Factura de la luz con una bombilla
El apagón del pasado 28 de abril pasará a la historia como un episodio que sacudió no solo a los hogares y empresas, dejándolas sin suministro durante horas, sino también a la forma en la que se gestionan los costes en el mercado eléctrico.
Su consecuencia más inmediata ha sido la “operación reforzada” de Red Eléctrica, que ha disparado el precio de las restricciones técnicas del Mercado Diario, una partida que garantiza la seguridad del sistema pero que hoy se ha convertido en un sobrecoste imposible de asumir para las comercializadoras independientes.
Para entender la magnitud del problema conviene explicar qué son estas restricciones técnicas. Se trata de los ajustes que realiza Red Eléctrica para garantizar que el sistema funcione de manera segura.
Veremos la desaparición de contratos de precio fijo estables y, con ellos, la pérdida de previsibilidad en la factura de miles de consumidores.
En la práctica, significa poner en marcha centrales que, aunque no sean las más baratas, ofrecen la garantía de que no habrá problemas de suministro.
Este mecanismo es lógico y necesario, pero tras el apagón, su uso se ha intensificado hasta duplicar su coste anual: de 5,5 €/MWh hemos pasado a 10 €/MWh. Para una comercializadora independiente, esa diferencia equivale a medio millón de euros adicionales por cada 100 GWh suministrados.
Un golpe muy difícil de absorber para compañías que ya trabajan con márgenes estrechos y que, a diferencia de las grandes compañías verticalmente integradas, no cuentan con generación propia para compensar estos costes.
Y es aquí cuando surge el dilema. Si trasladamos el sobrecoste al cliente, erosionamos la confianza y debilitamos la relación a largo plazo: nadie quiere abrir su factura y descubrir un incremento por un concepto que no entiende y que no está bajo control de la empresa que le suministra la electricidad.
Pero si lo asumimos como compañía, reducimos nuestros márgenes hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad del negocio. Ninguna de las dos salidas es sostenible, y por eso, la petición de que este coste se convierta en un coste regulado ha sido prácticamente unánime en el sector.
El mecanismo es relativamente sencillo: establecer un valor anual a repercutir en las facturas y, al año siguiente, ajustar la diferencia entre lo estimado y lo real. De esta forma, se evitaría trasladar al consumidor un riesgo incierto y se daría estabilidad a un mercado que la necesita urgentemente. Por tanto, no es un privilegio para las comercializadoras, sino una garantía para los clientes.
Músculo financiero pasado o futuro
Quienes defienden que el mercado debe absorber cualquier variación olvidan que no existe ningún instrumento financiero que cubra este tipo de riesgo.
No es lo mismo gestionar el precio de la energía en el mercado mayorista, “pool” o mercado diario, donde sí hay herramientas, que cubrir un sobrecoste técnico derivado de una medida de seguridad.
Tras el apagón, se ha intensificado el uso de las restricciones técnicas hasta duplicar su coste anual: de 5,5 €/MWh hemos pasado a 10 €/MWh.
Si no se regula, lo que veremos será la desaparición de contratos de precio fijo estables y, con ellos, la pérdida de previsibilidad en la factura de miles de consumidores.
Este debate se cruza con otro de gran calado, el del PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Lo que nació como tarifa de último recurso hoy concentra a más de ocho millones de clientes.
Es evidente que el mecanismo se ha desvirtuado y que, en muchos casos, ha dejado de proteger al consumidor para convertirse en un refugio de inestabilidad. El propio sector coincide en que es necesario acotarlo a los clientes vulnerables y diseñar una transición clara para el resto.
La consecuencia de no hacerlo es que la confianza de los clientes en el sistema se ve mermada. Si quienes están en PVPC ven que su factura es imprevisible y que los mensajes desde el regulador son contradictorios, la credibilidad de todo el mercado se resiente.
Y, de nuevo, la desconfianza acaba beneficiando a las grandes, que son las que concentran los canales de comunicación más potentes y la mayoría del mercado. Y es que no podemos olvidar que, treinta años después de la liberalización, las compañías incumbentes siguen acaparando cerca del 90% de los clientes.
El apagón fue un aviso. Nos recordó la fragilidad de nuestro sistema eléctrico, pero también dejó claro que la liberalización no puede darse por hecha. Las reglas actuales favorecen a quienes ya tienen una posición dominante y ponen cada vez más difícil que los independientes puedan crecer y ofrecer alternativas reales.
La liberalización ha permitido avanzar, pero no ha roto de verdad las barreras que impiden una competencia plena. Si queremos que el consumidor tenga alternativas, necesitamos reglas justas, costes predecibles y un regulador que actúe con agilidad.
La protección de las comercializadoras independientes no es una cuestión corporativa, sino una cuestión de mercado, de diversidad y de futuro. Porque al final, proteger la competencia es proteger al consumidor.
Si queremos un sistema eléctrico robusto, sostenible y justo, debemos garantizar que todos los actores puedan jugar en igualdad de condiciones. Si no es así, el precio que pagaremos será muy alto: menos competencia, más concentración y facturas menos predecibles para millones de hogares y empresas.
*** Luis García es el director general Contigo Energía