La anunciada derrota del gobierno en el Congreso de los Diputados, con el rechazo por 178-170 de su proyecto de Ley de reducción de la jornada laboral, ha vuelto a poner sobre la mesa la debilidad parlamentaria del Ejecutivo a la hora de sacar adelante determinadas iniciativas que no tengan el consenso del conjunto de las fuerzas políticas que sustentan su mayoría.

Una de estas iniciativas sería, sin duda, un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 que evitara una tercera prórroga de los últimos presupuestos, aprobados en 2023.

Para muchos analistas y politólogos, la prórroga sería un “fracaso evidente” del Gobierno. La oposición, como suele ser habitual, cree que sería merecedora de una disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero esto no es nuevo. Se busca cualquier motivo o excusa para exigir esa llamada a las urnas.

En la memoria queda el adelantamiento electoral de 1996, coincidiendo con la imposibilidad de Felipe González de sacar adelante los presupuestos para ese año. Pero la coincidencia de uno y otro evento no significa que uno cause necesariamente el otro.

Al contrario de EEUU, en que, si no hay acuerdo sobre los presupuestos, el gobierno federal “cierra” literalmente sus oficinas, en España no nos podemos quedar sin presupuestos, pues se prorrogan automáticamente. Por tanto, es incorrecto decir que en España nos veríamos “sin presupuestos”, pues eso nunca puede ocurrir.

Tenemos menos de un mes, hasta el 1 de octubre, para saber si va a haber una presentación de ese proyecto de ley. No voy a discutir aquí sobre las ventajas políticas de tener un nuevo presupuesto. Es evidente que, de lograrlo, el gobierno se apuntaría “una victoria política” de envergadura, pues rompería con esa idea de la debilidad parlamentaria y de imposibilidad de sacar adelante iniciativas relevantes.

Sin embargo, como economista, y aunque resulte de entrada sorprendente, creo que es mejor que se prorroguen los presupuestos actuales y que no haya unos nuevos Presupuestos para 2026. El motivo es que serían perjudiciales para la economía española, dada su posición cíclica actual y el punto de partida de nuestras cuentas públicas, tanto en lo que se refiere a déficit público como deuda pública.

Unos nuevos presupuestos serían, por definición, expansivos. O al menos, bastante más expansivos que los actualmente prorrogados. El acuerdo con una y otra fuerza política, sobre todo las que tienen dimensión territorial, sólo podría conseguirse con más gasto que, automáticamente se generalizaría al conjunto de los territorios, para evitar la acusación de un trato de favor discriminatorio.

Para las fuerzas políticas más a la izquierda, las exigencias se traducirían en más gasto social. En cualquier caso, un aumento significativo del gasto, por una u otra vía. Y lo último que necesita España en estos momentos son unos presupuestos expansivos.

A continuación, explicaré tanto los motivos cíclicos como las razones estructurales, referidas al déficit y deuda de las AA.PP. españolas.

La posición cíclica de la economía española

No parece discutible que la economía española está viviendo un “boom” económico bastante considerable. Tal y como recoge la Tabla 1, con datos de la UE, el crecimiento del PIB español es el segundo más alto de los principales países de la UE, sólo por detrás de Dinamarca, y el primero de la zona euro. Y ello suponiendo que la UE acierta con el 2,6% del crecimiento para 2025. El dato final será probablemente más alto, en el rango 2,7-2,8%.

Con un crecimiento promedio del 2,8% en los 3 años en que ha habido presupuestos y sus prórrogas, estamos cuatro veces por encima del promedio de los 20 países de la eurozona, 0,7% y del conjunto de los 27 miembros de la UE, 0,8%. Si nos comparamos con los principales países, Alemania en promedio ha crecido un 0,0%, Francia, Países Bajos e Italia un 0,8%, y Suecia un 0,6%.

Tabla 1. Crecimiento del PIB real en la UE (2023-25) (en % anual)

Crecimiento del PIB real en la UE (2023-25) (en % anual)

Crecimiento del PIB real en la UE (2023-25) (en % anual)

Y si comparamos la situación actual de España con la de otros períodos, nuestro promedio de crecimiento en los más de 25 años de pertenencia al euro (1999-2025), ha sido el 2,0%. Por tanto, estamos en una fase expansiva relativamente intensa, sobre todo en 2024, en que alcanzamos el 3,2%. (un 60% por encima de ese promedio “tendencial”).

Hay otras señales del calentamiento relativo de la economía española. Una de ellas es la tasa de inflación, que en agosto alcanzó el 2,7%, tal y como recoge la Tabla 2. Tenemos una desviación al alza muy importante con respecto a la media de la eurozona (2,1%). De los principales países de la zona euro, somos el tercero con la inflación más alta, sólo por detrás de Grecia y Austria.

Tabla 2. Tasa de inflación de los principales países de la eurozona en agosto de 2025 (% anual)

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En lo que se refiere a la inflación subyacente (la que excluye los componentes más volátiles del índice, es decir, la energía y los alimentos frescos) estamos en el 2,4%, el registro más alto del año. Y no tiene pinta de que vaya a reducirse a corto plazo. De hecho, nuestros pronósticos para septiembre son que podríamos superar el 3% en la inflación general y acercarnos a esta cifra para la subyacente.

Si comparamos con otros periodos de nuestra historia reciente, nuestra tasa de inflación general promedio desde 2002 ha sido 2,3% y la subyacente 2,0%. Por tanto, estamos por encima de nuestra inflación “normal” de las últimas décadas. Hay, además, otras señales, como el crecimiento del empleo y la subida de precios de la vivienda, que podrían indicar una burbuja inmobiliaria incipiente, que también conviene vigilar.

Esta combinación de crecimiento e inflación relativamente elevados son señal de lo que se conoce como un “choque de demanda positivo”. Para tratar de contrarrestarlo y evitar un sobrecalentamiento de la economía que se traduzca en algún momento en un ajuste más o menos abrupto, se necesitaría llevar a cabo una política monetaria o una política fiscal restrictiva, o una combinación de ambas.

De la política monetaria nos podemos olvidar. Los tipos del BCE ya están en el 2% y, dada la situación de la eurozona (sobre todo de Alemania y Francia, los países más grandes), lo más probable es que sigan bajando a finales de este año y principios del siguiente. Por tanto, la política fiscal es la única herramienta que nos queda.

Podemos discutir si el tono actual de la política fiscal es expansivo o no, algo que haré en el siguiente punto. Pero, de lo que no hay duda, por los motivos expuestos anteriormente, es que un acuerdo de presupuestos necesariamente nos llevaría a una política fiscal mucho más expansiva de la actual y, por tanto, potencialmente desestabilizadora.

La situación actual del déficit y deuda públicos

En esta semana hemos conocido la buena noticia de la mejora de la calificación crediticia (“rating”) de España por parte de la agencia Standard & Poors, desde A hasta A+. Una mejora que no veíamos desde 2019. Sin duda, ello repercutirá favorablemente en el coste de financiación tanto del sector público como del sector privado.

Sin embargo, los argumentos para esta revisión al alza no han sido las cuentas públicas, sino el crecimiento económico y el desendeudamiento del sector privado, además de la ausencia de déficits externos y nuestra exposición limitada a los aranceles de Trump. Sin embargo, no debemos caer en la complacencia por recibir un buen movimiento de las agencias de rating.

En el año 2007, previo a la Gran Recesión, teníamos la máxima calificación crediticia, triple A, y ello no nos salvó de la crisis de deuda. Y las agencias te pueden cambiar la calificación de la noche a la mañana. Por tanto, debemos prestar atención a nuestros datos y no sólo a lo que digan los demás sobre dichos datos.

Esta semana hemos conocido también los datos de ejecución presupuestaria de 2025 hasta julio para el Estado y junio para el resto de las AA.PP., cuyo resumen se presenta en el Gráfico 1.

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Pese a la buena marcha de la economía y, por tanto, de los ingresos, no ha habido una mejora significativa del déficit público en los últimos años. El déficit excluyendo los nuevos compromisos de Defensa y los gastos asociados a la DANA alcanzó el 2,8% del PIB en 2024 (3,2% incluyendo ambas partidas).

Y el objetivo es reducirlo este ejercicio hasta 2,5% sin incluir esas partidas (por debajo del 3% incluyéndolas). Y, tal y como señala el Gráfico 1, aunque los meses cruciales en la ejecución presupuestaria son los últimos del año, la evolución hasta la fecha no invita al optimismo de cara al cumplimiento del objetivo para este año.

Un déficit en torno al 3% puede no parecer negativo, dado que se sitúa por debajo del criterio de “Déficit Excesivo”, que da a lugar a procedimientos contra el país. Sin embargo, si lo comparamos con el resto de los países europeos, lo que haré en las dos siguientes Tablas, no salimos bien parados. En la Tabla 3 presento, para los mismos países que la Tabla 1, el saldo presupuestario para el periodo 2023-2026, según las previsiones de la Comisión Europea para este año y el siguiente.

Tabla 3. Saldo presupuestario de los principales países de la UE (2023-2026) (% del PIB)

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En 2023 y 2024 se alcanzaron unas cifras de déficit en la media de la UE y algo peor que para la zona euro, y eso que éstas se hayan muy influidas por los voluminosos datos de Francia, Bélgica, Polonia, Rumania, Hungría, y, en menor medida, Italia. No es hasta 2025 y 2026 en que conseguiremos (en caso de lograr el objetivo) situarnos por debajo del promedio europeo. Nuestros datos de déficit contrastan con los datos de superávit de Portugal (alcanzados en parte por un gobierno socialista), de Irlanda, de Grecia y de Dinamarca.

Pero esta comparación país a país no sería justa si no tenemos en cuenta la situación cíclica de cada economía. La situación de boom de la economía española aporta unos ingresos públicos por encima de lo normal (fundamentalmente IRPF e IVA) y un ahorro de gastos (por ejemplo, el subsidio de desempleo, que se reduce en épocas de bonanza).

Por ello, tiene menos mérito alcanzar una buena cifra de déficit público si la economía está en expansión, como es el caso español, o en recesión como es el caso de Alemania, Austria o Finlandia. Es lo que se conoce como el “déficit ajustado por ciclo” o, si se prefiere, el “déficit estructural, y que recojo en la Tabla 4, para los mismos países que la Tabla 3.

Tabla 4. Saldo primario “estructural” de los principales países de la UE (2023-2026) (% del PIB)

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En 2023 y 2024, España fue de los países con peor déficit primario “estructural” o “déficit primario corregido por ciclo”. Solo nos superaron Bélgica, Austria y Francia, además de los casos especiales de Polonia y Rumania, vecinos de Rusia y muy afectados por la crisis de Ucrania.

De los 16 países considerados, nada menos que 7 países tienen superávit estructural esos años: Irlanda, Grecia, Países Bajos, Portugal, Hungría, Dinamarca y Suecia. Y otro más, Italia, consigue el saldo positivo a partir de 2025. Y otros dos países con déficit estructural, Alemania y Finlandia, lo tienen más bajo que nosotros. No es un balance muy positivo como para permitirnos unos presupuestos expansivos en 2026 que incluso estropeen estas proyecciones.

Si en los datos de déficit público no salimos muy bien parados, sobre todo en términos estructurales, el panorama no es mucho mejor en términos de deuda pública, tal y como recoge la Tabla 5, de nuevo repetida para los mismos países que las anteriores.

Tabla 5. Deuda pública de los principales países de la UE (2023-2026) (% del PIB)

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La deuda pública española en términos de PIB está muy por encima del promedio de la UE y de la eurozona. Y apenas se ha reducido en los últimos años, salvo en 2024, gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal. La comparación con otros países es llamativa.

Por ejemplo, Portugal, que en 2021 salía de la pandemia con una ratio de deuda del 123,9% del PIB (nosotros teníamos un 115,7%). Gracias a una política fiscal prudente, basada en superávits estructurales, nuestros vecinos conseguirán en 2026 recortar la deuda en 34 puntos del PIB. En apenas 5 años.

Nosotros, si todo va como lo previsto en esas tablas, habremos reducido la ratio en apenas 15 puntos. Menos de la mitad que Portugal, pese a haber crecido casi un punto más en promedio anual. Otros países, como Grecia, que partían en 2021 en una deuda del 197,3% del PIB, lo habrá recortado en 57 puntos, también gracias a una política de superávits estructurales.

Para resumir, tanto la posición cíclica de la economía española como su situación fiscal, de déficit y deuda públicas, aconsejarían unos presupuestos restrictivos para 2026. La prórroga presupuestaria no es la solución óptima, pero, sin duda, es mejor que una alternativa de nuevos presupuestos conseguidos a base de expandir aún más los gastos o reducir los ingresos. La prórroga presupuestaria no pone en peligro los objetivos de déficit y deuda públicos, que no son especialmente ambiciosos.

Y no reduce el margen de maniobra para alcanzar determinados objetivos de política económica, como por ejemplo los compromisos en materia de Defensa (que, además, no computan en el déficit). Ello queda reflejado en el Gráfico 2, donde presento las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta junio de cada año, pese a las sucesivas prórrogas. En 2025 nada menos que 30.000 millones en medio año.

Gráfico 2: Modificaciones presupuestarias a junio de cada año 2022-2025 (millones de euros)

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