El Gobierno miente en Vivienda para tapar sus vergüenzas. A esta altura de las legislaturas (va para siete años del mismo gobierno) el ejecutivo de Sánchez no puede echar las culpas a los anteriores. Más de un lustro es suficiente para corregir el problema de la vivienda. Pero no sólo no lo ha corregido, lo ha agravado.
Por eso alardean de lo que ocurre en Cataluña y, dentro de ella, en Barcelona. El único territorio nacional en el que se ha aplicado el concepto de “zona tensionada”. En ellas se pretende “proteger al inquilino” con unas subidas moderadas del alquiler y precios tasados en los nuevos arrendamientos.
El gobierno del Estado, el de la Generalitat y el de la ciudad de Barcelona, los tres del PSOE, dicen que el precio del alquiler ha bajado; aunque solo un poco y no a los niveles de 2020.
Lo que no dicen es que, según los portales inmobiliarios: a) ha disminuido radicalmente la oferta de pisos en alquiler, y esperan que disminuya aún más (cerca del 50% de la oferta actual); y b) han aumentado también de manera espectacular los contratos de arrendamientos temporales que no están sujetos a las restricciones de las “zonas tensionadas”.
Así que el balance de la aplicación de la nueva Ley de la vivienda es más bien negativo que positivo. Ley fruto de una ideología contra: el “mercado”; los “tenedore particulares bienes inmuebles”; y “los inversores en este sector”. Una ley que, digan lo que digan, da la sensación de que favorece el fenómeno de la “ocupación” y la “alquiloocupación”.
El balance de la aplicación de la nueva Ley de la vivienda es más bien negativo que positivo
Cómo siempre pasa en los “proyectos demagógicos”, la ley de vivienda está llena de “buenas intenciones”; y el refranero castellano dice que: el infierno está empedrado de buenas intenciones.
En Barcelona los consistorios de Ada Colau han sido el campeonato del disparate en vivienda. Ahora, su alcalde Collboni no se atreve a desmontar la malla ideológica antisistema que ha heredado. Depende de esa izquierda radical para seguir en el poder. Como Sánchez a nivel nacional, Collboni a nivel municipal gobierna en contra de la lista más votada (Junts) gracias a acuerdos con otros grupos minoritarios; principalmente con Barcelona en Comú.
De manera que Collboni ha sido el único alcalde, e Illa el único presidente de una Autonomía, que se ha mantenido fiel a una ley socialista consensuada con los más radicales grupos antisistema.
El resultado ha sido desastroso, pero como se dice en teoría de la comunicación: no dejes que la realidad te estropee una buena noticia.
Lo que deben hacer los poderes públicos, si quieren resolver el problema de la vivienda es sencillo: favorecer la aparición de una oferta de viviendas en alquiler y compra. Con varias medidas:
- Protección de la propiedad inmobiliaria. Sin esa protección los propietarios seguirán siendo renuentes a sacar al mercado el parque de viviendas posibles. Esa protección pasa por medidas de desahucio ante los morosos y de antiokupación a los delincuentes. También por dejar los precios a la negociación de las partes y permitir el desahucio por falta de pago del inquilino.
- Impulsar que se cree suelo edificable. Entre otras las de agilizar la conversión de suelo rural en urbano y agilizar los trámites de concesión de licencias.
- Incentivar la vivienda social, construida por poderes públicos y promotores privados con condiciones fiscales y de financiación favorables.
- Crear un marco de derecho de la propiedad fiscal y financiero favorable para promotores, constructores e inversores inmobiliarios.
- Favorecer fiscalmente a los compradores y los que firman hipotecas para el pago diferido de la vivienda. A la vez que animar a las instituciones bancarias que inviertan en dichas hipotecas, entre otras cosas eliminado o reduciendo el volumen de hipotecas de coeficientes de riesgo.
España necesita construir cerca de 250.000 nuevas viviendas anuales en los próximos cinco años. Esto junto con el retorno al mercado del parque desocupado podría aumentar la oferta significativamente. Lo demás, en una economía social de mercado (lo dice la constitución) es demagogia.
La demagogia queda muy bien en los mítines políticos y en los titulares de los medios afines. Pero no resuelve el problema de los ciudadanos. Lo estamos viviendo.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
