La reciente catástrofe ferroviaria acontecida en la localidad de Adamuz no constituye un evento fortuito, un capricho del azar o una inalcanzable anomalía estadística en la red de alta velocidad española. Representa, por el contrario, el síntoma definitivo de una patología estructural: el colapso de la responsabilidad estatal en un modelo de gestión caracterizado por el monopolio público, la opacidad regulatoria y la ausencia de los incentivos más elementales hacia la eficiencia y la seguridad.
Por tanto, no se está solo ante un accidente, sino ante un fallo sistémico en el deber de protección que el Ejecutivo tiene la obligación de ejercer hacia la ciudadanía tras haber confiscado, mediante la fuerza legal, la prestación del servicio.
En un sistema donde el Estado ejerce un control absoluto y discrecional sobre la infraestructura, cada quiebra en la seguridad apunta de manera unívoca hacia la cúpula gubernamental. En el ordenamiento jurídico vigente, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no es una sugerencia ética, sino un mandato imperativo: la obligación de resarcir a los particulares por toda lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos.
En el caso de Adamuz, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como titular exclusivo de los activos y garante último de la seguridad operacional, se enfrenta a una acusación de funcionamiento manifiestamente anormal.
La gravedad del escenario descrito se acentúa al considerar que el tramo afectado fue objeto de una supuesta "renovación integral" en mayo de 2025. Si, como sugieren los peritajes iniciales, el origen del descarrilamiento radica en la fractura de una junta estructural, la responsabilidad del Ministerio es incuestionable y se impone una pregunta: ¿Ha comprometido la "gestión por objetivos políticos" y la urgencia de cumplimiento de plazos los estándares mínimos de seguridad?
La revelación de un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), emitido apenas diez días antes del desastre, resulta demoledora
La delegación de funciones en empresas adjudicatarias no exime al Estado de su potestad de supervisión directa; por el contrario, la convierte en una competencia crítica que parece haberse diluido en favor de una externalización carente de la fiscalización necesaria tras la reapertura del tramo. Se está ante una claudicación del control público que deja al usuario en una situación de vulnerabilidad extrema.
El análisis pormenorizado de la cadena de eventos revela una negligencia que trasciende lo administrativo para adentrarse en el ámbito de la imprudencia penal. La revelación de un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), emitido apenas diez días antes del desastre, resulta demoledora. En él se alertaba sobre una degradación acelerada del balasto en el punto kilométrico exacto del siniestro.
Este aviso, conocido por las autoridades competentes, sitúa al Ejecutivo en una posición ética y legalmente insostenible. Mantener la operatividad de la vía a velocidades nominales, ignorando la necesidad de establecer limitaciones precautorias, constituye un acto de extrema temeridad. A esto se suma el testimonio del sindicato de maquinistas SEMAF, que en agosto de 2025 ya denunció vibraciones anómalas en el sector.
Esta convergencia de alertas configura una "ceguera institucional" que parece haber ignorado deliberadamente los protocolos de prevención en favor de una fachada falsa de eficiencia operativa.
En un país que se promociona a escala internacional como líder en tecnología ferroviaria, resulta un sarcasmo cruel que sus sistemas de localización hayan mostrado una absoluta incapacidad para prevenir una trayectoria de colisión fatal. En la era de la digitalización y bajo el despliegue del sistema ERTMS, la desconexión entre la realidad física de las vías y los paneles de control de ADIF es un escándalo.
La CIAF no es un organismo técnico, sino una prolongación del propio aparato político-administrativo
Ello no debe considerarse un simple error de software; es el resultado de una desidia prolongada en la inversión necesaria para la actualización de los centros de mando, quizá para financiar partidas de gasto corriente con mayor rédito populista.
La tragedia de Adamuz no es, por tanto, un infortunio del destino, sino el corolario de una gestión que ha sustituido el mantenimiento preventivo por la negligencia al servicio de la narrativa. Es inadmisible que un Estado que detrae ingentes recursos del contribuyentesea incapaz de conocer con precisión por dónde circulan sus trenes. La ceguera del sistema de localización y la desatención a las advertencias previas retratan a un Gobierno más ocupado por su propia autoperpetuación que por la de los ciudadanos.
Uno de los puntos más críticos en la arquitectura institucional tras la tragedia es la nula credibilidad de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF): los investigadores son designados por el propio Ministerio cuya actuación deben fiscalizar. Esto es una aberración contraria a la imparcialidad exigida por las directivas comunitarias.
Por eso, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea haya solicitado ya su intervención directa ante el temor fundado de que los peritajes nacionales se vean mediatizados por intereses políticos. La falta de una Autoridad Administrativa Independiente, postergada sistemáticamente por el Ejecutivo para evitar controles externos, impide que la investigación goce de la neutralidad necesaria. La CIAF no es un organismo técnico, sino una prolongación del propio aparato político-administrativo.
Ante esta tragedia, el Ministerio de Transportes no puede limitarse a ser un espectador de su propio fracaso. La sociedad exige una depuración de responsabilidades que alcance a la cúpula. Cuando el Estado falla en su deber más elemental, proteger la vida de los ciudadanos, su legitimidad se erosiona de forma definitiva. Adamuz exige verdad y rigor, no el habitual ejercicio de escapismo institucional que caracteriza la gestión de este Ejecutivo. La memoria de las víctimas impone una inve
