Bandera de la UE
Hay decisiones de último minuto, otras más meditadas, y luego está el presupuesto de la Unión Europa, que se discute con años de antelación. No es para menos, porque el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) que presentó la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 asciende casi a dos billones de euros.
Para hacer frente a estos números, Bruselas ha planteado a los Estados miembros que valoren una serie de nuevos impuestos que permitan incrementar los recursos propios de la Unión.
Sin embargo, ya que no existe unión fiscal entre los 27, la recaudación de impuestos corre a cargo de los Estados miembros y el establecimiento de un impuesto generalizado está sujeto a la aprobación unánime de todos ellos en el Consejo de la UE.
CORE – Corporate Resource for Europe – es la “creativa” denominación que plantea la Comisión Europea como nuevo impuesto a las empresas con residencia fiscal en la UE, o empresas de terceros Estados que tengan un establecimiento permanente en la UE.
Aunque no es la única: en el mismo dosier también se incluyen propuestas de gravámenes al e-waste, al sistema de negociación de emisiones, al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y a los impuestos especiales sobre el tabaco.
Pero, centrémonos en el CORE – como está de moda decir ahora. Empecemos por lo básico, el formato, que llama la atención por lo desprolijo: plantea un pago único sobre la facturación neta de la empresa establecido según un sistema de tramos.
El primer problema es que estos tramos son tan amplios que una empresa, dependiendo de en qué rango de su tramo se encuentre, puede pagar entre el 0,04% y el 0,1 % de su facturación anual.
Este diseño crea un espacio para el arbitraje -sí, ese que con tanta vehemencia insiste en combatir el ejecutivo comunitario-, ya que las empresas podrían ajustar la planificación de su facturación para quedarse en un tramo o en otro.
La elección de esta base imponible puede plantear serios problemas a las compañías, por ejemplo, si, por motivos diversos, estas incrementan su facturación en un ejercicio concreto, pero no necesariamente su beneficio neto. Esto las obligaría a hacerse cargo de un pago que podría exceder sus capacidades.
Además, en la propuesta de la Comisión al Consejo, no se aborda el ajuste que se debería aplicar a estos tramos en función de la inflación.
Otra de las cuestiones que, aunque no se aborda en la propuesta de la Comisión, sí se plantea, es cómo encaja esta propuesta con la estrategia de la Unión para mejorar su competitividad frente a otros bloques como Estados Unidos o Asia.
Parece contraproducente gravar a las empresas europeas, que buscan poder escalar, competir y ser más atractivas para los inversores dentro de la UE.
¿Cómo vamos a incentivar que el ahorro europeo se convierta en inversión si ponemos más trabas a las empresas para ser competitivas? Además, este impuesto podría entrar en conflicto con normas nacionales y con acuerdos de mutuo reconocimiento entre la Unión y terceros Estados.
La medida ha chocado ya con algunas de las grandes economías de la UE que cuestionan tanto la conveniencia como la legalidad del CORE, al considerar que invade competencias nacionales y puede afectar a la competitividad industrial europea. Francia se suma a Alemania, Países Bajos y varios países nórdicos, que ya habían expresado reservas sobre la idea de un “impuesto europeo” directo a empresas.
La paralización en el Consejo supondría la no aplicación del nuevo tributo a nivel de la UE, pero no impediría que los países se puedan inspirar en él y establezcan nuevas cargas fiscales hasta ahora no contempladas.
Esto recuerda al Impuesto sobre Transacciones Financieras, mal conocido como Tasa Tobin. Después de plantearse en 2011 en una iniciativa similar se desechó por falta de consenso, pero esto no impidió que países como España en 2021 o Francia lo establecieran de manera individual, creando una desventaja comparativa con respecto a sus vecinos europeos aunque con escaso éxito recaudatorio frente a las cifras proyectadas.
La Unión Europea está en un momento en el que busca incesantemente soluciones a la fragmentación y a la falta de una verdadera unión de sus mercados con el fin de ser competitivos.
Sin embargo, iniciativas como esta añaden complejidad y deslucen los esfuerzos de las empresas por crecer y fomentar el tejido productivo europeo. Estas generan recelo y desconfianza que, si no se gestionan pronto, pueden traducirse en problemas mucho mayores en otros campos, como la seguridad o la defensa.
El CORE, tal como está planteado, más que una solución parece un nuevo obstáculo para la Unión Europea. Un impuesto con tramos tan amplios y sin ajustes claros solo abre la puerta a estrategias para evitarlo y a dificultades para las empresas, especialmente en un momento donde competir a nivel global es más importante que nunca.
Si la UE quiere realmente concentrarse como bloque frente a otros competidores debe dejar de lado propuestas que complican y fragmentan el mercado y apostar por medidas que apoyen a las empresas en lugar de penalizarlas.
Mientras no sea así, el CORE será solo otro ejemplo de cómo, en política fiscal, la falta de consenso y visión a largo plazo puede lastrar el crecimiento y la estabilidad del conjunto.
*** Pilar Martínez es directora de Asuntos Públicos de Europa y América Latina en BME - Grupo SIX.