Acuerdo comercial UE-Mercosur. ¿Oportunidad histórica o estocada letal?

Lejos de resultar un hito azaroso en el calendario, el acuerdo responde a un imperativo político en el marco del incierto contexto geopolítico actual. Ante la delirante embestida arancelaria de Trump, que estrangula al bloque sudamericano y compromete seriamente la competitividad europea, y la feroz competencia e influencia del gigante asiático, el acuerdo UE-Mercosur emerge como una sólida apuesta por el multilateralismo, la cooperación y las reglas globales de comercio internacional que permitan avanzar hacia un comercio justo y de beneficio económico.

De hecho, tanto la Comisión Europea como algunos líderes comunitarios se han esforzado por “evangelizar” las virtudes del acuerdo, que prevé abolir más del 90% de los aranceles actuales entre ambos bloques en un plazo de 15 años, lo que habilita notables oportunidades, especialmente para sectores como el automovilístico, que actualmente enfrenta unos aranceles del 35%, y cuya supresión podría llegar a triplicar el volumen de ventas de aquí al año 2040.

Asimismo, beneficiaría a industrias como la química o la farmacéutica, e incluso mejoraría las perspectivas de exportación para productos como las bebidas espirituosas, el queso o el vino europeos (actualmente gravados con aranceles del 28 y el 27%, respectivamente). 

El acuerdo incluye también disposiciones para facilitar las inversiones y eliminar los obstáculos al comercio transfronterizo de servicios, en particular en lo que respecta a los servicios digitales y financieros. En materia de contratación pública, se facilitaría el acceso de las empresas de la UE a los procesos de licitación pública en los países del Mercosur.

Lo cierto es que productos como la carne de vacuno y de ave, el azúcar, la miel, el arroz o la soja gozarán, sin duda, de mayor presión y competencia sudamericana

Así las cosas, se calcula que la eliminación arancelaria podría ahorrar a las empresas europeas cerca de 4.000 millones de euros al año.

Asimismo, se prevé un aumento del 39% en las exportaciones y un impulso extraordinario a la inversión extranjera directa, lo que podría devolver a la UE al primer puesto como socio comercial de América Latina, arrebatado en 2017 por China.

Sin embargo, la lectura que hace el sector primario comunitario dista mucho de ser tan efusiva, pues se perciben como los grandes perdedores del acuerdo y temen el impacto de una llegada masiva de productos sudamericanos baratos fabricados bajo estándares medioambientales, sanitarios y laborales menos estrictos, favoreciendo, por tanto, la competencia desleal. 

Un argumento que ha encendido las protestas masivas de agricultores y ganaderos a lo largo y ancho del continente a lo largo de los últimos meses. Reivindican reciprocidad en los estándares de producción (las famosas “cláusulas espejo”) y un comercio bilateral equilibrado que no les aboque al subsidio como única vía de supervivencia.

Esta situación ha llevado a países como Francia, principal productor agrícola de la UE, Polonia, Irlanda, Austria o Hungría a oponerse al tratado por no gozar, alegan, de las suficientes garantías para proteger el futuro del campo y la soberanía alimentaria de la Unión Europea.

Lo cierto es que productos como la carne de vacuno y de ave, el azúcar, la miel, el arroz o la soja gozarán, sin duda, de mayor presión y competencia sudamericana.

Ahora bien, el pacto alcanzado finalmente prevé un sistema de compensación y salvaguardas introducido por la Comisión ante fluctuaciones de precios o un incremento desmedido de las importaciones procedentes de los países del Mercosur. Salvaguardas que han sido claves para favorecer el cambio de postura de Italia, cuyo apoyo al acuerdo ha sido determinante para que saliera adelante.

Von der Leyen afrontará una nueva moción de censura como consecuencia de este tratado, la cuarta desde que arrancase la legislatura comunitaria

En concreto, si algún producto sufriera una caída de precio inusual superior al 5%, la Comisión Europea podría bloquear temporalmente el acuerdo y recuperar determinados aranceles. Igualmente, si la media de importaciones de países del Mercosur fuera superior al 5% durante un plazo de tres años, también se podría activar el “freno de emergencia” para evitar una marea de productos del exterior que perjudicase a las empresas europeas.

No obstante, habría que ir revisando cuán efectivas son esas salvaguardas ante la eventual implementación del acuerdo.

Sea como fuere, la plena ratificación del texto no está garantizada, pues aún depende de la aprobación del Parlamento Europeo, donde un nutrido contingente de eurodiputados no compra el relato virtuoso del acuerdo, ni en el fondo ni en la forma.

De hecho, el pleno de la Eurocámara votará la próxima semana sendas resoluciones para elevar la legalidad del acuerdo de asociación y comercial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, lo que, de prosperar, podría suponer la suspensión temporal y dilatar aún más el proceso.

Además, Von der Leyen afrontará una nueva moción de censura como consecuencia de este tratado, la cuarta desde que arrancase la legislatura comunitaria, lo que evidencia la sensibilidad política del asunto.

En tiempos de máxima incertidumbre geopolítica, la UE y los países del Mercosur figuran entre los principales desubicados de la era Trump y este acuerdo traería, sin duda, importante oxígeno económico y comercial para ambos bloques, así como el acceso a cuantiosos recursos bajo una lógica de estrecha cooperación frente a ‘la ley del más fuerte’ practicada por la administración norteamericana, la sobreproducción del gigante asiático o la amenaza rusa.

Sin embargo, lo que unos ven como oportunidad histórica, otros lo perciben como estocada letal. ¿Quedará en espejismo? 

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.