Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea.
La UE, y España especialmente, afrontan retos estructurales que limitan el crecimiento de la inversión a largo plazo. Lo cual repercute en el muy inferior crecimiento de la productividad respecto a los bloques EEUU y China.
Si la UE quiere recuperar su papel en la economía mundial, debe resolver los problemas de fragmentación del mercado europeo (tanto el de capitales, como el de trabajo y el de bienes y servicios); incertidumbre regulatoria; falta de liderazgo en tecnologías punteras; inseguridad energética y geopolítica; y en definitiva, de falta de inversión y de dinamismo del bloque comunitario.
Todo ello contribuye a que Europa se encuentre en una situación de exceso de ahorro frente a la debilidad de la inversión. Y que este desequilibrio lleve consigo una salida de capital hacia otros lugares.
Sólo en los mercados financieros de los EEUU, la posición de inversión en cartera de la UE supera los 7,2 billones de euros, es decir, casi el 46% del PIB de la eurozona.
El reto de la UE y de España es poner en marcha iniciativas y reformas que potencien la inversión tanto a nivel europeo como en España, para que el ahorro no esté abocado a buscar oportunidades fuera. Draghi (2024) propone una estrategia común para aumentar la inversión en transición verde, digitalización, defensa, tecnología avanzada, e infraestructuras críticas. Sectores que mayormente inciden en la productividad.
España Crece es un instrumento de política industrial y financiera, que se constituye como un vehículo público de inversión estratégica y movilización de capital
El reto es que los fondos públicos destinados a la inversión permitan apalancar inversión privada, porque la debilidad de la inversión procede sobre todo del sector privado, ya que el público ha incrementado su aportación, particularmente en España, a través del programa Next Generation.
El efecto tractor de esta inversión pública no ha sido el deseado, porque las empresas han optado por desendeudarse, y por acumular ahorro en efectivo y depósitos, en lugar de dedicar esos recursos para potenciar la capacidad productiva del país.
De hecho, la economía española ha crecido un 10% desde la pandemia, en tanto que la inversión empresarial ha caído un 3,4%, descontando la inflación.
Con la finalización del programa Next Generation tras el verano de 2026 –aunque muchos proyectos podrán seguir ejecutándose posteriormente-, es previsible una moderación del crecimiento de la economía española.
Precisamente, el lanzamiento del Fondo España Crece por parte del Gobierno español responde a esa preocupación, y trata de evitar un descenso abrupto de la inversión pública y público-privada una vez finalice el periodo de ejecución de los fondos europeos. Eso reza la teoría.
En la práctica, sin embargo, el dispositivo se enfrenta a grandes retos. Además de asegurar una transición ordenada hacia un nuevo esquema de financiación capaz de sostener proyectos estratégicos y de largo plazo, es muy importante que consiga convertir la dotación inicial de inversión pública de 10.500 millones de euros en factor de tracción para una coinversión privada, movilizando hasta 120.000 millones de euros en inversión total: ese es un reto mayúsculo.
España Crece es un instrumento de política industrial y financiera, que se constituye como un vehículo público de inversión estratégica y movilización de capital, como el Plan Juncker (EFSI), el actual programa InvestEU o iniciativas nacionales (como France 20302), cuyo objetivo principal es catalizar inversión privada en sectores prioritarios.
Se espera una ambiciosa movilización de la inversión privada, articulada en dos etapas. En la primera, se van a destinar los 10.500 millones de euros a la capitalización del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para aumentar su balance y, por tanto, su capacidad de financiación directa en los mercados, permitiéndole movilizar en torno a 60.000 millones de euros.
La segunda etapa es realmente la que busca apalancar inversión privada a partir de los fondos públicos, porque sobre los 60.000 millones de capacidad de financiación se pretende movilizar coinversión privada hasta alcanzar una inversión total de 120.000 millones de euros.
La priorización sectorial para el Fondo se orienta precisamente hacia ámbitos con alto potencial de arrastre, contenido tecnológico y contribución a la productividad -concretamente nueve sectores estratégicos: vivienda, energía, digitalización, Inteligencia Artificial (IA), reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, y defensa y seguridad-.
El éxito de este instrumento dependerá del apetito del sector privado: otro reto de gran calado. Serán determinantes tanto la calidad de los proyectos a financiar como la eficacia de los esquemas de mitigación de riesgos utilizados. Porque estos sectores concentran no solo el mayor potencial de crecimiento, sino también los mayores riesgos.
Es muy importante diseñar instrumentos financieros que reduzcan incertidumbres y distribuyan adecuadamente el riesgo para atraer capital privado.
Por ejemplo, avales públicos para cubrir riesgos en el acceso a financiación bancaria y de mercado; participaciones directas en capital que incentiven la coinversión privada sin distorsionar la gobernanza empresarial; y deuda subordinada o préstamos participativos que permitan absorber las primeras pérdidas y mejorar el perfil riesgo-rentabilidad para otros inversores.
¿Dispone el ICO de una capacidad suficiente para acometer estas tareas, además sin una red de distribución que le de presencia en el conjunto del país?
En los próximos años, ya sin los fondos Next Generation, nos jugamos la inversión y el crecimiento futuro de la economía española. Para que el nuevo Fondo anunciado por el Gobierno logre desencallar la inversión privada, hará falta no solo recursos; también reformas de calado y una movilización de todos los actores.
*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.