Europa celebra aniversarios redondos: 75 años desde la primera Comunidad Europea y 40 desde la entrada de España. Pero las efemérides no garantizan relevancia. La pregunta no es qué ha sido Europa, sino qué quiere ser en un mundo que ya no se organiza en torno a normas, sino en torno al poder.

En la presentación del número 229 de Política Exterior, organizada extraordinariamente por Belén Becerril, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU-San Pablo, y a la sazón, directora de la revista, los tres invitados, que además participan en este número, dijeron cosas que me hicieron reflexionar.

Enrico Letta formuló una distinción que resume el dilema europeo: soberanía real frente a soberanía fake. La primera es la capacidad efectiva de influir en los mercados, en la energía, en la defensa o en la tecnología.

La segunda es la ilusión de control nacional en un entorno global donde los Estados, por sí solos, apenas pesan. La paradoja es evidente. Europa quiere autonomía estratégica, pero sigue funcionando como un mosaico de 27 decisiones nacionales.

Ayer, tal y como anticipaba en su informe del 2024, Letta lo expresó en términos económicos: completar el mercado de capitales, es decir, tener poder financiero real; actuar como uno en defensa, sin delegar en terceros; crear una quinta libertad vinculada al conocimiento y la conectividad; y tratar de usar reglamentos en lugar de directivas para evitar fragmentaciones.

En la UE, el poder está distribuido; nadie, por excéntrico que sea, controla el conjunto

Pero detrás hay algo más profundo. Lo que Letta puso encima del tapete es la necesidad de una unidad operativa, y que la idea de que la soberanía compartida no es una cesión, sino la única forma de recuperarla. Se puede estar de acuerdo o no, pero es un tema que hay que repensar.

Letta añadió un argumento provocador que nunca me había planteado. La Unión Europea no sufre el “riesgo americano”. En Estados Unidos, una mayoría electoral puede colocar en la presidencia a alguien capaz de alterar radicalmente el rumbo del país.

En la UE, el poder está distribuido; nadie, por excéntrico que sea, controla el conjunto. Es cierto. Pero esa misma dispersión que garantiza estabilidad también limita la capacidad de acción. Europa es resistente, pero lenta, y no siempre eficiente.

Pablo García Berdoy introdujo una cuestión aún más incómoda, como es la constatación de que la irrelevancia europea no es un problema técnico, sino político. Y aún más provocadora fue su afirmación de que los votantes deberían exigir a sus gobiernos que la Unión forme parte explícita de su proyecto nacional. Impensable en un país en donde la realidad es la opuesta.

Se utiliza Europa cuando conviene y se la culpa cuando estorba. Esa ambigüedad erosiona legitimidad y diluye responsabilidad.

Si Europa es estructural para nuestra prosperidad, entonces debería serlo también en el debate político nacional

También señaló otro síntoma, en el que todos estaban de acuerdo: la politización creciente de lo que nació como una arquitectura regulatoria que debería asegurar y fomentar la libre actividad económica de los ciudadanos europeos.

La explicación de esa mutación estriba en que cualquier tema planteado se convierte en campo de batalla partidista, y ese efecto ha contaminado incluso los órganos reguladores que han terminado por perder su carácter técnico. Y una Unión que fue, ante todo, un proyecto jurídico, corre el riesgo de convertirse, si no lo ha hecho ya, en escenario ideológico.

Ana Palacio, por su parte, puso el foco en el vínculo transatlántico y en la constatación de que el soft power ya no basta. Normas y comercio no sustituyen a capacidad industrial, energía segura o defensa coordinada. Europa quiere ser actor geopolítico, pero sigue operando como poder regulatorio.

Muchas expectativas, pocas capacidades, título de la colaboración en este número de la profesora Becerril. En sus propias palabras: “Se espera que la UE resuelva problemas para los que no tiene competencias”.

Ese desajuste genera fenómenos extraños. Cuando la presión externa aumenta, alguien ocupa el espacio que las competencias no cubren. La presidenta de la Comisión se reúne con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, aunque formalmente no ejerza funciones de jefe de Estado. Quiero pensar que no es un abuso personal sino el síntoma de una estructura que quiere proyectar unidad sin haber decidido del todo cómo ejercerla.

Europa no puede seguir oscilando entre la soberanía simbólica y la integración incompleta. O acepta que compartir competencias es condición para tener poder real, o seguirá acumulando declaraciones ambiciosas con resultados modestos.

Porque el mundo no espera. Y la irrelevancia es una posibilidad muy real cuando las expectativas superan sistemáticamente las capacidades.

Ahora bien, ¿qué queremos los ciudadanos europeos?

Nos quejamos de la irrelevancia europea en la geopolítica del siglo XXI, pero rara vez evaluamos nuestras decisiones políticas con esa misma vara. Votamos en clave doméstica, discutimos en clave partidista y analizamos en clave emocional.

En un mundo de bloques, elegir proyectos nacionales sin proyección europea tiene efectos de segundo y tercer orden: en la capacidad de financiar nuestras empresas, en el coste de nuestra energía, en la fortaleza de nuestras industrias, en nuestras oportunidades laborales.

Es decir, la irrelevancia se construye lentamente desde dentro, cada vez que votamos como si el marco europeo fuera accesorio. Si Europa es estructural para nuestra prosperidad, entonces debería serlo también en el debate político nacional.

No basta con invocarla cuando conviene ni con culparla cuando estorba. Exigir a nuestros gobernantes una visión europea no es idealismo; es responsabilidad democrática. Y votar sin preguntarnos por esa visión tiene consecuencias.

La pregunta no es solo qué Europa queremos. La pregunta es si estamos dispuestos a votar pensando en ella.