Entre las patologías del mercado laboral español, el absentismo es una de las más escandalosas. En términos administrativos se le define eufemísticamente como Incapacidad Temporal (IT), en los económicos constituye un monumental y deliberado fallo de diseño institucional.
No se está ante un fenómeno epidemiológico fortuito, sino ante una respuesta racional de los trabajadores a un sistema de incentivos perverso que desincentiva el esfuerzo y subvenciona la inactividad. En la España de 2026, el absentismo ha dejado de ser una contingencia protegida para convertirse en un derecho adquirido, alimentado por un Gobierno cuyo populismo legislativo ha erosionado los pilares de la responsabilidad individual.
La magnitud del problema se refleja en una comparativa internacional sangrienta: la tasa de absentismo en España se ha disparado hasta el 7,2%, lo que la sitúa muy por encima de la media de la Unión Europea (4,8%) y de la Zona Euro (5,1%). Estos datos no son una anomalía estadística ni un episodio coyuntural, sino la confirmación de que España ostenta el dudoso honor de liderar el escalafón europeo de inactividad laboral, ocupando sistemáticamente los primeros puestos del ranking de la UE.
En ese sentido, la radiografía presentada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es una enmienda a la política laboral del Ejecutivo. El gasto en prestaciones por IT se ha desbocado hasta superar los 21.000 millones de euros anuales (contando el coste directo y la pérdida de ingresos por cotizaciones), una cifra que no encuentra justificación en el envejecimiento demográfico ni en la morbilidad de la población.
La AIReF subraya la ineficiencia de un sistema bicefálico y disfuncional: la sanidad pública emite bajas con una laxitud alarmante, mientras las Mutuas —que son las que asumen la carga financiera— se ven despojadas de competencias reales para otorgar el alta médica. Esta asimetría de poder es el caldo de cultivo ideal para institucionalizar el fraude.
El trabajador debe asumir una fracción del coste de su inactividad para restaurar el vínculo ético entre presencia y remuneración
El absentismo en España es el subproducto inevitable de la hiper regulación y el desarme del empleador. La protección extrema del puesto de trabajo ha eliminado el coste de oportunidad de la ausencia. En un mercado laboral sano, el trabajador se ve obligado a internalizar aquél; en el modelo estatista-colectivista español, ese coste se socializa y se traslada íntegramente al balance de las empresas y al erario público.
Cuando se garantizan niveles de reposición de renta que, mediante la complicidad de convenios colectivos hipertrofiados, alcanzan sistemáticamente el 100% del salario neto, la baja laboral se transforma en una opción más atractiva que el trabajo: se percibe la misma renta eliminando los costes de desplazamiento, tiempo y esfuerzo.
Esa situación contrasta con la existente en la mayoría de los países de la UE. Mientras Francia, Reino Unido o los países escandinavos emplean "días de carencia" —períodos iniciales donde el trabajador asume la pérdida de ingresos— para desincentivar las bajas fraudulentas, el Gobierno español ha optado por el camino inverso: la permisividad absoluta.
En España, la coalición gubernamental ha construido un oasis de impunidad donde la responsabilidad personal ha sido sustituida por una permisiva tutela administrativa, que destruye cualquier incentivo moral o material para la reincorporación pronta al puesto de trabajo.
El impacto sobre la productividad es, sencillamente, devastador. En un país, España, con una de las productividades por hora trabajada más mediocres de la OCDE , el absentismo actúa como un impuesto invisible y masivo que encarece la unidad de producto, deprime los salarios reales y expulsa a las PYMES del mercado global.
Para un Gobierno ignora las leyes básicas de la economía, el absentismo es solo una cifra en un presupuesto y, quizá, un medio de captar votos con una tolerancia letal; para el empresario, es un sabotaje a su capacidad organizativa. La empresa española se ve obligada a internalizar un coste que no puede gestionar ni controlar, lo que deriva en una menor inversión en capital y en una precariedad estructural de la que el propio Gobierno luego pretende culpar al "capitalismo".
La reforma necesaria de este nefasto sistema. no admite demora. Es imperativo unificar la gestión de la IT, otorgando a las mutuas capacidad plena de diagnóstico, tratamiento y, crucialmente, alta médica, eliminando la tutela de una sanidad pública capturada por la inercia burocrática.
Por otro lado, se debe introducir la lógica de la carencia obligatoria y no suplementable por convenio. El trabajador debe asumir una fracción del coste de su inactividad para restaurar el vínculo ético entre presencia y remuneración.
Por último es urgente restaurar el derecho de la empresa a rescindir contratos basados en la recurrencia del absentismo, devolviendo la soberanía sobre la producción a quien asume el riesgo del capital.
En conclusión, el absentismo en España no es una crisis sanitaria, es una crisis de incentivos provocada por el intervencionismo-populista del Gobierno. El informe de la AIReF es el acta de acusación contra un modelo que premia la deserción laboral y castiga al que trabaja y a las empresas.
Sin una enmienda a la totalidad que reintroduzca la responsabilidad individual y el realismo económico, España seguirá deslizándose por la pendiente de la irrelevancia productiva. La protección social no puede ser la coartada para el parasitismo institucionalizado.
