Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno nos ha anunciado, con toda la pompa que en él es habitual, un "Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa" que supondrá un incremento de 10.471 millones de euros en gasto militar para 2025.
La cifra, que eleva el presupuesto de defensa al 2% del PIB, es la respuesta al nuevo contexto internacional, pero, sobre todo, es la forma de dar cumplimiento a los compromisos que se nos venían solicitando de forma urgente desde la OTAN y la Unión Europea.
Sin embargo, lo que ha omitido el presidente o ha tergiversado, es tanto o más importante que lo que ha dicho.
DPA / Europa Press
Sánchez ha eludido llevar el plan al Congreso de los Diputados, pese a que la ley le obliga.
Ha ignorado la falta de consenso en el Consejo de Ministros. Y ha montado un relato sobre cómo se financiará basado en "ahorros", "remanentes" y "reordenaciones" que no resiste el más mínimo escrutinio.
No estamos ante un plan de Estado, es un nuevo ejercicio de propaganda.
Sánchez nos ha presentado un Plan sin respaldo legal ni parlamentario. El artículo 4.1 de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional es claro: "A las Cortes Generales les corresponde aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes".
A pesar de ello, afirma con rotundidad que no es necesario someter su plan a las Cortes, amparándose en una interpretación retorcida de los artículos 97 y 134 de la Constitución y del artículo 4 de la Ley General Presupuestaria.
Ninguno de estos preceptos exime de control parlamentario el gasto en defensa, por más que en un nuevo giro autoritario afirme que la lectura sobre la Constitución y su aplicación puede tener matices.
Sánchez ha eludido llevar el plan al Congreso de los Diputados, pese a que la ley le obliga
La gravedad aumenta si se recuerda que el pasado 26 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó una moción que exige precisamente lo contrario a lo que predica Sánchez: que cualquier aumento en el gasto de defensa sea aprobado por la Cámara.
Lo que ha hecho el presidente no es una omisión, es la desobediencia deliberada de un autócrata.
Además, el plan se sostiene sobre unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, con partidas desfasadas desde 2023. Es decir, contamos con unos presupuestos fantasmas para financiar gasto estructural.
Sánchez presume de "reasignar recursos ya disponibles" sin explicar qué inversiones está cancelando. Cuando se cancelan unos programas presupuestarios, que es la expresión financiera de las políticas públicas y la voluntad de llevarlas a cabo, se están tomando decisiones que tienen consecuencias y un coste de oportunidad.
Todos, en el ámbito de nuestras competencias, somos responsables de permitir que Sánchez actúe con los presupuestos prorrogados saltándose todas las restricciones de la ley y naveguen por la legislatura con una comodidad insólita y sin rendir cuentas.
¿Saben a cuánto ascendieron el total de modificaciones de crédito en 2024? La friolera cifra de 52.341 millones de euros. En 2019 tan sólo fue de 16.320 millones de euros. Esa es la magnitud de la discrecionalidad del Gobierno.
Pedro Sánchez en una comparecencia durante su viaje a China. DPA / Europa Press
Cumplir con nuestras obligaciones en materia de defensa consiste en incrementar nuestro gasto de manera estructural, no de una medida puntual. No hay un marco plurianual, ni objetivos a largo plazo, ni plan de sostenibilidad financiera. Y, sin embargo, se anuncia con total tranquilidad, como si el Ejecutivo pudiera transformar a voluntad el destino de fondos públicos sin consultar a nadie.
En la rueda de prensa posterior al anuncio, Sánchez respondió a las preguntas de la prensa con una mezcla de evasivas y autoelogios. Afirmó que parte del dinero vendrá de "remanentes" de los fondos europeos, como los 1.300 millones para ciberseguridad.
Lo que no dice es que buena parte del Plan de Recuperación sigue sin ejecutarse: un 70% de los 163.000 millones sigue bloqueado. Reorientar esos fondos no es sumar, es desviar fondos sin ejecutar del programa Next Generation que finaliza el año que viene.
¿Y en los ejercicios posteriores? ¿Cómo sostendrá el nivel de gasto? Si esto fuera un presupuesto de una empresa, el auditor ya habría exigido explicaciones.
Sánchez sólo ha adjudicado 330 millones del PERTE CHIP, el 2,7% de un total de 12.250 millones de euros. Adivinen de dónde se van a canalizar fondos para ciberseguridad en forma de préstamos.
Habló también de "ahorros" derivados de la buena gestión económica. Utilizar esos términos en una situación de déficit público, déficit estructural y presiones de gasto crecientes en los próximos años (pensiones, sanidad, etc, ...) es una broma de mal gusto. Por ejemplo, 3.000 millones en menores pagos de intereses de deuda.
Buena parte del Plan de Recuperación sigue sin ejecutarse: un 70% de los 163.000 millones sigue bloqueado
¿Olvidamos que esos ahorros no son estructurales ni recurrentes? No justifican en ningún caso una inversión permanente.
Dependen de factores macroeconómicos fuera del control del Gobierno, especialmente por su debilidad parlamentaria y un tipo medio de la deuda en circulación que ha subido desde del 1,735% al 2,272% en marzo de 2025.
El Presidente del Gobierno mencionó que el plan no exige subir impuestos. Es una afirmación que roza la burla: desde 2018 ha habido más de 97 subidas fiscales entre impuestos y cotizaciones, negándose a deflactar el IRPF.
Esto implica una subida de impuestos opaca para el ciudadano pero que sí nota cada día en su bolsillo: según FEDEA cuesta 736 euros por hogar. La presión fiscal ya existe, aunque no se anuncie con bombo y platillo.
Ni siquiera su propio Gobierno está unido. Sumar ha manifestado objeciones claras a la parte del plan dedicada a la adquisición de armamento. Cuando no se comparten decisiones y estrategias, lo coherente sería dimitir.
Podemos lo ha calificado directamente como "un robo a la gente". Sin embargo, Sánchez insiste en que hay "consenso" en el objetivo general. Consenso, en este contexto, es sinónimo de imposición de unos y de moral distraída de otros.
Sánchez siempre busca coartadas, en este caso la OTAN y Europa. El caso es intentar blindarse en la narrativa internacional para no sentirse presionado por el público de izquierdas.
Habla de "compromisos heredados del PP", ignorando la crisis que el Partido Popular precisamente heredó de Zapatero, y de "la necesidad de que Europa tome las riendas de su seguridad".
Pero eso no borra su responsabilidad. Ni convierte sus decisiones unilaterales en una política de Estado. No hay consenso parlamentario, ni transparencia, ni rigor.
Usar la bandera de Europa como excusa para eludir controles democráticos es un ejercicio de oportunismo.
El europeísmo no consiste en obedecer a Bruselas a costa de la legalidad nacional, sino en integrar las responsabilidades de España con coherencia y legalidad.
El "Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa" que ha presentado Sánchez es un plan propagandístico disfrazado de estrategia nacional.
El europeísmo no consiste en obedecer a Bruselas a costa de la legalidad nacional, sino en integrar las responsabilidades de España con coherencia y legalidad
Es un truco contable, un salto legal y un ejercicio de propaganda. Busca contentar a todos: Bruselas, congraciarse con la OTAN y ganar titulares en el debate nacional, eso sí, sin pasar por el filtro de la legalidad ni del debate democrático.
Es también un mensaje preocupante sobre cómo se gobierna: improvisación financiera, desprecio institucional y nula rendición de cuentas.
Si este es el modelo de "buena gestión" del Ejecutivo, estamos ante una redefinición peligrosa de los límites democráticos.
Gobernar sin mayoría parlamentaria no da carta blanca para gobernar sin Parlamento. Y transformar gasto presente y futuro en gasto militar sin explicaciones, sin ley y sin estrategia, es mucho más que una política cuestionable: es un abuso de poder.
*** Santiago Sánchez es Economista