Pensionista en un cajero
El gasto en pensiones alcanzará los 230.000 millones en 2026. La decisión de vincular la actualización de las prestaciones al coste de la vida –en línea con la práctica de otros socios europeos- para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo ha generado un importante aumento de esta partida de gasto. La última revalorización anual de las pensiones en función de la inflación supone que las prestaciones contributivas se incrementen en un 2,7%.
El hecho de que los nuevos pensionistas perciban cuantías sustancialmente mayores que aquellos que causan baja -el diferencial ronda el 15%- provoca un engrosamiento adicional de este gasto. Se estima que el gasto total en pensiones de 2026 será un 64% más elevado que hace una década.
La Airef, según sus previsiones de evolución económica y demográfica, estima que la senda ascendente continúe hasta alcanzar el 16,1% del PIB en 2050. La sociedad española debe decidir si considera oportuno dedicar esta proporción de la riqueza a financiar las pensiones de una población que en el 2050 representará el 30% del total.
Estas cifras reavivan, una vez más, el debate público sobre la sostenibilidad de las pensiones y el falso conflicto generacional. Conviene, sin embargo, no caer en el populismo y en la alarma social.
La demografía -natalidad y longevidad- es en la actualidad adversa para la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, la inmigración creciente de los últimos años está cambiando la tendencia respecto a la natalidad, por la menor edad media de los inmigrantes y porque tienden a tener más hijos.
Modificar la fiscalidad para mejorar su carácter redistributivo y evitar los beneficios fiscales que merman los ingresos de las arcas públicas
De manera general, el despliegue de una estrategia de natalidad, con guarderías a precios asequibles y un refuerzo de las políticas de conciliación sería de gran ayuda para aportar sostenibilidad al sistema de pensiones.
La supuesta opulencia y codicia de los pensionistas tampoco se sostiene con los datos. Casi el 60% de las pensiones (en su mayor parte mujeres) están por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y aproximadamente la mitad se sitúan por debajo de 1.050 euros al mes.
Es decir, la mayoría de los jubilados apenas pueden sobrevivir con sus pensiones, y eso sin contar que muchas veces son el respaldo de las familias.
Respecto a las pensiones más altas, las que se sitúan entre 2.600 y 3.000 euros brutos mensuales en 14 pagas sólo representan el 3,7% del total de las pensiones. Y las superiores a 3.000 euros brutos al mes -2.357 euros netos- suponen solamente el 7,2% del total. Es decir, las propuestas que persiguen topar las pensiones tendrían un impacto limitado en las dinámicas de conjunto.
Que la sostenibilidad del sistema de pensiones esté muy tensionada (con un coste de oportunidad creciente), no significa que lo esté porque las pensiones sean opulentas o los pensionistas se estén dando la gran vida a costa del esfuerzo de los demás.
Los pensionistas que perciben las pensiones más elevadas, y que, además, cuentan con otros ingresos (por ejemplo, rentas del capital en forma de alquileres), deben pagar más impuestos. Es cuestión de mejorar la progresividad del sistema fiscal. Corresponde al sistema impositivo jugar ese papel distributivo, y no al sistema de pensiones.
Centrar la política económica en cuestionar y atacar a estos colectivos es claramente un error analítico. El argumento de que el gasto en pensiones va en detrimento de otras necesidades parte de la equivocada premisa de que la riqueza no puede crecer y no se puede distribuir más equitativamente vía mercado de trabajo más justo y fiscalidad más redistributiva.
La precarización laboral y vital de buena parte de los jóvenes enfrenta a éstos con los mayores en una lógica de agravio comparativo. Es cierto que en los últimos años se ha reducido la tasa de pobreza de las personas mayores mientras aumenta la infantil y juvenil.
Pero el enfrentamiento entre generaciones no ofrece soluciones, sobre todo porque las distintas generaciones no representan “per se” una categoría social compacta sin diversidad en su composición.
Es verdad que la mayoría de los jóvenes con salarios precarios están teniendo dificultades para acceder a una vivienda, y la edad de su emancipación se atrasa cada vez más. Pero la precariedad habitacional afecta también a personas mayores con bajos ingresos.
Y en todo caso, la solución pasa por resolver la crisis habitacional, y no por recortar pensiones. También por abordar los frenos a la productividad, incrementando la inversión para que la riqueza crezca, y con ella la recaudación del sistema público de pensiones. Modificar la fiscalidad para mejorar su carácter redistributivo y evitar los beneficios fiscales que merman los ingresos de las arcas públicas.
Por supuesto, el sistema de pensiones puede y debe ser reformado: pero los cambios deben basarse en los hechos, alejándose del alarmismo y de los falsos dilemas. Debemos decidir si queremos que las personas jubiladas necesiten continuar trabajando para complementar sus pensiones de mínimos, como ya sucede en Alemania.
Decidir, también, si necesitaremos seguros privados de pensiones para complementar unas pensiones públicas mínimas. O si, por el contrario, estamos dispuestos como sociedad avanzada a garantizar unas pensiones públicas dignas para nuestros mayores financiadas con un modelo productivo que aumente la productividad y la riqueza y un sistema fiscal suficiente y redistributivo. En suma, la confrontación intergeneracional sólo nos lleva a un conflicto social sin abordar la raíz de los problemas y la búsqueda de soluciones.
*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.