Operador de mantenimiento eólico en un aerogenerador
España es hoy una de las grandes potencias europeas en energías renovables. Lideramos la implantación de parques eólicos y solares, cumplimos hitos en generación limpia y proyectamos un futuro alineado con los compromisos climáticos de la UE. Sin embargo, tras estos logros existe una realidad apenas visible: la transición energética avanza sobre una base laboral cada vez más debilitada y precaria.
El sector del mantenimiento eólico, pilar esencial para que el sistema funcione, atraviesa un deterioro que compromete su sostenibilidad.
Hace una década, ser técnico de mantenimiento de aerogeneradores era sinónimo de empleo estable, buenas condiciones y reconocimiento profesional. Hoy, el panorama ha cambiado radicalmente: salarios estancados, alta rotación, dificultades para cubrir vacantes, el no reconocimiento de la peligrosidad de la actividad y una creciente desmotivación.
Hoy, Vestas ya no es la empresa de referencia: profesionales cualificados prefieren trabajar para cualquier subcontrata.
Quienes sostienen este sector trabajan en condiciones exigentes y con riesgos elevados: operaciones en altura, exposición eléctrica, atrapamientos, manipulación de equipos pesados, espacios confinados y, además, turnos de guardia en fines de semana y festivos, que afectan directamente a la conciliación familiar.
Todo ello acompañado de una exigencia constante de formación técnica y especialización, imprescindible para seguir el ritmo de la innovación, pero que no se traduce en mejoras retributivas ni en proyección profesional.
¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
El problema radica en el modelo de contratación y subcontratación del mantenimiento. Las licitaciones que adjudican estos servicios se centran casi exclusivamente en el precio por hora del técnico, relegando factores como la calidad, la experiencia o la prevención de riesgos.
A esta dinámica se suman las fórmulas contractuales que imponen penalizaciones económicas: si la disponibilidad del parque baja por averías o retrasos, la empresa mantenedora paga una penalización económica.
¿El resultado? La calidad deja de ser un criterio de adjudicación, sustituida por un sistema que combina pujas a la baja con sanciones a posteriori. Una lógica que presiona a las plantillas reduce incentivos y consolida la precarización.
Todo esto ocurre mientras las grandes compañías titulares de parques y principales comercializadoras de energía acumulan beneficios récord año tras año. Beneficios que no repercuten en quienes sostienen el sistema desde la base, generando una ruptura evidente en la cadena de valor.
Las licitaciones que adjudican estos servicios se centran casi exclusivamente en el precio por hora del técnico, relegando factores como la calidad, la experiencia o la prevención de riesgos.
La pregunta es inevitable: ¿puede hablarse de transición justa cuando quienes la hacen posible no ven garantizados sus derechos?
El deterioro no es una teoría, es una realidad visible. El caso de Vestas lo ilustra con claridad. La compañía fue durante años un referente sectorial: firmó el primer convenio colectivo propio en el ámbito del mantenimiento eólico, sirviendo de modelo para otras empresas, e impulsó un cambio organizativo pionero en el sector.
Sin embargo, las nuevas prioridades empresariales y la falta de apuesta por mantener ese liderazgo social y laboral la han llevado a perder atractivo. Hoy, Vestas ya no es la empresa de referencia: profesionales cualificados prefieren trabajar para cualquier subcontrata o incluso abandonar el sector antes que aceptar sus ofertas.
Este cambio de percepción debería encender todas las alarmas: si las empresas históricamente ejemplares pierden ese papel, ¿qué cabe esperar del resto?
El resultado es demoledor: fuga de talento y dificultades para incorporar nuevas generaciones al sector.
Lo vemos en Vestas, pero también en Siemens Gamesa, RES y otras empresas líderes, que acumulan vacantes sin cubrir mientras profesionales experimentados salen del sector. Si la tendencia no se corrige, España corre el riesgo de no disponer del personal necesario para mantener la infraestructura renovable que ya está instalada y la que está por venir. Y sin mantenimiento, no hay transición energética viable.
Estamos ante un problema estructural que exige respuesta urgente. Las energías renovables no pueden seguir creciendo sobre un modelo que prioriza el coste a corto plazo frente a la sostenibilidad social y laboral.
Si queremos cumplir los objetivos climáticos y garantizar una transición energética real, debemos asegurar un empleo estable, con salarios dignos, reconocimiento de la cualificación y condiciones compatibles con la conciliación. Y, sobre todo, revisar el sistema de licitaciones para que deje de ser una subasta de precariedad.
Porque la transición energética no puede medirse solo en megavatios instalados. Debe medirse también en derechos, en empleo de calidad y en cohesión social. Además de energía hay que generar empleos de calidad. Sin trabajadores cualificados, motivados, no habrá futuro renovable, por más que las cifras digan lo contrario.
*** José Ignacio Serrano Vellosillo es el secretario general de CCOO Industria de Aragón