobre la financiación de grandes proyectos industriales; la creación de fondos soberanos o el apoyo al tejido empresarial no termina de reflejarse en la letra del gasto público.
Las transferencias de renta han crecido un 67% en términos reales entre 2000 y 2025
En concreto, en 2024, en España se destinaron 2.647 euros por habitante a inversión pública, ayudas a la inversión privada, subvenciones y otras transferencias de capital o productos, lo que supone el 18% del total de gasto público.
No obstante, desde el año 2000, dicha partida apenas ha crecido un 14% en términos reales.
Alternativamente, el sector público puede influir en la economía mediante la creación de un marco institucional propicio para la actividad empresarial y el crecimiento económico.
Esta labor se refleja en el diseño y la prestación de unos servicios públicos de calidad orientados a la generación (Investigación) y transmisión (Educación) de conocimiento, a garantizar la salud de los trabajadores (Sanidad) o al respeto del marco legal (Tribunales, Policía, Prisiones). Para proveer estos servicios se requiere de empleados y de instalaciones públicas.
Pues bien, en 2025, se destinaron 3.516 euros por persona al pago de salarios de los trabajadores públicos y 1.821 euros por persona a pagar los consumos intermedios asociados a estos servicios.
Conjuntamente, estas partidas representan el 36% del gasto público y han crecido un 38% en términos reales desde el año 2000.
Cabe destacar que un tercio de este incremento se ha producido en el ámbito hospitalario y ambulatorio (más recursos humanos y materiales).
La tercera vía de la que dispone el sector público para influir en la economía es mediante las políticas de cohesión social, orientadas a mitigar las desigualdades económicas y generar una bolsa de potenciales consumidores que sostengan la demanda interna.
Las transferencias públicas desempeñan un papel central en la política de cohesión social, en especial las pensiones de jubilación, pero también las de desempleo; enfermedad; incapacidad; viudedad y orfandad; exclusión social o incluso a través de las becas educativas.
Así, en 2025, se destinaron 5.690 euros por persona a las transferencias públicas de renta, de los que 3.148 fueron pensiones de jubilación. Las transferencias de renta han crecido un 67% en términos reales entre 2000 y 2025 y ya suponen la primera partida de gasto público, equivalente al 39% del total.
En otras palabras, por cada euro que se destina a inversión pública o gasto finalista, se destinan dos a transferir rentas. En 2025, se dedicaron más recursos a pagar pensiones de jubilación (1.647 euros por habitante) que a todos los salarios de los trabajadores públicos de la Sanidad y la Educación juntos (1.390 euros por habitante).
En definitiva, estas cifras ponen de manifiesto que, aunque las grandes iniciativas como la Autonomía Estratégica, los compromisos en Defensa o la Política Industrial tiendan a copar los debates económicos sobre el papel del Estado, de fondo se está produciendo una lenta pero constante transformación del modelo público, desde la prestación de servicios a la transferencia de rentas.
Con independencia de su necesidad, parece una tendencia lo suficientemente importante para requerir una mayor atención dentro de los debates políticos y económicos a los que asistiremos en los próximos meses.
***Javier Serrano es doctor en Economía y profesor de Afi Global Education.
