Plantas de energía renovable y almacenamiento en baterías.
La reciente derogación del Real Decreto Ley 7/2025, conocido como el decreto antiapagones y orientado a reforzar la red eléctrica y facilitar la integración de renovables y almacenamiento, ha generado un impacto inmediato en los mercados energéticos, los sectores industriales y el entorno inversor.
Más allá de la dimensión política de la decisión, marcada por la fragmentación parlamentaria y la falta de consensos estructurales, lo preocupante es la señal que se lanza a nivel internacional sobre la capacidad de España para dotarse de un marco regulatorio coherente, estable y alineado con sus propios objetivos de transición energética.
La ausencia de este decreto supone mucho más que el bloqueo de una norma técnica: compromete la seguridad jurídica del sector, introduce nuevas barreras a la inversión y ralentiza la modernización del sistema eléctrico en un momento crítico. España ha sido, en los últimos años, un referente en la atracción de capital internacional hacia activos renovables. Esa posición empieza a erosionarse.
España ha sido, en los últimos años, un referente en la atracción de capital internacional hacia activos renovables. Esa posición empieza a erosionarse
Fondos de inversión, desarrolladores y propietarios de activos necesitan certidumbre normativa para comprometerse con proyectos a 25 o 30 años vista. Sin un entorno estable, hasta 200.000 millones de euros en inversiones, equivalentes al 12% del PIB, podrían quedar paralizados, generando un efecto dominó en el tejido empresarial, el empleo y la recaudación fiscal.
El impacto es transversal y afecta a todas las fuentes renovables. La solar fotovoltaica, que ha protagonizado el mayor despliegue en los últimos dos años, se enfrenta ahora a un escenario de precios negativos que compromete su viabilidad financiera. La ausencia de mecanismos que aceleren la hibridación con baterías retrasa soluciones que podrían estabilizar precios, proteger ingresos y atraer nuevas inversiones.
La tecnología eólica, por su parte, que ya arrastra varios ejercicios con bajos ratios de crecimiento, pierde una oportunidad clave para reactivarse a través de la repotenciación de parques eólicos antiguos, una solución con amplio consenso técnico y económico que ahora vuelve a enfrentarse a procesos largos e inciertos.
El almacenamiento energético, pieza crítica para la flexibilidad del sistema, sufre también un revés importante: muchos de los más de 4 GW que han iniciado tramitación este año verán comprometida su viabilidad técnica o económica, mientras que los sistemas stand-alone seguirán sin una vía clara de integración a corto plazo.
A todo ello se suma el retraso en la modernización de la red eléctrica. Esta infraestructura no es un componente más del sistema, sino columna vertebral para que la transición energética se materialice.
Su actualización es necesaria no solo para descarbonizar el mix, sino para facilitar la electrificación de la industria, dar cabida a nuevos focos de demanda como centros de datos o hidrógeno verde y estabilizar el mercado mayorista, dotándolo de señales de precio fiables para los generadores renovables y los consumidores.
La decisión de bloquear el RDL 7/2025 no puede entenderse como un episodio aislado, sino como un síntoma de una carencia estructural: la incapacidad de elevar la política energética por encima del cortoplacismo
En un contexto de transformación energética global, contar con una red robusta y flexible es determinante. Sin ella, la inversión pierde interés, la industria pierde competitividad y los ciudadanos, acceso a un suministro eléctrico sostenible y fiable.
Las consecuencias no se limitan a factores económicos. Hay una pérdida silenciosa, pero profunda: el talento. La incertidumbre permanente, los cuellos de botella y los cambios de criterio normativo empujan a profesionales altamente cualificados a buscar estabilidad en otros mercados. Y con ellos, a las empresas y toda su cadena de suministros.
La sostenibilidad del sector energético, y de las muchas industrias que dependen de él, se ve comprometida si no somos capaces de ofrecer una perspectiva país clara, estable y a largo plazo.
La oportunidad que representa la transición energética es tan grande como el riesgo de desaprovecharla. La decisión de bloquear el RDL 7/2025 no puede entenderse como un episodio aislado, sino como un síntoma de una carencia estructural: la incapacidad de elevar la política energética por encima del cortoplacismo.
España no puede permitirse seguir enviando señales de inestabilidad a los mercados globales, menos aún en un momento en que la competencia por atraer inversión verde se ha convertido en una carrera estratégica entre países.
*** José Luis García Donoso, Director General de GES – Global Energy Services