Después de Telefónica, Indra, incluso Duro Felguera, … el sector de las telecos, defensa, etc, las garras del Gobierno están fijándose en el de comunicación. No les basta con RTVE que se ha convertido en el “emisor del parte oficial” (“el parte” era cómo se llamaba a las noticias en la época franquista). Quiere amarrar otros medios.
Eso indican las noticias sobre el accionariado de Prisa. Entre ellas las noticias sobre los intentos de presionar al grupo francés Vivendi para que apoye a accionistas afines al Gobierno. El objetivo es crear una mayoría en la junta de accionistas para destituir al actual presidente de la empresa y su equipo directivo ¿Por qué?
Porque una parte de su accionariado, ahora minoritario, pretende invertir en una nueva televisión en abierto al servicio del sanchismo.
Según dicen los medios el promotor de esa TV, Sr. Contreras, cuenta con la aquiescencia del Gobierno de Sánchez, que le ha prometido la licencia correspondiente.
A esa propuesta el Consejo de Administración de Prisa se opuso con el voto del presidente de la compañía, el franco-armenio Oughourlian en representación del fondo Amber, que posee cerca del 30% del accionariado. Decisión en la que le apoya Vivendi (11,8%) y algunos de los socios industriales, como es Carlos Slim (7%) …
El objetivo es crear una mayoría en la junta de accionistas para destituir al actual presidente de la empresa y su equipo directivo
¿Por qué se oponen? Porque creen que la operación sería una ruina. Las TVs en abierto son un mercado disperso y de difícil rentabilidad, en el que se necesitan fuertes inversiones. Un sector ocupado por unas 7 u 8 emisoras significativas y casi 30 canales que no llegan al 1%. Hacerse un hueco exige invertir mucho más de los 20 MM de euros que proponen los promotores de la operación y su rentabilidad sería dudosa.
Además, el actual equipo directivo de Prisa lleva cuatro años saneando la sociedad. Su EBIDTA ha pasado de 73 MM de euros en 2021 a 185 MM en 2024. Su deuda también pasó de 10 veces el EBIDTA a 4 veces. A lo que ha contribuido ampliaciones de capital por valor de 230 millones. Queda pendiente la refinanciación de la deuda, que estaba a punto de firmarse en enero, pero que las perturbaciones en su Consejo han retrasado.
La operación de la TV abierta, de claro componente político, según sus promotores, se financiaría vendiendo la parte de educación, que el grupo tiene en Latinoamérica y que, actualmente, es muy rentable.
Así que el dilema de los actuales gestores es: ¿cambio unas operaciones que están saneando financieramente la empresa, por un proyecto de naturaleza política y riesgo?
Aquí hay un criterio ético doble: a) la responsabilidad ante los accionistas, empleados y financiadores; b) la defensa de la independencia de los medios.
La operación de la TV abierta, de claro componente político, según sus promotores, se financiaría vendiendo la parte de educación, que el grupo tiene en Latinoamérica y que, actualmente, es muy rentable
El free float (los accionistas que se mueven en bolsa) de Prisa es aproximadamente el 10% ¿Quién defiende sus intereses financieros? Debería ser el Consejo de Administración: Lo mismo que los derechos de los 7.000 empleado del grupo. Correr riesgos innecesarios cuando la estabilidad financiera se iba logrando sería una irresponsabilidad.
Los financiadores (lenders en la jerga financiera), que en su mayoría no son bancos, ya han hablado. Al retrasar la renegociación están indicando que prefieren la estabilidad actual a la aventura política.
¿Qué pasaría con la independencia de un medio si por irresponsabilidad se pone en cuestión su viabilidad financiera? Probablemente dejaría de ser independiente. Depender excesivamente de la “teta” política es algo que ningún medio debería hacer. Sea cual sea su línea editorial.
La democracia exige la división de poderes. Incluido el cuarto poder: los medios de comunicación.
De manera que en el caso de Prisa estamos asistiendo al intento de un gobierno de poner sus garras en un sector con el que parece estar obsesionado. Es la lucha de la racionalidad económica con la intencionalidad política.
Cualquier demócrata sabe qué sin prensa libre, sin periodistas responsables, la libertad no solo peligra, se acaba. A los que tienen careta de democracia, pero intenciones de otro signo, les molesta esa libertad.
Por eso ayudo con mi modesta opinión a denunciar la “operación Contreras” que por las últimas informaciones es también la “operación ministro López” que según algún medio parece que fue uno de los que presionaron a Vivendi.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
